Posible, que participe en ataques, más allá de su papel de apoyo y asesoramiento
JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES / La Jornada

Washington, 12 de febrero. Alentado por el éxito de la guerra en Afganistán, el gobierno de George W. Bush está ampliando operaciones contrainsurgentes en varios países, incluyendo Colombia y Filipinas, donde podría participar directamente en ataques y no sólo ejercer su papel de apoyo y asesoramiento, según funcionarios gubernamentales y analistas independientes consultados por La Jornada.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos están planeando otorgar un papel más activo a sus "asesores" militares en países como Colombia y Filipinas, entre otros, donde no sólo brindarán capacitación, sino que participarán en la dirección de ataques contra guerrilleros, según varias fuentes gubernamentales entrevistadas durante los días recientes.
Además, el gobierno de Bush ha aprobado un nuevo programa de la CIA que otorga a la agencia amplia autoridad para realizar operaciones militares letales en unos 80 países, como parte de la nueva "guerra contra el terrorismo". Más allá de estas iniciativas, la Casa Blanca, según algunas versiones, ha discutido la opción de acciones militares en Irak, Yemen, Sudán, Líbano, Somalia y Corea del Norte.
Hasta la fecha, la Casa Blanca ya ha enviado 650 militares a una "misión de capacitación" al sur de Filipinas, en lo que funcionarios ya conceden se trata más de fortalecer el esfuerzo contrainsurgente que de entrenar tropas filipinas; habrá un "instructor" estadunidense para cada dos soldados filipinos en la misión. También hay versiones periodísticas de que nuevos equipos militares estadunidenses se están desplegando para ofrecer capacitación y recaudar inteligencia en Africa oriental y en el lejano Oriente.
Largo historial
Estados Unidos tiene una larga historia en capacitación y participación en operaciones de contrainsurgencia, pero las dimensiones de estas iniciativas a veces han sido limitadas por presiones del Congreso y la opinión pública estadunidense preocupados por relaciones entre los militares estadunidenses y gobiernos opresivos y que violan derechos humanos. En la última parte de los años 90, Estados Unidos silenciosa pero drásticamente había ampliado la capacitación de tropas de operaciones especiales de varios países mediante un programa conocido como Entrenamiento de Ejercicio Combinado Conjunto (JCET, por sus siglas en inglés), informo Michael McClintock, autor del libro Instruments of Statecraft.
Este programa, que operó en las sombras en más de 150 países, ayudó a nutrir relaciones entre las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos y las fuerzas armadas de países como Uzbekistán y Turquía, donde constantemente los militares han sido acusados de actos de brutalidad. Desde los ataques del 11 de septiembre, comentó McClintock, "estos programas han sido sacados de las sombras".
Además, según varias entrevistas con funcionarios estadunidenses, las propuestas para este tipo de programas se han ampliado y, por lo menos en algunos casos, la línea entre capacitación y participación activa en operaciones militares casi ha desaparecido.
Un ejemplo de este cambio fue cuando el gobierno de Bush emitió una nueva propuesta presupuestal de asistencia a Colombia. En el pasado, toda la asistencia militar para ese país había sido definida como "antinarcóticos", pero la semana pasada, cuando el presupuesto federal fue enviado al Congreso, funcionarios del gobierno de Bush señalaron que deseaban ampliar la asistencia para permitir que las fuerzas colombianas entrenadas por Estados Unidos enfrentaran directamente a la guerrilla no involucrada en el narcotráfico.
"Por primera vez, la administración (de Bush) está proponiendo cruzar la línea de antinarcóticos a contrainsurgencia. Como asunto de nuestra política nacional, esto ya no se trata de parar drogas sino de luchar contra las guerrillas", advirtió el senador Patrick Leahy al conocer la propuesta.
Varios funcionarios del gobierno confirmaron a La Jornada que este año el gobierno de Bush planea otorgar un nivel mucho más alto de apoyo militar a las fuerzas armadas colombianas. De hecho, unos 98 millones de dólares la nueva asistencia solicitada por el gobierno de Bush para Colombia este año, ni siquiera será llamada "antinarcóticos", sino que será canalizada mediante un programa de financiamiento militar extranjero, cuyo propósito será otorgar protección a un oleoducto operado por una empresa petrolera estadunidense.
Drogas, la justificación
Cuando funcionarios del gobierno de Bush realizaban una sesión informativa al Congreso unos días después, dos asesores legislativos los cuestionaron sobre si esta expansión de la guerra en Colombia podría llevar a Estados Unidos a una situación parecida a la desastrosa guerra en Vietnam, indican versiones de lo que transcurrió en la reunión a puerta cerrada.
"Han abandonado la justificación de que esto se trata de la guerra contra las drogas", explicó Adam Isacson, analista principal del Centro de Política Internacional, en Washington. "Esta es la primera asistencia militar significativa a Colombia no relacionada con la droga desde finales de la guerra fría", apuntó en entrevista con La Jornada. Varios personajes, dentro y fuera del gobierno, han cuestionado si la gente de Bush ha dedicado suficiente atención a las consecuencias potenciales de tal expansión de la guerra en Colombia.
"Aún no sabemos si desean seguir el modelo de los asesores estadunidenses en El Salvador (en los años 80) a una escala bastante grande en Colombia, y sólo proteger algunos pocos intereses económicos estadunidenses", dijo Isacson.
Si los militares estadunidenses, señaló, estuvieran considerando sumarse en forma activa y directa en el esfuerzo militar colombiano supuestamente para obligar al FARC a sentarse en la mesa de negociaciones, deberían recordar que Colombia es 53 veces más grande que El Salvador, con una población ocho veces más numerosa. "Eso sería un compromiso enorme", dijo.
El Centro de Política Internacional, comentó Isacson, está preocupado tanto por el tamaño de este posible compromiso como por la implicación de que las fuerzas estadunidenses pudieran acercarse más a las fuerzas militares colombianas con su terrible historial de abusos de derechos humanos.
Aun dentro del propio gobierno hay desacuerdo sobre si Estados Unidos ha desarrollado una justificación coherente para el programa en Colombia, en particular, y la guerra más amplia contra el terrorismo, en general. "No estoy seguro que proteger un oleoducto puede llamarse lucha contra el terrorismo", comentó una fuente republicana conservadora del gobierno a este diario. "El terrorismo trata de aterrorizar a individuos, no a oleoductos". El gobierno de Bush, insistió la fuente, aún no cuenta con una propuesta coherente para justificar su presencia militar en Colombia.
Pero hay muy poco debate público sobre la expansión de la guerra en Colombia o alrededor del mundo. Cuando el veterano reportero de The Washington Post, Bob Woodward, informó la semana pasada que la CIA había solicitado y recibido aprobación para una nueva estrategia conocida como "Matriz mundial de ataque", que considera acciones encubiertas en 80 países donde se dice que operan células "terroristas", la revelación no logró despertar casi ningún debate público.
"Nadie va a enfrentar a este presidente, ahora, particularmente por un asunto de política exterior", insistió una fuente gubernamental crítica de estas nuevas propuestas. "Simplemente no sucederá cuando él tiene niveles de aprobación de 80 por ciento en las encuestas", concluyó.