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La reforma del sistema de prestaciones por desempleo hará que, dentro de un año, haya 203.534 personas menos con derecho a cobrar el desempleo de las que habrían tenido acceso a él con la normativa anterior, lo que supondrá un ahorro de 680,2 millones de euros (113.175 millones de pesetas) para el Estado en los doce primeros meses de aplicación.
Así consta en las previsiones realizadas en un documento interno de la Administración, fechado el pasado 1 de abril y titulado "Síntesis de la valoración económica de las medidas de reforma de los sistemas de protección por desempleo y de gestión de las políticas de empleo".
El documento, al que tuvo acceso Servimedia, analiza punto por punto los capítulos a reformar y calcula las prestaciones a las que afectará y el impacto que tendrá en las arcas públicas.
Modificaciones en el mundo laboral
De acuerdo con las detalladas estimaciones realizadas por los expertos de la Administración, los 203.534 parados menos con derecho a desempleo en el plazo de un año se reparten de la siguiente manera: 46.326 por la reforma del subsidio agrario (con un ahorro de 133,4 millones de euros), 25.000 por la firma del compromiso de actividad (con un ahorro de 234,4 millones de euros), 47.000 por la nueva definición de empleo adecuado (con un ahorro de 93,1 millones de euros), 6.000 por el nuevo tratamiento de los fijos discontinuos (con un ahorro de 12,1 millones de euros), 8.700 por la regulación de los emigrantes españoles retornados (con un ahorro de 43,9 millones de euros), 23.842 por la incompatibilidad del derecho al subsidio con otras rentas (con un ahorro de 122 millones de euros) y 46.666 por la eliminación del fraude de despedir a trabajadores antes de vacaciones para recontratarlos a su término (41,3 millones).
El primer apartado del informe hace referencia a la reordenación de los accesos al subsidio agrario. El informe estima que, con la eliminación de nuevas altas, dejarían de percibir el subsidio 31.826 personas el primer año, a las que se sumarían otras 11.500 por llevar más de tres años sin acceder a él (otro de los requisitos para limitar las entradas) y 3.000 más por la imposición de sanciones.
En total, la reforma del subsidio agrario provocaría que 46.326 personas que antes de la reforma hubiesen cobrado esta ayuda dejarían de hacerlo, con un ahorro de 133,4 millones de euros para el Estado.
El segundo aspecto que reduciría el número de prestaciones es el establecimiento de un compromiso de actividad en los beneficiarios de prestaciones por desempleo.
El informe estima que, con una "evolución positiva" del mercado laboral y "la suficiente dotación de tutores" en los servicios públicos de empleo el Estado, se podría ahorrar el pago de 9 millones de días en prestaciones de desempleo, lo que equivale a 25.000 beneficiarios trabajando o no protegidos todo el año.
El ahorro previsto con esta medida asciende a 234,4 millones de euros, lo que la sitúa como la modificación que más dinero permitiría ahorrar a las arcas públicas.
Empleo adecuado
Otra de las medidas incluidas en la reforma es la redefinición del concepto de empleo adecuado, entre la que se incluye la obligación de aceptar un trabajo a 30 kilómetros o menos de dos horas de distancia del hogar del parado.
El informe indica que en 2001 hubo 23.000 parados que rechazaron ofertas de empleo adecuado y que no fueron sancionados, por lo que ahora perderían la prestación. A esos se sumarían otras 24.000 colocaciones que el Inem confía en llevar a cabo.
La medida permitiría ahorrar 93,1 millones de euros, gracias, según este informe, a que los parados dejarían de percibir una medida de 4 meses de prestación.
El informe reconoce que la reforma va a limitar la protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos, al considerarlos, en función del Estatuto de los Trabajadores, trabajadores indefinidos con contrato a tiempo parcial.
"El ahorro de la medida corresponde a aquellos trabajadores que tienen un contrato a tiempo parcial de carácter indefinido, que trabajan todos los años en fechas ciertas y que en la actualidad serían considerados como fijos discontinuos, pero que dejarán de serlo con esta medida y por tanto sólo tendrán derecho a prestaciones por desempleo si extinguieran su contrato de trabajo y no durante los periodos de inactividad anuales, como sucede en la actualidad", dice el informe.
El número de trabajadores que perderían la protección por esta medida serían 6.000 fijos discontinuos, lo que conlleva un ahorro para el Estado de 12,1 millones de euros.
La implantación de un nuevo sistema de protección para los trabajadores españoles que regresen a España tras haber trabajado en el extranjero, los denominados "emigrantes retornados", supondría también retirar la protección a 17.000 personas.
Sin embargo, el nuevo sistema daría protección a 8.300 emigrantes retornados, lo que sitúa el ahorro neto de la medida en 43,9 millones de euros.
Prejubilados
El hecho de que la indemnización por despido y sus "frutos, rendimientos o intereses" tengan la consideración de "renta a efectos del subsidio por desempleo" supondrá que, según el informe, 23.842 perjubilados mayores de 52 años que cobran el subsidio dejarán de hacerlo. Entre prestaciones y cotizaciones que dejaría de pagar, el Estado se ahorraría 122 millones de euros.
Otro de los puntos de la reforma trata de evitar que el Inem, mediante prestaciones por desempleo o subsidios, tenga que pagar las vacaciones de los trabajadores cuando la empresa los despide, por ejemplo, un 31 de julio para volver a contratarlos el 1 de septiembre.
Este hecho, según el informe, afecta en particular a los trabajadores de la enseñanza, con unas vacaciones de 60 días. En total, suponen 46.666 personas que, antes de la reforma, cobraban el paro en sus vacaciones, y que ahora dejarán de hacerlo. Sin embargo, seguirán dados de alta en la Seguridad Social, al obligar al empresario a mantener las cotizaciones. El ahorro en prestaciones por desempleo y en subsidios haría que el Estado dejara de pagar un total de 41,3 millones de euros, según el informe.