kalegorria

La historia se repite. El mecanismo que actúa para la subida de los precios de las gasolinas –índices de cotización del petróleo en los mercados internacionales y cotización del dólar– tan sólo funciona cuando se trata de aumentar el precio que pagan los consumidores. Las petroleras no fijan el precio que les viene en gana: están obligadas, tras desaparecer el precio máximo fijado por el Gobierno español, a adaptarse a una formulación establecida que configura los nuevos valores. Está claro que el Ejecutivo de Aznar se deja engañar. Este mecanismo es el preferido por las petroleras para incrementar sus beneficios. Lo obtienen a base de trasladar al público sólo una parte de las bajas del crudo y la revalorización del euro. En el mes de octubre, Repsol incrementó sus márgenes en un 17% para los gasóleos y de un 13% en las gasolinas.
Con este proceder, no es de extrañar que el IPC esté descontrolado.
Los precios de referencia, que se obtienen por una formulación establecida, son esenciales para la competitividad y la inflación. Si éstos incrementan o mantienen sus márgenes de comercialización por encima de las medias europeas, los principios de un mercado liberalizado desaparecen. En el caso del sector petrolero, Repsol tiene una cuota de mercado del 55% en estaciones de servicio, cifra desconocida para sus competidoras europeas. Los abusos del mercado son siempre los mismos: un precio del crudo entre 22 y 24 dólares y la revalorización del euro, con un cambio superior al dólar, no consigue rebajar el precio de las gasolinas, mientras que las subidas se trasladaron íntegra y automáticamente.
En el sector eléctrico, tal como informó este diario, ocurre más de lo mismo. Las compañías eléctricas engañan al Gobierno español al establecer unos precios ficticios en el mercado mayorista. El propósito de este incremento ficticio de los precios es establecer la necesidad perentoria de un incremento de la tarifa. La adulteración y el engaño ha llegado a tal extremo que es más barato el precio minorista que al por mayor. Esta aberrante situación no hace más que confirmar el fracaso total de las privatizaciones y la liberación del mercado.
Solamente un dato sitúa por dónde se mueve el mercado: los precios al por mayor se sitúan en torno a los 4,25 céntimos/kwh, cifra que comparada con otros operadores europeos resulta entre un 50% y 70% superior. A pesar de ello, el Gobierno que encabeza José María Aznar concedió la semana pasada un aumento de las tarifas del 1,63% para el año que viene, mientras que aseguró un incremento medio de un 2% para la próxima década.
En gas natural, los precios en el mercado mayorista español son un 50% superiores a los precios que se manejan en Zeebrugge, principal mercado mayorista europeo del gas. Algo parecido tiene lugar en el sector del butano, donde los distribuidores reclaman un nuevo reglamento que permita el incremento de la competencia en un segmento donde tan solo Repsol Butano controla el 90% del mercado. Todo esto a mes y medio de la entrada en vigor de la liberalización total del mercado de la electricidad y el gas, que, según el Gobierno español, era la panacea para los consumidores. A estas alturas, ya es seguro que la liberalización comprometida por el Ejecutivo del PP no aportará mejoras en los precios o en el servicio para el usuario doméstico.
El incumplimiento de estas promesas lleva a que el Índice de Precios al Consumo (IPC) esté descontrolado: el índice de octubre señala una inflación del 4%. La codicia de quienes se hicieron con las antiguas empresas públicas, hoy convertidas en privadas, no tiene límite.
Al Gobierno de Aznar no le toca otra opción que manipular el índice del IPC (¿o es que alguien puede entender que la vivienda pueda subir en un año el 46% y que repercuta solo un 0,3 en el índice?). Los carburantes, la tarifa eléctrica, el gas, el butano, las llamadas telefónicas, los peajes de las autopistas y todos aquellos servicios públicos traspasados a monopolios privados tienen atrapados a los consumidores con el beneplácito de la administración española.