25 de junio del 2002

Traducido para Rebelión por Germán Leyens

"El sistema gacaca de tribunales locales puede representar una oportunidad para que los supervivientes del genocidio, los acusados y los testigos, presenten sus casos en un ambiente abierto y participativo. Esto puede ser un paso importante hacia la reconciliación nacional y la solución de la crisis carcelaria de Ruanda," dijo Amnistía Internacional hoy, reaccionando ante la inauguración por Ruanda de un nuevo sistema de tribunales comunitarios establecidos para confrontar la acumulación de casos desde el genocidio de 1994.
"Sin embargo, la naturaleza extrajudicial de los tribunales gacaca y la inadecuada preparación de su comienzo, combinada con la intolerancia del disenso por parte del actual gobierno, y la falta de disposición a enfrentar su propio pobre historial de derechos humanos, arriesga subvertir el nuevo sistema" agregó la organización. "Por ello es imperativo que tanto el gobierno ruandés como la comunidad internacional tomen pasos para asegurar que las jurisdicciones gacaca cumplan con estándares internacionales mínimos de un juicio justo."
La inmensa cantidad de detenidos acusados de ofensas relacionadas con el genocidio, ha demostrado ser una tarea imposible para el sistema judicial formal del país. El nuevo sistema, basado generalmente en un modo tradicional de resolver desacuerdos dentro de las comunidades locales, juzgará a decenas de miles de detenidos acusados de ofensas en las categorías 2, 3, y 4 de la legislación de Ruanda sobre el genocidio.
Aunque Amnistía Internacional aprecia la necesidad urgente de llevar ante la justicia a gente acusada de participar en el genocidio, la organización teme que si no se solucionan deficiencias básicas en las cortes gacaca, el nuevo sistema no traerá la justicia, la verdad y la reconciliación prometidas por el gobierno ruandés. "Las cortes gacaca puede llegar a ser un vehículo para una justicia sumaria y arbitraria que frustre por igual a acusados y a supervivientes del genocidio," agregó.
Los dirigentes del gobierno ruandés admiten sin problemas que las cortes gacaca tienen deficiencias, pero argumentan que no hay alternativa. La comunidad internacional de donantes, que está financiando el sistema gacaca, ha estado ampliamente de acuerdo con esta evaluación.
A Amnistía Internacional le preocupa sobre todo el carácter extrajudicial de los tribunales gacaca. La legislación gacaca no incorpora estándares internacionales de un juicio justo. Los acusados que aparecen ante los tribunales no reciben garantías judiciales aplicables que aseguren que el juicio sea justo, aunque algunos podrían confrontar sentencias máximas de condena perpetua.
En su mayor parte, los que servirán de magistrados gacaca no poseen antecedentes legales o de derechos humanos. El entrenamiento abreviado que han recibido es terriblemente inadecuado para la tarea, considerando la naturaleza y contexto complicados de los crímenes cometidos durante el genocidio.
Amnistía Internacional también pone en duda si habrá un flujo abierto y libre de información durante las audiencias, si todas las partes serán escuchadas imparcialmente, y si la presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad será respetada. Las sesiones previas al juicio gacaca observadas por delegados de Amnistía Internacional en 2001, estuvieron marcadas por la intimidación y por arengas de funcionarios de los acusados, los testigos de la defensa y las poblaciones locales.
El reciente historial de derechos humanos del gobierno ruandés se caracteriza por la negativa de la libertad de expresión y de asociación, arrestos arbitrarios, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos humanos. "La falta de disposición del gobierno ruandés para controlar las permanentes violaciones de los derechos humanos, o investigar abusos pasados por sus propios agentes estatales, disminuyen la credibilidad de sus declaraciones sobre la necesidad de la responsabilidad, de la veracidad y de la justicia, en relación con las cortes gacaca."
La implementación de los tribunales gacaca también implica inmensos problemas logísticos. Decenas de miles de detenidos tendrán que ser trasferidos de las prisiones centrales a sus comunidades locales para las audiencias gacaca. El gobierno ruandés no ha aclarado cómo y bajo qué condiciones se transportará, alojará, alimentará y tratará a los detenidos en el ámbito local. El que el gobierno no haya tratado estos temas podría profundizar las condiciones crueles e inhumanas sufridas por la población carcelaria de Ruanda.
Recomendaciones
Existe la posibilidad de que el gobierno ruandés y la comunidad internacional mejoren la justicia gacaca y establezcan la responsabilidad por todos los abusos contra los derechos humanos del pasado y del presente en Ruanda. Para que esto se logre, el gobierno ruandés debe:
asegurar que la justicia gacaca cumpla con los estándares internacionalmente reconocidos de un juicio justo, incluyendo la presunción de la inocencia y el derecho a tener el tiempo y las condiciones adecuados para preparar una defensa;
asegurar que los acusados ante tribunales gacaca, especialmente los que enfrentan largas condenas de cárcel, tengan el derecho de apelar a una corte del sistema formal;
asegure que los acusados estén presente cuando los magistrados de los tribunales gacaca cataloguen sus ofensas;
establezca un programa independiente y efectivo para controlar las audiencias gacaca, y que sus resultados sean hechos públicos;
suministre una protección adecuada a los magistrados, los acusados y los testigos y que investigue rápidamente cualquier imputación de intimidación;
dé seguridades de que las condiciones de detención respetarán los estándares internacionales mínimos, incluyendo el derecho a condiciones humanas de detención y la ausencia de tortura; e investigaciones abiertas de violaciones de los derechos humanos cometidas por sus propias fuerzas antes y desde que llegó al poder.
Amnistía Internacional está apelando también a la comunidad internacional para que apoye al gobierno ruandés en el establecimiento de un programa de control para la justicia gacaca, para asegurarse de que sea independiente, efectivo y transparente; para asegurar que las autoridades ruandesas actúen rápidamente ante violaciones de los estándares de un juicio justo que se presenten durante los tribunales gacaca; y para suministrar todo el apoyo necesario para permitir que el gobierno ruandés cumpla con sus obligaciones bajo las normas internacionales con respecto a las condiciones de detención
Antecedentes
Un millón de ruandeses fueron brutalmente asesinados por sus compatriotas ruandeses durante el genocidio de 1994 y en el período subsiguiente. Estos asesinatos fueron acompañados por numerosos actos de tortura, incluyendo violaciones.
El sistema gacaca juzgará a detenidos acusados de ofensas en las categorías 2 a 4 de la legislación de genocidio de Ruanda. La categoría 2 incluye a presuntos perpetradores o sus cómplices en homicidios intencionales o asaltos serios que condujeron a la muerte. Los acusados de categoría 2 que no confiesen enfrentan encarcelamiento por un máximo de entre 25 años y condena perpetua, si son condenados. La categoría 3 contiene a personas acusadas de otros asaltos serios contra individuos. La categoría 4 cubre a personas que cometieron crímenes contra la propiedad. La categoría 1 se relaciona con las ofensas de genocidio más serias e incluye a individuos que presuntamente organizaron, instigaron, dirigieron o tuvieron un papel particularmente extremo en la violencia. Los acusados de la categoría 1 seguirán siendo juzgados por el sistema judicial formal.
La carga enfrentada por el sistema judicial posterior al genocidio en Ruanda ha resultado ser insuperable. Las cámaras especiales para el genocidio de Ruanda han juzgado a menos de un seis por ciento de los detenidos por sospecha de ofensas de genocidio. Actualmente hay aproximadamente 100.000 ruandeses en las instalaciones de detención del país, la inmensa mayoría todavía esperan que se les juzgue. Muchos fueron arbitrariamente arrestados y han sido detenidos ilegalmente durante años, con una investigación mínima o nula de las acusaciones en su contra. Las condiciones de hacinamiento y de falta de condiciones sanitarias dentro de las instalaciones de detención equivalen a un trato cruel, inhumano y degradante, provocando muertes por enfermedades prevenibles, desnutrición y los efectos debilitantes del abarrotamiento de las cárceles.
La legislación que establece los tribunales gacaca fue promulgada a principios de 2001. A fines de 2001, 260.000 adultos de "integridad, honradez y buena conducta" fueren seleccionados por las comunidades locales para que sirvieran como magistrados en los más de 10.000 tribunales gacaca. Esos magistrados recibieron un entrenamiento limitado a principios de 2002.