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Derechos Humanos

LA CIDH SE REUNIO CON CAFIERO, TAIANA Y TOMA

Sin menores en las cárceles

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires aseguró a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "en breve, no habrá menores de 18 años detenidos de dependencias policiales". Los miembros del organismo internacional se reunieron ayer en La Plata con Cafiero y el secretario de Derechos Humanos, Jorge Taiana. También estuvieron en la Cancillería, donde el jefe de la SIDE, Miguel Angel Toma, expuso una iniciativa para modificar la preparación de los espías.
Los representantes de la CIDH, que están en el país desde el lunes, escucharon ayer los planes de Cafiero para resolver las condiciones de hacinamiento en comisarías y cárceles. El ministro habló del próximo acondicionamiento de establecimientos carcelarios y la construcción y ampliación de distintos centros de detención. Y les aseguró que pronto no habrá más menores de 18 años detenidos en dependencias policiales.
El profesor Robert Goldman, el abogado Santiago Cantón –secretario ejecutivo de la entidad– y la letrada Elizabeth Abi Mershed, estuvieron también en el Palacio San Martín. Allí, Toma aprovechó la oportunidad –su presencia no estaba prevista– para presentar la propuesta elaborada por la Secretaría para modificar los contenidos curriculares de la Escuela Nacional de Inteligencia referidos a Derechos Humanos. Los integrantes de la comisión hablaron de cooperar con esta idea a través del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de recomendar a los organizaciones nacionales del área sumarse a la propuesta.
Los miembros de la CIDH se reunirán hoy con el presidente Eduardo Duhalde, con la ex primera dama Zulema Yoma y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Estos dos últimos hicieron sendas presentaciones ante el organismo, la mujer por la investigación sobre la muerte de su hijo y el ex funcionario por su detención. La delegación de la comisión partirá por la tarde a Neuquén, donde se reunirán con el gobierno provincial y las comunidades mapuches que habitan en el yacimiento de Loma de la Lata y que efectuaron denuncias por la contaminación del medio ambiente