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Argentina: La Lucha continúa

FFAA inquietas por el avance del movimiento social y los piqueteros

Duhalde presionado por banqueros y militares
El gobierno de Eduardo Duhalde sufre la presión de banqueros, grandes empresarios y de las Fuerzas Armadas, para una política más activa en materia de seguridad, donde se retorne a la presencia militar en los asuntos internos.

Presiones sobre el presidente Eduardo Duhalde.

ISIDORO GILBERT
Los banqueros, están hartos de los escarches de los ahorristas frente a los grandes bancos extranjeros reclamando sus dineros. A los militares, le inquietan aparentemente el avance del movimiento social, particularmente el de los piqueteros.
Un trabajo de investigación, realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, revela que el mes de mayo, con 514 cortes de rutas y vías públicas, marcó el récord mensual desde 1997, registrando un incremento del 289% respecto del mes de abril, cuanto tuvieron lugar 132.
Algunos sectores derechistas meten leña al fuego indicando que esos movimientos son en rigor ensayos insurreccionales.
En lo formal, el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, reclama hace rato que se unifiquen en una sola cartera seguridad interna y externa, lo que implica demoler el edificio jurídico implementado desde que este país regresó a las huellas constitucionales a finales de 1983, luego de dejar atrás la pesadilla de la dictadura y su doctrina de la Seguridad Nacional.
Según el Secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, Duhalde le aseguró que él no permitirá la fusión de dos áreas perfectamente diferenciadas.
Pero Clarín escribió ayer que el Presidente escucha dos campanas al respecto.
De un lado, quienes proponen un endurecimiento de la misma para evitar eventuales desbordes sociales en los centros urbanos y para terminar, cuanto antes, con las protestas diarias en calles, rutas y puertas de entidades financieras. Del otro lado se ubican los que prefieren seguir con el estilo actual: cauteloso, "permisivo" según sus críticos, pero signado --sobre todo en la Capital Federal-- por una fuerte presencia policial.
Pánico de los duros
Los sectores que piden "mano dura'' en la que se enrolan algunos gobernadores como el de Salta, Juan Carlos Romero y el de Córdoba, José Manuel de la Sota (y también desde el llano donde se moviliza por regresar como pretendiente presidencial, Carlos Menem), piden la unificación del Ministerio de Defensa con la Secretaría de Seguridad en una sola cartera que controle las dos áreas, cuyas funciones están claramente separadas por las leyes vigentes desde 1983.
La iniciativa es impulsada por el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, con el apoyo tácito del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, durante un seminario sobre temas de Justicia y de Defensa, realizado días atrás.
"Estos cortocircuitos que existen en el Gabinete nacional respecto a cómo encarar el tema de seguridad, arrojarían una primera consecuencia palpable en los próximos días: el secretario del área, Juan José Alvarez --que depende directamente del Presidente-- prepara su renuncia'', escribe Clarín.
Esta dualidad de criterios del Presidente en todo caso blanquea un hecho: de que piensa seriamente en endurecer el perfil de su gobierno.
Pero no se trata solo con lo ocurre ahora. El ajuste que se viene por las negociaciones --ahora aparentemente cercanas--con el FMI en el Gobierno prevén una mayor tensión social a futuro.
Hay un hecho claro: la represión que ocurrió el 19 y 20 de diciembre en Capital Federal y otros puntos del país, tienen procesados al ex Secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov y al ex jefe de la Policía Federal, Ruben Santos.
Ahora se reveló que los asesinados en esos días en Rosario, lo fueron por balas de plomo de la policía santafesina, asunto que no deja bien parado a su gobernador, Carlos Alberto Reutemann, que aunque lo niegue, no oculta su ambición presidencial.
Dos concepciones
Otro dato a tener en cuenta: Alvarez se ha negado a judicializar el conflicto social y desde que ocupa su cargo de Secretario de Seguridad, no hubo represión, sino contención.
A Duhalde le reclaman desde la derecha el "cumplimiento de la ley'', es decir que los fiscales actúen de oficio cuando "de la acción de protesta se pasa a la comisión de un delito". El ejemplo que ponen las fuentes consultadas es la rotura de cajeros automáticos, los cortes de calles o los ataques a edificios públicos.
Hay una corriente de pensamiento en el Congreso, sobre todo entre algunos legisladores del PJ, que adhiere a esta concepción de la seguridad y acaso sea una presión extra para el Presidente. Ya se han reunido varias veces para analizar el tema con Alvarez, con el jefe de la SIDE, Carlos Soria, y con el secretario privado de Duhalde, José Pampuro, entre otros.
La eventual acción militar ante un estallido social que desborde a las fuerzas policiales está ligado a esto. Pero es analizada por otros actores. La alternativa choca con la letra de las leyes de Seguridad Interior y de Defensa, que delimitan la participación militar en asuntos internos. La idea no sólo es abonada en ámbitos castrenses. Habría varios funcionarios del Gobierno, nexos informales con los jefes de las tres armas, que abonan esta lógica.
Piensan, como Jaunarena, un dirigente del radicalismo que ya fue ministro con Raúl Alfonsín y con De la Rúa, que aumentando la influencia de las Fuerzas Armadas se "compensaría" la falta de proyección profesional de los militares, una situación que es resultado de los sucesivos recortes presupuestarios.
Un pretexto infantil: Jaunarena es la voz militar en el gobierno y no la opinión política dentro de las FFAA. Tan pueril como argumentar la fusión de dos carteras de diferentes funciones 'por razones de ahorro'''.
Hay preocupación.