Internacional

Datos que abarcan el periodo comprendido entre los meses de enero y diciembre del 2001 en Europa
Datos más destacados del Informe 2002 de Amnistía Internacional, que abarca el periodo comprendido entre los meses de enero y diciembre del 2001

La tortura y los malos tratos por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, a menudo contra los extranjeros o los miembros de las minorías étnicas, continuaron siendo frecuentes en Europa. Muchos gobiernos utilizaron los atentados del 11 de septiembre para, en nombre del reforzamiento de la seguridad nacional, tomar medidas que se tradujeron en violaciones de derechos humanos y en mayores restricciones a la libertad de expresión, de asociación y al derecho a recibir un juicio justo, así como en la limitación de los derechos de los solicitantes de asilo.
La situación de los derechos humanos se deterioró en Macedonia al intensificarse durante la primera parte del año los combates entre las fuerzas de seguridad macedonias y los grupos armados de etnia albanesa. Se recibieron informes sobre homicidios indiscriminados de civiles a manos de las fuerzas de seguridad, mientras que al Ejército de Liberación Nacional, grupo armado de etnia albanesa, fue acusado de llevar a cabo secuestros y malos tratos de civiles. Entre marzo y agosto, más de 140.000 personas resultaron desplazadas, principalmente de pueblos que habían quedado bajo el control del Ejército de Liberación Nacional.
En Bosnia y Herzegovina, decenas de miles de personas que deseaban regresar a sus hogares no pudieron hacerlo ante la total ausencia de garantías para su seguridad personal, además de la situación de discriminación a la que habían de hacer frente en materia de empleo, educación y protección social. Proseguían las actuaciones del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, y las investigaciones y procesamientos por crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos en los tribunales nacionales de Bosnia y Herzegovina y Kosovo fueron escasos, progresaron con gran lentitud y, en algunos casos, incumplieron las normas internacionales sobre la celebración de juicios justos. Croacia mejoró la colaboración con el Tribunal Penal Internacional, pero Yugoslavia todavía no había promulgado al acabar el año la ley sobre cooperación con ese tribunal. En junio, las autoridades serbias trasladaron al ex presidente Slobodan Milosevic a la custodia del Tribunal Penal Internacional. No obstante, seguían en libertad, y con frecuencia ocupando puestos de poder, otras muchas personas contra quienes el Tribunal había dictado auto de procesamiento.
Tanto las fuerzas armadas chechenas como las rusas siguieron cometiendo graves abusos contra los derechos humanos y vulnerando el derecho internacional humanitario. Entre las violaciones cometidas por las fuerzas rusas figuran la reclusión arbitraria en centros secretos de detención y en fosas excavadas en el suelo, torturas y malos tratos, «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales. Las fuerzas chechenas atacaron a los civiles que trabajaban en la administración local de Chechenia, no tomaron medidas para reducir el número de bajas civiles durante sus ataques y mataron ilegítimamente a los soldados rusos capturados. En otras partes de la Federación Rusa siguieron recibiéndose informes sobre torturas y malos tratos bajo custodia y sobre condiciones penitenciarias crueles, inhumanas y degradantes.
El Reino Unido fue el único país europeo en desplegar a menores de 18 años en situaciones de conflicto armado. En el 2001, el Reino Unido desplegó a jóvenes menores de 18 años en Macedonia y durante la intervención militar en Afganistán.
Se documentaron casos de tortura y malos tratos en un gran número de países europeos como Albania, España, Georgia, Lituania y Rumania. En Turquía la tortura, tanto a hombres como a mujeres y niños, siguió siendo una práctica frecuente y sistemática, la cual solía producirse en las dependencias de la policía y de la gendarmería inmediatamente después de la detención. Miles de presos recluidos en las prisiones «Tipo F» permanecieron en condiciones de aislamiento prolongado que constituían trato cruel, inhumano y degradante.
En muchos países de Europa Occidental como Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia y Suiza los extranjeros y los miembros de las minorías étnicas, entre ellos solicitantes de asilo, sufrieron abusos y malos tratos por motivos racistas. La policía maltrató a personas de etnia romaní, y en muchos casos no las protegió frente a los abusos en Bulgaria, Eslovaquia, Grecia, Hungría, República Checa y República Federal de Yugoslavia.
Amnistía Internacional siguió expresando su preocupación por el uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones. Incidentes de este tipo se denunciaron en España, Italia y Suecia. En Italia se recibieron informes que indicaban que los agentes encargados de hacer cumplir la ley habían utilizado fuerza excesiva durante las grandes manifestaciones celebradas en Brescia, Nápoles y Génova, y que habían agredido de forma gratuita a numerosos manifestantes pacíficos. En julio del 2001, un agente de la fuerza pública mató a tiros a un manifestante durante las manifestaciones antiglobalización celebradas en Génova. Mientras, en Suecia, la policía había herido a tres manifestantes durante una manifestación celebrada en Gotenburgo en junio del 2001.
En Bulgaria, las personas con incapacidad mental recluidas en instituciones públicas para recibir cuidados por un periodo indefinido fueron alojadas en dependencias muy precarias con condiciones higiénicas extremadamente deficientes. En ocasiones se las sometió a formas crueles de confinamiento y aislamiento. Al parecer, en algunos de esos lugares, la falta de cuidados médicos, calefacción y alimentos adecuados parecieron contribuir a que hubiera muertes.
En el Reino Unido, la nueva legislación aprobada en materia de seguridad tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos abrió la puerta a nuevas violaciones de derechos humanos. La Ley de Seguridad contra el Terrorismo y el Delito del 2001 se aprobó en diciembre tras menos de un mes de debate por el Parlamento y la opinión pública. Dicha ley permite al secretario de Estado ordenar la detención administrativa indefinida, sin cargos ni juicio y sin acceso a ninguna revisión judicial, de cualquier extranjero que sea considerado «presunto terrorista internacional y un riesgo para la seguridad nacional» en virtud de pruebas secretas.
A lo largo de todo Asia Central aumentaron las acusaciones contra miembros de la población uigur respecto a sus simpatías e incluso apoyos a los movimientos islamistas de oposición. Los miembros de esta etnia habían sido detenidos arbitrariamente, torturados y maltratados frecuentemente por las autoridades de países de Asia Central, como Kazajistán, y devueltos a China, donde tenían que hacer frente a nuevos malos tratos, torturas y pena de muerte. Se temía que en Uzbekistán, tras los atentados del 11 de septiembre, se incrementara la represión contra la oposición interna del país. En Kirguizistán aumentaron las detenciones de presuntos miembros de organizaciones islámicas prohibidas y las tensiones étnicas se exacerbaron. Tayikistán siguió manteniendo sus puertas cerradas para las personas que huían de Afganistán.
En algunos países se devolvió a la fuerza a solicitantes de asilo tras ver rechazadas sus solicitudes en procedimientos carentes de las debidas garantías. Esto fue lo que ocurrió en Suecia cuando se devolvió a la fuerza a dos varones egipcios a pesar de que se temía que en Egipto corrían un grave peligro de sufrir tortura y de ser juzgados sin las debidas garantías. Según los informes, en octubre, la policía de Bosnia y Herzegovina deportó a dos personas con doble nacionalidad bosnia y egipcia a Egipto sin que mediara ningún procedimiento formal de extradición.
En junio del 2001, en el curso del primer juicio celebrado en Bélgica basado en el principio de jurisdicción universal, cuatro ciudadanos ruandeses residentes en Bélgica fueron condenados a penas de cárcel por crímenes de guerra cometidos en el contexto del genocidio perpetrado en Ruanda en 1994. Al finalizar el año, en virtud de este principio legal se habían interpuesto denuncias contra dirigentes y miembros de gobiernos actuales y pasados de más de 15 Estados extranjeros ante los tribunales belgas.
A pesar de estos progresos en la lucha contra la impunidad, Italia se negó a aplicar una orden internacional para que se procediera a la detención de un ciudadano ruandés residente en Italia al que se buscaba por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.