Internacional

España:migración y apartheid
Juan Agulló
Masiosare

La madre patria, país de larga tradición emigrante, ha olvidado la suerte que, en el pasado, corrieron sus antepasados por Europa Occidental, América Latina y el norte de África. Espoleada por el crecimiento económico que ha protagonizado a lo largo de los últimos 20 años, así como por un brutal descenso de su tasa de natalidad, España se ha convertido en tierra de inmigración. Nos encontramos, no hay que olvidarlo, en la frontera suoccidental de la Unión Europea. Aquí, el empleo de mano de obra barata y el hacinamiento de inmigrantes ilegales se encuentran a la orden del día. Los ataques xenófobos y las tensiones raciales son cada vez más frecuentes. Muchos se preguntan por qué la extrema derecha no avanza también en la península ibérica

SABADO 4 DE MAYO DE 2002, aeropuerto internacional de Madrid-Barajas: a las 7:00 AM aterriza un avión procedente de Johannesburgo, Sudáfrica. La policía española se encuentra en estado de máxima alerta.Teme que en ese vuelo lleguen inmigrantes ilegales provenientes de Angola y de la República Democrática del Congo. A lo largo de la semana que está a punto de terminar, unos 120 ciudadanos procedentes de ambos países han llegado a Madrid por vía aérea. La mayoría estaban conscientes de que, debido a la situación bélica que se vive en sus países de origen, tienen muchas posibilidades de que el gobierno español se vea "obligado" a concederles asilo político. En el citado vuelo, como sea, todos los pasajeros eran "legales": las cosas vuelven a la "normalidad".
Si todo termina como prevén los juristas del Aula de inmigración del Colegio de Abogados de Madrid y de la ONG Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), los 120 angoleños y congoleños que por el momento se encuentran en la Sala de inadmitidos y peticionarios de asilo del Aeropuerto de Madrid habrán corrido mejor suerte que los 12 inmigrantes africanos que, ese mismo día, fueron enterrados en la isla canaria de Lanzarote bajo el epígrafe de "desconocidos". Diez días antes se habían ahogado frente a las costas de la isla cuando trataban de arribar a territorio español a bordo de una frágil patera1. No hubo manera de saber quiénes eran ni de dónde venían: los cadáveres estaban indocumentados cuando fueron recuperados frente a un coqueto balneario turístico. Los lugareños están acostumbrados a los extranjeros, pero de otro tipo: centroeuropeos en busca de sol.
Los Guantánamos españoles
Melilla (68 mil 789 habitantes) es una ciudad fronteriza con Marruecos. Desde hace años recibe avalanchas diarias de inmigrantes que se cuelan a España, incluso por las cloacas. Si bien ese método resulta cada vez más complicado debido a los modernos sistemas de vigilancia existentes, los inmigrantes siguen entrando, sobre todo los menores. El gobierno local -que tiene amplias competencias al respecto- está obligado por ley a hacerse cargo de los mismos. A tal efecto habilitó hace años un antiguo edificio militar como Centro de Menores. Dicho Centro, actualmente, se encuentra "desbordado". Según denunció el pasado 3 de mayo Juan José Imbroda, gobernador de la ciudad autónoma, los 1.5 millones de euros (1.2 millones de dólares) que cada año recibe Melilla de Madrid resultan insuficientes para resolver lo que algunas ONG califican de "emergencia humanitaria".
Para contribuir a complicar las cosas, el mismo día en el que Imbroda pedía ayuda al gobierno central, Manuel Villén -procurador de la Audiencia de Málaga2- denunciaba al periódico español El País que a lo largo de los últimos meses, en Melilla, se han producido multitud de "expulsiones ilegales". Es decir, realizadas sin el consentimiento de la justicia española, o bien, sin mediar la preceptiva entrega de los expulsados a las autoridades de sus países de origen. Como sea, la reseñada ilegalidad -según la ONG SOS Racismo- puede ser considerada como un mal menor si se tiene en cuenta que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y los de Estancia Temporal (CET) son "los Guantánamos españoles3". La situación de los inmigrantes en dichos centros, de hecho, se asemeja enormemente a las pésimas condiciones jurídicas y de salubridad en las que se encuentran los presos de Al Qaeda internados en la base militar estadounidense de ese nombre.
A lo largo de los últimos meses, multitud de organismos gubernamentales y no gubernamentales internacionales han visitado los CIE y los CET españoles. Por ejemplo, la ONG estadunidense Human Rights Watch, en su informe al respecto, denunciaba que los inmigrantes internados carecen de información sobre los derechos que les reconoce la ley española, se encuentran masificados, tienen prohibido recibir visitas (incluso de abogados), viven en pésimas condiciones de higiene y, en la práctica, se encuentran detenidos (ilegalmente). Médicos Sin Fronteras (MSF), por su parte, abundaba en las condiciones de "hacinamiento" en las que se encuentran los inmigrantes y por último, la ya citada SOS Racismo, denunciaba algo en lo que el resto de organizaciones no se habían fijado: la mayor parte de los CIE y de los CET carecen de distintivos que los hagan "reconocibles como tales". Dicho de otro modo: los CIE y los CET, son ilegales.
Pero hay más. El informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2002 denuncia que en España, " las Fuerzas de Seguridad4 han cometido abusos en las detenciones de extranjeros e inmigrantes ilegales. Según los grupos defensores de los derechos humanos, los abusos eran a menudo muy largos, lo que contribuía a crear una cultura de impunidad". Por si eso fuera poco añade: "Destaca la violencia contra las mujeres, la discriminación en los puestos de trabajo, la violencia contra los inmigrantes y el tráfico de mujeres y adolescentes para la prostitución". Última denuncia de Washington -un gobierno al que el presidente Aznar calificó hace poco de amigo-: "La opinión pública manifiesta síntomas de racismo y xenofobia, resultado de la discriminación y la violencia contra los inmigrantes".
Entre los invernaderos y la mezquita
Afortunadamente, no todos los españoles son así. Almería Acoge es una ONG empeñada en defender contra viento y marea a los inmigrantes que llegan a la provincia del mismo nombre5. Sus más abnegados colaboradores se encuentran en El Ejido, un pueblito de 55 mil 710 habitantes, en plena expansión económica gracias a la práctica de la agricultura intensiva en una zona semidesértica y por supuesto, a la superxplotación de mano de obra abrumadoramente inmigrante.
En 2000, aquí, se produjeron unos acontecimientos que dieron la vuelta al mundo: tras la confusa violación de una mujer española (todavía no aclarada), la mayoría de los habitantes del pueblo (manipulados por el alcalde de la localidad, perteneciente al Partido Popular, el mismo que el del presidente Aznar6) se dieron a una verdadera operación de "castigo" que contó con la complicidad de la policía española. Una sesentena de inmigrantes resultaron heridos de diversa consideración y sus centros de reunión u oración fueron quemados o destruidos. ONG españolas que, como Almería Acoge, venían ayudando y asesorando desde hacía años a los inmigrantes, tampoco se salvaron de la cacería: sus locales también fueron destruidos. Hace poco más de un año han sido reabiertos. Sus integrantes han vuelto a denunciar el Apartheid de facto en el que continúan viviendo los inmigrantes de esta pequeña localidad andaluza.
Al parecer, el 75% de los marroquíes, ecuatorianos y polacos -entre otras nacionalidades- que trabajan como mano de obra barata en el campo colindante pernoctan en los propios invernaderos. Los más "afortunados", por el contrario, se hacinan (por turnos) en minúsculos departamentos de las colonias más pobres del pueblo. El 55% de los reseñados departamentos carece de agua potable, el 57% de excusados y el 31% de electricidad. Todo esto no sólo ocurre en España -octavo país más desarrollado del mundo- sino que además se está produciendo en una tierra que, en el pasado, conoció bien las miserias del jornalero agrario y, por supuesto, las de la emigración desesperada. Paradojas de la vida: esa emigración, en su mayor parte, se dirigió hacia Europa central, una región que ahora, en los meses de verano, envía masas de turistas hacia El Ejido. Porque El Ejido es costero y al igual que Lanzarote cuenta con lujosos balnearios y campos de golf que, claro, se encuentran muy lejos de los invernaderos.
Lejos de allí, en Cataluña -una de las regiones más ricas de España-, la situación no es mucho mejor. La polémica acaba de estallar en Premià de Mar (27 mil 272 habitantes), una localidad cercana a Barcelona. Allí, la comunidad inmigrante -mayoritariamente musulmana-, hace tiempo que pretende construir una mezquita en un local de su propiedad que se encuentra en el centro de la población. En menos de dos semanas, los habitantes del lugar han organizado tres marchas contra la construcción del templo y lo que es peor, han constituido una plataforma ciudadana (llamada Premià por la Convivencia) a cuyo frente han situado a Josep Anglada, un histórico militante de la extrema derecha española. Mientras tanto, diversas ONG, han comenzado a asesorar al colectivo musulmán que, según la legislación española, tiene pleno derecho a construir su mezquita. El enfrentamiento está tan servido como la negligencia de unas autoridades regionales y nacionales que hasta el momento han mantenido un sospechoso silencio al respecto.
Políticamente hablando, en España, la extrema derecha prácticamente no existe. La componen un sinfín de grupúsculos fragmentados y, la mayoría de las veces, enfrentados entre sí. Desde una perspectiva sociológica, sin embargo, no puede decirse lo mismo. Según una reciente encuesta, si bien apenas un 4% de los españoles se dicen intolerantes con las minorías étnicas, un 18% se muestra algo más que ambivalente en sus respuestas. Un 51% considera que la inmigración (que en España representa apenas un 1.8% de la población) está relacionada directamente con el reciente y exponencial incremento de la inseguridad ciudadana.
Tras el sorprendente avance de Jean-Marie Le Pen en las recientes elecciones presidenciales francesas, en España, la pregunta que se hacen periodistas e intelectuales es por qué la extrema derecha no termina de cuajar al sur de los Pirineos. Quizás no exista una respuesta única pero ejemplos como los del aeropuerto de Madrid, la isla canaria de Lanzarote, la ciudad norteafricana de Melilla, la andaluza de El Ejido o la catalana de Premià de Mar pueden servir para comprender que probablemente no resulte absurdo afirmar que la intolerancia y el autoritarismo tienen una expresión más o menos política en las instituciones controladas por el gobierno de centro-derecha. Probablemente ese es el motivo por el cual los electores no se decantan por opciones que, sin duda, recuerdan demasiado a un franquismo todavía demasiado presente en el inconsciente colectivo.
Notas
1. Las pateras son pequeñas embarcaciones de madera en las que los inmigrantes ilegales procedentes de África suelen tratar de alcanzar las costas españolas, tanto en las islas Canarias como en Andalucía.
2. División judicial en la que está integrada la ciudad autónoma de Melilla.
3. En España hay seis CIEs y tres CETs. La mayoría se encuentra en las ciudades españolas más grandes o en aquellas que, como Melilla, son fronterizas. Su fundamentación jurídica es muy dudosa por cuanto que no se trata de prisiones, pero tampoco de lugares que los inmigrantes puedan abandonar libremente.
4. Se refiere a los cuerpos policiales.
5. Almería es la ciudad más oriental de Andalucía. Está ubicada, a orillas del mar Mediterráneo, frente a Argelia.
6. Todo esto consta en el informe que, en su día, fue presentado por un conglomerado de ONGs europeas agrupadas en torno a un Foro Cívico Europeo.