La vieja Europa

Susana Berruecos
La Jornada

Apenas seis años después de la privatización, en Gran Bretaña ya se discuten las opciones para resolver la grave crisis financiera de la industria. Una de las alternativas sería la renacionalización de British Energy. Se suponía que el traspaso de la industria eléctrica a manos privadas significaría una carga menor para las finanzas públicas, pero el resultado ha sido que del erario ha tenido que destinarse fuertes sumas al rescate de empresas que enfrentan la bancarrota económica o moral, como en el caso de los trenes británicos. El modelo de privatización eléctrica de Margaret Thatcher y John Major, no debe olvidarse, ha servido de constante referente al gobierno mexicano.

Cada vez existe mayor evidencia que la privatización parcial o la venta de utilidades públicas llevadas a cabo desde los ochenta en diversos países en el mundo, no ha asegurado un servicio más barato, ni necesariamente más eficiente para los clientes, ni tampoco ha librado a los gobiernos de la necesidad de destinar fuertes subsidios. En meses recientes, los gobiernos de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido han tenido que destinar importantes sumas de dinero para rescatar diversas empresas que después de haber sido privatizadas parcial o completamente, ahora se encuentran cerca de la bancarrota. Tal es el caso de Air New Zealand, que fue rescatada de la quiebra con el dinero de los contribuyentes el año pasado, y la creación del Kiwibank, creado por el gobierno de dicho país para atender a los cientos de clientes que no podían pagar las cuotas de servicio cobradas por los bancos privados. En California, Estados Unidos, se ha criticado una torpe desregulación de la industria eléctrica por lo sucedido con las empresas más grandes del estado, Pacific Gas and Electric y Southern California Edison.
Asimismo, a la luz de los actos terroristas del 11 de Septiembre, el gobierno estadunidense se vio obligado a retomar la seguridad aeroportuaria de las compañías privadas después de descubrir que continuamente habían violado las regulaciones de seguridad. En el Reino Unido se han destinado 30 millones de libras esterlinas al sistema de control de tráfico aéreo (Nats) y más de un billón de libras esterlinas a los accionistas de la compañía de trenes Railtrack (en una renacionalización disfrazada), por lo que la posible ruina financiera de British Energy (BE) resulta particularmente embarazosa para el gobierno británico.
El domingo 25 de agosto pasado, el diario británico The Independent publicó una nota en sus ocho columnas alertando sobre la crítica situación que enfrenta la planta núcleo-eléctrica British Energy, la compañía generadora de electricidad más grande del Reino Unido, la cual produce un cuarto del total de la energía eléctrica en este país. En este artículo se reporta que se ha descubierto un plan secreto, denominado Proyecto Azul, elaborado por un grupo de expertos del Departamento de Comercio e Industria (DTI, por sus siglas en inglés), dirigidos por el especialista en temas nucleares, Stephen Spivey. En este plan se advierte, según el reportaje, la creciente posibilidad de renacionalizar dicha empresa, en un movimiento que costaría al gobierno británico por los menos 500 millones de libras esterlinas.
Al día siguiente de dicha publicación, el ministro de Energía, Brian Wilson, confirmó que el gobierno británico estaba estudiando diversas opciones para ayudar a la gigantesca planta nuclear a enfrentar la crisis financiera por la que atraviesa. No obstante, Wilson evitó en todo momento hablar de una posible renacionalización, sobre todo cuando todavía se encuentra tan fresco el malestar público por el fiasco que representó el rescate de la compañía de trenes Railtrack. Cabe mencionar que British Energy fue privatizada hace tan sólo seis años y que dicha compañía maneja ocho plantas eléctricas en el Reino Unido, así como operaciones núcleo- eléctricas en Estados Unidos. Sin duda alguna, el mes de agosto no fue particularmente bueno para BE al haberse hecho pública su crítica situación financiera y haber cerrado dos plantas en el Reino Unido: la primera en Dungeness, Kent fue cerrada por problemas de mantenimiento, mientras que el reactor en Torness, en East Lothian, fue cerrado por una falla técnica. Es así que además de la posibilidad de renacionalizar British Energy, también se contemplan otras opciones que incluirían un trato para comprar las ocho plantas núcleo-eléctricas que posee BE o bien pagarle a BE para que retome seis reactores Magnox de la compañía pública BNFL.
Las privatizaciones
Después de dos años de intensas discusiones para acordar los arreglos regulatorios y contractuales, el 31 de marzo de 1990 la empresa pública Central Electricity Generating Board (CEGB) se dividió en cuatro subempresas con recursos limitados del Estado: National Grid Company (NGC), PowerGen, National Power y Nuclear Electric. La nueva compañía National Grid retomó las actividades de transmisión de la CEGB y las actividades de generación se dividieron entre las otras tres empresas. A las 12 empresas eléctricas regionales (REC) de Inglaterra y Gales –antes conocidas como las Area Boards–, dueñas de las ganancias de la distribución de la energía local, se les dieron acciones de la National Grid y fueron vendidas en diciembre de 1990 por 8 millones de libras esterlinas.
La privatización de todas las demás áreas, excepto la nuclear, continuaron tanto en Escocia e Irlanda del Norte, como en Inglaterra y Gales. En marzo de 1991, 60 por ciento de las empresas National Power y PowerGen fue vendido por 2.2 billones de libras esterlinas y 40 por ciento restante se puso a la venta en febrero de 1995. La Planta y la Hidroeléctrica Escocesas (Scottish Power y Scottish Hidroelectric) fueron privatizadas en junio de 1991 en 2.9 billones de libras esterlinas. En suma, 13 billones de libras esterlinas –cerca de 230 billones de pesos– fueron recaudadas, haciendo de la industria eléctrica británica una de las dos privatizaciones más cuantiosas en el Reino Unido, sólo después de las telecomunicaciones.
Después de la exitosa privatización de National Power y PowerGen, la compañía pública Nuclear Electric logró mejorar sus niveles de eficiencia y productividad, por lo que en mayo de 1995 el gobierno conservador bajo el liderazgo de John Major anunció que privatizaría las plantas nucleares más modernas. Fue así como el 15 de julio de 1996, dichas plantas fueron finalmente removidas del dominio estatal.
En tan sólo un año, British Energy se había convertido ya en la planta generadora de electricidad más productiva del mundo, produciendo 80% de la electricidad de la que tenía capacidad de producir. No obstante, después de cinco años, la historia parece no haber resultado del todo exitosa.
A principios de 2001, se firmaron los Nuevos Acuerdos de Comercio Eléctrico (NETA, New Electricity Trading Agreements) como parte de una reforma a la industria eléctrica en Inglaterra y Gales, que tenían el objetivo de abrir este mercado a la competencia y reducir los costos domésticos, como sucedió después privatizar el gas en 1987. Los NETA crearon un mercado para la distribución eléctrica, permitiendo a los distribuidores (como London Electricity, TXU o British Gas) obtener el mejor precio de los generadores (que incluyen a proveedores como TXU o PowerGen, así como British Energy y AES, que no venden al público).
No obstante, según un reportaje de reciente aparición en The Independent, los NETA se encuentran en una situación crítica derivada, en gran parte, del fracaso de la compañía Enron. Como la compañía comerciante de contratos eléctricos más grande del mundo, el colapso de Enron dejó un importante vacío en dicho mercado.
Compañías rivales en Estados Unidos como Entergy, Dynegy y Aquila Energy no han podido llenar ese vacío. Lo anterior significa que algunas de las innovaciones de NETA, como los derivados eléctricos que pueden ser comprados por generadores para lidiar con problemas como el que enfrentó British Energy con el cierre de su planta escocesa Torness hace unas semanas, no han sido desarrollados.
Otro problema, según el diario, tiene que ver con la posibilidad de compañías como TXU, London Energy o EON, la utilidad alemana que es dueña de PowerGen, puedan comprar para sí mismas y sacar su propia electricidad del mercado.
Aunque los precios de venta todavía tienen que bajar a pesar del decremento de 33% en el precio de distribución eléctrica en los últimos dos años. De acuerdo con el reportaje, estos y otros asuntos relacionados con el programa NETA, han tenido como resultado que British Energy solamente obtenga 16 libras esterlinas por hora de megawatt (MWh), comparadas con un precio esperado de 27 libras cuando la compañía fue privatizada y 21 libras para salir tablas al menos. En total, el grupo perdió 493 millones de libras esterlinas el año pasado, 300 millones de los cuales tienen que ver directamente con las políticas de NETA.
En resumen, la crisis en British Energy se debe en gran parte a las políticas seguidas por el gobierno laborista, con las reformas introducidas al mercado energético en 2001 bajo el nombre de NETA. Si bien este programa logró reducir en 25% los precios de la distribución eléctrica, también se ha convertido en una de las principales causas de la inminente quiebra de BE. Al final, el precio de venta de la electricidad se estableció por debajo del costo al que British Energy podía producir en este país.
La reciente crisis de British Energy vuelve a poner en duda la supremacía del sector privado sobre el público, sobre todo en áreas tan sensibles y estratégicas para un país. Después de seis años de haber privatizado una de las plantas productoras de electricidad más importantes del Reino Unido, ahora se discuten varias opciones para sanear la fuerte crisis financiera que atraviesa BE, incluyendo la posible renacionalización de British Energy. Lo cierto es que la búsqueda del paradigma de la eficiencia económica en manos del capital privado no ha significado necesariamente mayores niveles de bienestar para la sociedad en su conjunto. Muy al contrario de lo que se suponía sería una carga menos para las finanzas públicas, ha resultado ser un peso mayor al erario ya que se han tenido que destinar grandes sumas para rescatar a las empresas que enfrentan bancarrota económica o moral, como en el caso de los trenes. Así, como el modelo de privatización eléctrica seguido por los gobiernos de Margaret Thatcher y John Major ha servido de constante referente al gobierno mexicano, vale la pena tener presente los recientes acontecimientos que presentan evidencia en contra de la eficiencia y seguridad de la industria eléctrica o núcleo-eléctrica en manos privadas.