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La vieja Europa

20 de julio del 2002

La ley partidista

Luis Alegre

Para realizar un breve comentario de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, supongo que lo normal sería empezar demostrando que se trata de una ley que no está pensada para regular la constitución, inscripción y funcionamiento de los partidos políticos en general sino, por el contrario, para ilegalizar un (al menos por ahora) partido concreto. Lo lógico sería que un artículo crítico como éste comenzase intentando demostrar con cierto rigor que la ley podría haberse llamado Ley de Ilegalización de Batasuna; que podría haber contado con un único artículo: "Batasuna debe ser declarada ilegal". Evidentemente, la ilegalización seguiría correspondiendo en cualquier caso al poder judicial, que tendría que decidir si el caso concreto a juzgar se corresponde con el tipo que establece la ley (es decir, juzgar si Batasuna es Batasuna). Lo lógico, como digo, sería comenzar un artículo como éste intentando demostrar que se trata de una ley "de caso", de una ley que está a punto de introducir nombres propios en su redacción, de una ley que es más bien una condena, de una ley que localiza primero al "delincuente" y sólo después comienza con grandes dificultades a inventarse algún delito del que poder acusarle. Sin embargo, toda esta parte de la argumentación nos la podemos ahorrar por la sencilla razón de que ¡no han intentado siquiera ocultarlo en ningún caso! (Este es el motivo por el que este artículo no aparece en la sección "mentiras y medios". En todo caso, tendría que aparecer más bien en una hipotética sección llamada "cuando los medios ni siquiera tienen que mentir").
Siendo esto así, lo primero que llama la atención es la necesidad misma de la ley. Es decir, el hecho mismo de que se necesite establecer, por medio de una Ley de Partidos, un procedimiento judicial de ilegalización distinto del que se prevé en el Código Penal, es prueba de que los procedimientos recogidos en este código no son suficientes para llevar la ilegalización a cabo. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿Qué dice el Código Penal?
"Artículo 515.
Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
1º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión.
2º Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.
3º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución.
4º Las organizaciones de carácter paramilitar.
5º Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello.
6º Las que promuevan el tráfico ilegal de personas."
Pues bien, resulta que el hecho mismo de la Ley de Partidos, su mera existencia, implica el reconocimiento de que Batasuna no sólo no es una organización paramilitar o terrorista, sino que tampoco emplea medios violentos, ni promueve la discriminación, el odio o la violencia ni, en definitiva, tiene por objeto cometer ningún delito. Resulta evidente que si Batasuna tuviese por objeto cometer algún delito o promoviese su comisión, no haría en absoluto ninguna falta elaborar una nueva Ley Orgánica de Partidos sino que, más bien, bastaría el Código Penal para declararla asociación ilícita. Pero claro, el otro lado de esta afirmación es que, por lo tanto, la Ley Orgánica de Partidos Políticos está pensada para ilegalizar organizaciones ¡que no cometen ningún delito!.
Evidentemente, cabría también plantear que quizá el Código Penal contenga lagunas o carencias importantes de tal forma que no recoja como delictivas determinadas conductas que fueran, de todos modos, absolutamente intolerables desde el punto de vista de un sistema de derecho. Con esto se nos plantea una segunda pregunta: en vez de hacer una nueva ley que ha contado con el rechazo de la mayoría social y política del ámbito en el que se va a aplicar ¿por qué no han preferido la vía mucho menos grave de, modificando el Código Penal, tipificar como delito aquello que Batasuna promueve?. Es decir, resultaría más fácil limitarse a tipificar como delito aquello que Batasuna promueva y que resulte intolerable y, una vez hecho esto, podría ser declarada asociación ilícita. Ahora bien, si no lo hacen así, parece razonable pensar que es porque no resultaría ni más fácil ni menos grave. Esto nos conduce a pensar que los motivos de la ilegalización, aquello que consideran intolerable de Batasuna, es tal que no soporta de ningún modo ser incluido en un código penal. Es decir, probablemente tendrían que introducir como conducta delictiva (en vez de limitarse a enjuiciarlo moralmente) cosas del tipo "guardar silencio" tras un atentado o "comprender el problema político en el que se enmarca el conflicto armado".
En cualquier caso, podemos sospechar que para incluir estos elementos como motivo de ilegalización incluso en la Ley de partidos, hará falta una redacción bastante vaga y, en ocasiones, desconcertante. En este sentido, por ejemplo, establece como uno de los motivos de ilegalización "dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas (...) o exculpando y minimizando su significado". Resulta inevitable preguntarse qué significa "minimizar tácitamente" el significado de una acción terrorista. Hay motivos para pensar que se refieren a las situaciones en que Batasuna guarda silencio. También cabe preguntarse qué significa "legitimar tácitamente" y también hay motivos para pensar que se refieren a todo intento de contextualizar el conflicto armado en el seno de un conflicto político. Por último, la pregunta más desconcertante: ¿Qué puede significar exculpar expresa o tácitamente? Evidentemente, exculpar (absolver, declarar libre de culpas, o de pecados) no es algo que corresponda en absoluto a los partidos (suponemos que no estarán pensando en la Iglesia por sus pastorales o en el Tribunal Supremo por el caso Otegi, aunque estando las cosas como están, no sé siquiera si podríamos sorprendernos).
Otro motivo de ilegalización es, por ejemplo, "complementar políticamente" la acción de organizaciones terroristas. No deja de resultar curioso cómo piensan el asunto. Ante un problema político histórico que ha degenerado en un conflicto armado (encabezado por una banda inequívocamente terrorista), consideran que la cuestión política un "complemento" a la actividad armada. Ninguna persona de bien puede dudar de que "complementar" la acción de organizaciones terroristas proporcionando armas, información o refugio es una actividad que debe ser perseguida por la justicia. Sin embargo, se reconocerá que "complementar políticamente" es una cuestión bastante más complicada. Si tanto ETA como una organización política defienden la independencia, es indiscutible que todo el trabajo de difusión o discusión en favor de la misma (algo enteramente legítimo) no puede sino considerarse en algún respecto un "complemento político". Quizá pueda argumentarse que no tienen intención de emprender ninguna ilegalización salvo que puedan encontrar vínculos más allá de eso. Sin embargo, si queremos defender un sistema de garantías, debemos desentendernos de cuáles puedan ser sus intenciones y preocuparnos sólo de lo que la ley permite.
En cualquier caso, lo que más llama la atención, más que la propia ley, es la pasividad con la que la han encarado las organizaciones de izquierdas, que quizá no tarden en ser también ilegalizadas (no por pertenecer, claro está, a ETA o a su entorno, pero quizá sí a las cercanías del entorno o, si no, a las proximidades de esas cercanías, o por haber pasado por allí). Es posible que esta campaña de recorte de derechos civiles tenga su justificación. Es posible que la única forma de conseguir que los violentos no acaben con nuestro sistema de libertades sea asegurarse de que acaban con él antes los demócratas. Lo que no es posible es negar que el recorte de libertades se está produciendo y que no parece tener ninguna intención de pararse solo. Cada vez es menor el nivel de violencia que te convierte en violento y mayor el nivel de represión que te convierte en demócrata. En esta dirección hemos sufrido una tremenda derrota: hemos tenido miedo a que se nos acuse de violentos ¡por defender una de las libertades fundamentales recogidas en la Constitución!.
Puede que estemos más en un momento de resistencia que de ofensiva, pero si es así, por lo menos resistamos.