Derechos Humanos

NUEVA OLEADA DE RACISMO Y XENOFOBIA

Por Eduardo Tamayo G.

ALAI-AMLAT, (29/01/2002), Ginebra. A raíz de los atentados del 11 de septiembre, una nueva oleada de racismo y xenofobia sacude al mundo encubierta bajo la cruzada antiterrorista de Occidente, endureciendo la situación de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Estados Unidos está a la cabeza de esta oleada pero no se quedan atrás varios países europeos, Israel, Australia y Malasia. En algunos de estos países se refuerzan los controles fronterizos y se expiden severas leyes antimigratorias.
Uno de los colectivos mayormente afectados por la xenofobia y la discriminación es el de los musulmanes que viven en Estados Unidos. De poco les ha servido a éstos manifestarse públicamente condenando los actos terroristas supuestamente cometidos por Ben Laden y la red Al Queda. De hecho, han sido criminalizados, discriminados y puestos bajo sospecha sólo debido a sus creencias religiosas, su origen étnico o nacional.
El discurso del choque de civilizaciones y de la guerra de los buenos contra los malos constituye el telón de fondo de estas violaciones de los derechos humanos. Ahora los musulmanes son presentados por Occidente como "los nuevos bárbaros de los tiempos modernos". El vocero del Comité Árabe-Americano Antidiscriminación para el Medio Oriente, Imad Hamad, un ciudadano estadounidense de origen libanés, le confesó al periódico francés Le Monde (18 de enero de 2002) que los árabe-americanos viven la más grave crisis de su historia en ese país. Después del 11 de septiembre, organismos de defensa de los derechos humanos han contabilizado 520 incidentes violentos de carácter racista contra árabes, incluidas seis muertes y noventa agresiones. Así mismo, han registrado 27 casos de discriminación en las compañías aéreas y centenares de casos de discriminación en el trabajo.
Para ganar aliados del mundo musulmán para la coalición antiterrorista, el presidente George Bush se aproximó a la comunidad árabe-musulmana e incluso manifestó que se debe tratarla con el respeto que se merece. Eso no ha impedido, sin embargo, que el Ministerio de la Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, prácticamente institucionalicen la discriminación contra los/as ciudadanos/as de origen árabe.
Pese a que los investigadores no han logrado establecer lazos entre los "piratas del aire del 11 de septiembre" y la comunidad árabe-musulmana, 17 mil musulmanes han sido interrogados por la policía estadounidense. Otros cinco mil jóvenes, comprendidos entre 18 y 33 años, llegados a Estados Unidos después de enero del 2000, han sido "convocados voluntariamente" por el FBI para una entrevista. Quienes se negaron a concurrir a las oficinas del FBI, fueron interrogados en sus domicilios. En muchos casos, las preguntas giraron en torno a temas banales, pero el operativo cumplió los objetivos de efectuar un primer control de personas y direcciones, identificar a posibles informantes, y, de paso, difundir a la opinión pública que el FBI cumple su trabajo y hace todo lo posible para proteger y garantizar la seguridad de la población de Estados Unidos.
Luego de estos interrogatorios, seis mil musulmanes en situación irregular fueron llamados por las autoridades antes de ser expulsados del país. ¿Por qué las autoridades migratorias ponen la mira sólo en los musulmanes cuando en Estados Unidos hay millones de sin-papeles de todas las nacionalidades? Sin duda el perfil racial (racial profiling) está marcando sus actuaciones.
A ellos debe agregarse la puesta en vigencia de una legislación que recorta las libertades fundamentales y derechos humanos elementales, inspirada por el ministro de Justicia John Ashcroft, que permite a los servicios de inmigración detener durante tiempo indefinido a las personas que se encuentran en situación irregular. Aplicando estas leyes, centenares de personas fueron encarceladas, sin que se conozca su número, su identidad y su localización. Sólo a comienzos de noviembre, por presión pública, Ashcroft dio a conocer que el número de encarcelados era de 1.200, de los cuales la mitad todavía estaba en prisión y el resto había sido liberado o expulsado. Hasta mediados de enero de este año, 460 permanecían encarceladas, de los cuales 370 eran sospechosas de tener conexiones directas o indirectas con grupos terroristas, según las autoridades.

Europa en el mismo camino

En Europa, los gobiernos más afines al régimen de Bush, como los de Aznar, Berlusconi y Blair son los que mejor han aprovechado los atentados del 11 de septiembre para fortalecer las legislaciones represivas y antimigratorias, en tanto que en Dinamarca, Suiza y Austria han ganado terreno los partidos de derecha que predican un rechazo agresivo a los inmigrantes.
El Consejo de la Unión Europea adoptó el pasado 27 de diciembre cuatro medidas sobre terrorismo, que tienen carácter vinculante para todos los Estados miembros. Los solicitantes de asilo y refugio quedarán expuestos al poder de veto de la policía y los servicios de seguridad antes de que se les garantice su estatuto. En Italia, el acaudalado Silvio Berlusconi, que sin ambages proclamó la superioridad de Occidente sobre el Islam, tres días después de los atentados del 11 de septiembre, propuso al Parlamento un severo paquete antimigratorio. En él se contemplan sanciones de hasta cuatro años de prisión para las personas no europeas que, siendo ya expulsadas, regresaren en forma ilegal a Italia. Con este proyecto de ley, igualmente, se descarta la regularización de los "clandestinos", se preve la expulsión rápida para toda persona sin papeles y se estipula que el permiso de residencia esté ligado a la posesión de un contrato válido de trabajo.
El gobierno español encabezado por José María Aznar -que ejerce la presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de este año- ha pasado del "racismo institucional" a la represión abierta. El pasado 22 de enero, la policía arremetió contra un grupo de "sin papeles" que permanecían concentrados junto a La Alcabaza (Almería) demandando su regularización. Veinte de ellos fueron heridos y otros 31 arrestados, al tiempo que la Subdelegación del gobierno en Almería advirtió que "no va a producirse ningún proceso de regularización, ni se van a permitir en forma alguna asentamientos o medidas de fuerza para la regularización de los inmigrantes". Esta acción contra los inmigrantes coincide con el primer aniversario de la Ley de Extranjería que, según la organización antirracista SOS Racismo, sólo ha empeorado la situación de los extranjeros en España, en especial, los que se encuentran en "situación irregular".
Los operativos de vigilancia y control del gobierno de Aznar no sólo se han dirigido contra los musulmanes procedentes de países "de alto riesgo", sino contra ecuatorianos y colombianos. A finales de octubre del 2001, el Ministerio del Interior español puso en marcha la Operación Ludeco, con el pretexto de combatir actos de delincuencia cometidos por una minoría de ecuatorianos y colombianos. De esta manera, las 157 mil personas de estas dos nacionalidades que residen legalmente en el país, están ahora bajo sospecha. El dispositivo policial establece una estrecha vigilancia de estos ciudadanos, crea archivos informáticos especiales e identifica a los posibles sospechosos. Organizaciones no gubernamentales y partidos políticos calificaron de xenófoba la medida ya que estimula la propagación de estereotipos racistas, equipara inmigración con delincuencia y estigmatiza a ciudadanos honrados por su procedencia nacional.
El gobierno británico de Tony Blair, por su lado, ha propuesto al Parlamento una reforma del sistema de asilo con el propósito de reforzar el control de los solicitantes de asilo. El proyecto contempla construir tres centros de acogida con capacidad de tres mil personas cada uno. Previamente los solicitantes de asilo serán identificados tomándoles fotografías y huellas digitales.
A cinco meses de la Conferencia Mundial contra el Racismo (Durban, Sudáfrica, 31 de agosto al 7 de septiembre del 2001), los Estados parecen haber olvidado sus compromisos de desterrar las discriminaciones contra los inmigrantes y de fortalecer la solidaridad y compartir responsabilidades en la protección de refugiados, solicitantes de asilo, repatriados y desplazados.