Argentina: entre la desintegración y la revolución

* Enero-Mayo de 2001
Desde junio de 2001 hasta junio de 2002, el número de bloqueos de carreteras ha aumentado aún más, fundiéndose y combinándose con otras formas de lucha, incluyendo las marchas masivas de los cacerolazos (marchas de gente de la clase media que hacen sonar sus cacerolas), levantamientos masivos urbanos (puebladas), asaltos de supermercados en búsqueda de comida y el levantamiento nacional del 19 y 20 de diciembre de 2001 (en especial, el 20 de diciembre).
Varias lecciones teóricas emergen de un análisis del MTD. Primero, la idea de que los desempleados, fuera de las fábricas, no pueden organizarse porque están demasiado dispersos, fragmentados y sin apoyo social es falsa. Los MTDs demuestran que su situación social común, la dirección desde abajo con raíces en trabajadores que antes habían estado organizados sindicalmente a través de asambleas populares en estructuras horizontales puede tener éxitos organizativos aún en plena depresión, a pesar de la hostilidad y la indiferencia de toda la dirigencia político-partidaria y sindical. El punto focal de la acción social colectiva se ha movido de la fábrica a la calle, especialmente a medida que el desempleo en los barrios de clase trabajadora ha alcanzado el 40-60%, el subempleo, el 20-30% y el hambre afecta a más de un tercio de los niños de familias de clase trabajadora.
La masa activista se ha "feminizado" en gran parte, dado que en la mayoría de los casos las mujeres son cabezas de familia y están a la cabeza de la organización de las barricadas y de los sistemas de apoyo logístico (ollas populares a la orilla de las carreteras). Las mujeres de familias de clase trabajadora aportan al MTD la experiencia de dos décadas de organización vecinal, primero a través de los planes de reforma vecinal de los diferentes regímenes, y durante los últimos siete años, a través de los militantes autónomos del MTD.(49) Los bloques de rutas han evolucionado, de ser acciones esporádicas, casi espontáneas, en actividades sistemáticas y organizadas, coordinadas entre miles de desempleados. En 1998 hubieron 51 cortes de rutas, 252 en 1999, 514 en 2000 y casi mil en 2001.(50) En 2002 los cortes de rutas se combinaron a menudo con levantamientos generalizados, particularmente en las provincias del interior, aunque también en la región del Gran Buenos Aires. En enero de 2002, por ejemplo, los cortes de rutas acompañaron a movilizaciones populares en Córdoba, Santa Fe, el Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Salta y Formosa.(51) Las luchas combinadas incluían tanto las demandas de los miembros del MTD como las de los otros sectores de manifestantes, como el pago de salarios adeudados a los empleados públicos, casas para la gente sin techo, el fin de la confiscación de los ahorros y la distribución de alimentos. En algunos casos se saquearon edificios municipales y supermercados, se asaltaron las mansiones de los gobernadores y se ocuparon asambleas legislativas provinciales.
El saqueo de negocios minoristas puede ser diferenciado según los organizadores y los objetivos perseguidos. (1) Aquellos organizados por los jefes bajo la tutela del partido peronista (Justicialista), particularmente antes del 19 y 20 de diciembre de 2001, para desestabilizar la presidencia de De la Rúa, un dirigente del Partido Radical. (2) Aquellos que se organizaron "espontáneamente" por los indigentes y los pobres con hambre. (3) Aquellos que el MTD organizó o amenazó con organizar como una medida de presión para negociar con los supermercados para asegurar donaciones voluntarias.(52) El grado de organización y el trabajo de los MTDs varía grandemente a lo largo y ancho del país. El MTD en Matanza, bajo la dirección de D'Elía, tiene 25.000 afiliados, organizados por barrio en la municipalidad de Matanza, una ciudad de más de un millón de habitantes. En Mosconi, Cutral-Co y Tartagal, ex-ciudades petroleras, el MTD está dirigido por ex-trabajadores petroleros, antes sindicalizados y bien pagados. En Mosconi, un impresionante conjunto de talleres pequeños y micro empresas se ha establecido en lugar de los planes estatales "cosméticos" que incluye panaderías, herrerías, obras de construcción y otras ramas de actividad.
Queda claro que los piqueteros no son sólo lo aparentan ser, trabajadores desempleados que luchan por la justicia social. En particular el Partido Peronista, ahora en el poder, ha usado los subsidios de trabajo para intentar dividir al MTD, distribuyendo los formularios de solicitud a través de sus jefes barriales y organizando bandas de malhechores para romper las reuniones a nivel local. A esto se suma que jefes peronistas locales han contratado desempleados para asaltar e intimidar las asambleas populares en varios barrios, aunque rara vez se atrevan a intimidar al MTD.
En algunos municipios, el MTD se ha estado expandiendo gradualmente pero ha tenido problemas en la organización de la producción a pequeña escala. En Solano, por ejemplo, la membresía se ha duplicado hasta alcanzar más de 1.200 miembros en un año.(53) Algunos proyectos, como una panadería local, construcciones, herrerías y talleres de costura han tenido éxito, pero los huertos caseros han fallado debido a las inundaciones frecuentes y a la falta de experiencia agrícola. Asimismo, el MTD enfrenta el problema de mantener la disciplina laboral, especialmente entre algunos sectores de los jóvenes desempleados que son militantes en las barricadas, pero que nunca han experimentado la puntualidad del reloj y la prontitud a la hora de cumplir con las obligaciones laborales, lo que causa roces y conflictos al interior de los colectivos.(54)
El MTD es una fuerza potente, aunque cada vez más dividida en organizaciones sociopolíticas con conflictos y competencia entre sí. El MTD en Matanza, conducido por D'Elía y otros bajo la influencia de la CCC (coordinadores basados en la clase) colaboran y negocian con el régimen de Duhalde. En lo táctico, han diluido fuertemente el impacto de los cortes de ruta al permitir 'rutas alternativas' en búsqueda de lo que llaman "alianzas policlasistas". Estos tipos de grupos del MTD trabajan de cerca con la confederación sindical disidente CTA en subordinar la confrontación a la negociación. Ninguna de estas organizaciones participó en el levantamiento de masas del 19 de diciembre y D'Elía se opuso a la participación el día 20. Estos grupos del MTD son claramente reformistas.
Los grupos radicales del MTD están dispersos por todo el país y en la región del Gran Buenos Aires. Incluyen a Aníbal Verón, Almirante Brown, Teresa Rodríguez, Solano y muchos otros, incluyendo a afiliados regionales de la CCC que han mantenido el estilo militante y confrontativo de la acción social, el total bloqueo de las vías de comunicación y su autonomía de todas las confederaciones sindicales.
Sin embargo, los mismos grupos radicales del MTD están divididos entre sí a lo largo de las líneas políticas, con el Polo Obrero trotskista, el 'Tierra y Liberación' comunista y otras formaciones que compiten por la hegemonía.(55) El resultado es que el MTD radical, en el mejor de los casos sólo tiene alianzas tácticas, mientras que se encuentran en conflicto más bien a menudo, al punto tal de llevar a cabo negociaciones separadas con el régimen.
A pesar del formidable crecimiento y poder alcanzado por los MTD, no han alcanzado todo su potencial. Han tenido éxito en asegurar la asistencia temporal de subsistencia, pero no han sido capaces de convertirse en una fuerza para la transformación del sistema. En parte esto es debido a las barreras impuestas por la burocracia sindical colaboracionista y al conflicto entre los diferentes MTDs. Los MTDs no tienen una dirigencia nacional aceptada y reconocida capaz de organizar un plan nacional de lucha, el cual podría confluir con las asambleas populares, con los levantamientos populares y los sindicatos disidentes, particularmente con los empleados públicos. Cuando un levantamiento popular de masas tuvo lugar en la capital, los MTDs no lo condujeron ni aportaron a sus actores principales, a pesar de que en los años previos de escalamiento de la acción directa crearon un clima favorable.
El Levantamiento Popular del 19 y 20 de Diciembre de 2001
Las banderas rojas de la izquierda marxista, por lo general omnipresentes, las centrales sindicales disidentes y los piqueteros estuvieron casi completamente ausentes cuando decenas de miles de argentinos marcharon a la Plaza de Mayo enfrente al Palacio Presidencial, la Casa Rosada, la calurosa tarde del 19 de diciembre de 2001. Este fue el comienzo de un levantamiento de dos días que terminó con el aborrecido gobierno de De la Rua y su zar económico Cavallo, y que costó las vidas de entre 30 y 40 manifestantes y miles de heridos y detenidos.
Lo que comenzó como una serie de caceroleadas en los barrios pronto de volcó hacia las principales avenidas en una multitudinaria protesta pacífica pero estridente. La gente de clase media miró la verdad a la cara – sin ahorros ni acceso a sus cuentas bancarias, muchos sin trabajo o a punto de perderlo, incapaces de pagar las hipotecas de sus casas, las tarifas de los colegios y la salud, se veían caer en la clase media y seguir de largo directo hacia la pobreza. Para muchos de ellos esa fue su iniciación en la lucha política callejera de masas. Habían creído fervientemente en las promesas de Menem de que ingresarían al primer mundo; habían gastado y habían pedido préstamos, visitaban las brillantes boutiques de moda en los nuevos centros comerciales, ignoraban o eran molestados por los bloqueos de tráfico de los desempleados. Sólo los empleados públicos, la clase media de cuello blanco, que le hacían frente a los recortes y, en las provincias, a los largos retrasos en el pago de los salarios expresaban alguna solidaridad con los movimientos de masas en ascenso. Entonces, la recesión se asentó en 1999 y se profundizó en 2000, el desempleo comenzó a afectar a los negocios de clase media y a la clientela de los psicólogos. Los servicios se caían a pedazos.
Ya en 2001, la recesión se estaba convirtiendo en una depresión, el financiamiento externo se estaba secando y, con la cesación de pagos en el horizonte, sectores de la clase media-alta y alta comenzaron a retirar sus fondos seguidos con retraso por la clase media y media-baja. Por noviembre, cuando la economía estaba colapsando, la clase media salió en carrera a retirar sus fondos, sólo para descubrir que no les era permitido hacerlo, precisamente en el momento en el que los dos principales partidos, la Corte Suprema y el régimen bloqueaban sus cuentas. Obligados a confiar en su propia voz, se congregaron agresivamente enfrente de los bancos, en especial de los extranjeros, el Banco de Boston, el Citybank, el de Galicia, el de Escocia, tratando de forzar las puertas, protestando con rabia y decepción, y expresando su despertar político. Durante más de dos décadas los bancos saquearon el país, sus recursos, su tesoro público, a medida que las ganancias de los exorbitantes intereses llenaban sus cajas fuertes, mientras que la clase media apoyaba al régimen bipartidista (Radicales/Peronistas) que supervisaba el saqueo. Entonces, le llegó el turno a los ahorros de la clase media. De la conformidad complaciente a las estentóreas erupciones callejeras, la clase media buscaba acceder a su dinero. Los bancos y el régimen se convirtieron en blancos de su ira.(56)
Los vecinos iban a reuniones para hablar de su calvario, para expresar su rabia y su solidaridad. De reuniones informales a nivel de barrio, comenzaron a extender sus horizontes a calles más alejadas, hasta las principales avenidas, donde habían visto marchar a los pobres, a los piqueteros. Salieron a las calles y algunos se desquitaron la rabia en los cajeros automáticos, también rompieron las vidrieras de los bancos. Las calles se iban llenando, el ruido de las cacerolas se iba haciendo más alto, y cada vez salían a la calle más vecinos con sus cacerolas de los balcones de sus apartamentos. El 19 de diciembre convergieron enfrente de la Casa Rosada, ignorados por el presidente, confrontados por la policía montada, involucrados en una manifestación ilegal. Las cifras de los asistentes varían de 100.000 a 200.000, pero el hecho significativo fue que la clase media estuvo enfrente al Palacio Presidencial pidiendo la renuncia del Presidente. De hecho, pidiendo la renuncia o el derrocamiento de toda la clase política (que se vayan todos). La policía atacó con bastones, gas lacrimógeno y balas de plomo. Varios manifestantes fueron asesinados, cientos fueron heridos, una marcha pacífica de protesta se convirtió en una batalla campal, a medida que los manifestantes de mayor edad huían, los jóvenes respondían. Trabajadores mensajeros en sus motocicletas les proveían de los informes logísticos y de inteligencia. El centro de Buenos Aires estaba lleno de gas, un campo de batalla sangriento con llantas ardiendo, lleno de combatientes callejeros tirando piedras y milicos de gatillo alegre, reminiscentes de la Intifada palestina.
Sin ser ni totalmente espontáneos ni mínimamente organizados, los días y semanas que siguieron a la confiscación de los bancos, lo humillante de los oídos sordos de los voceros públicos, los grotescos salarios y los beneficios extras de los legisladores (12.000 dólares al mes más mordidas y coimas), todo eso fue una enorme provocación que quebró el conformismo consuetudinario y la complacencia, y sobre todo, la fe en el sistema electoral y en la idea de un gobierno representativo.
En los barrios, las asambleas llenaban las plazas donde la falta de confianza pública se puso en evidencia: las asambleas rechazaban los dirigentes, las agendas arregladas, las etiquetas partidarias (hasta las de la izquierda), todo debía de discutirse y someterse a votación, pero a menudo era muy poco lo que se implementaba.(57)
La ausencia de la Izquierda en el primer día del levantamiento (el 19 de diciembre) puede atribuirse a varios factores, tanto ideológicos como organizativos.(58) La mayor parte de la izquierda operaba a partir de un análisis clasista rígido del cual deducía un determinado comportamiento político. La izquierda era en general "obrerista", lo que no salía de las fábricas era algo sospechoso. Esta rigidez adoptaba la siguiente lógica: obrero fabril-sindicalización-partido revolucionario-huelga general- revolución. Mientras tanto, los trabajadores sindicalizados se convirtieron en una minoría, la mayoría de los trabajadores eran sub- o desempleados y muchos de ellos estaban organizados en el MTD. Tardíamente, la izquierda se volcó a organizar, movilizar y fragmentar al MTD.
Análogamente, la izquierda perdió de vista la dinámica de la movilidad de clase: la rápida movilidad descendente de la clase media, su empobrecimiento y proletarización. Habiendo perdido todos sus ahorros, a la clase media no le quedaba nada por perder – profundamente alienada de sus tradicionales valores conservadores. Estaban abiertos a un nuevo estilo democrático de política callejera y formas directas de democracia de estilo asambleario.
La izquierda sólo se sumó al levantamiento en el segundo día, el 20 de diciembre, y sólo los activistas, dado que los dirigentes permanecieron en sus cuarteles generales dedicados a la estrategia. El 20 de diciembre, importantes contingentes de sindicalistas del sector público, piqueteros, activistas marxistas y decenas de miles de miembros de la clase media radicalizada salieron a las calles. Miles de jóvenes, de estudiantes de clase media baja hasta jóvenes piqueteros desempleados se sumaron a la marcha y a los eventuales enfrentamientos con la policía frente al Palacio Presidencial en Buenos Aires y en otras grandes ciudades. La manifestación de la clase media de movilidad social descendente fue el detonante de la arremetida masiva y continuada contra el poder. Cuatro gobiernos entraron y salieron en rápida sucesión durante los siguientes 14 días.
El levantamiento fue exitoso en varios puntos importantes. El régimen de Saa declaró que la Argentina no cumpliría con el pago de la deuda. El pueblo fue capaz de obligar la renuncia de cuatro presidentes. El levantamiento deslegitimó a la clase política y al poder judicial, exponiendo su venalidad y su carácter antinacional y antipopular.
El levantamiento de masas del 19 y 20 de diciembre fue único en términos históricos por una serie de razones: fue la primera vez en la historia de la Argentina que un levantamiento popular había derrocado a un líder elegido o dictatorial en bancarrota. Fue la primera vez en la historia en la que la mayoría de los argentinos confrontaron y rechazaron a toda la clase política. El levantamiento y la solidaridad que le siguió condujeron a la creación nuevas y creativas formas de representación popular directa en la forma de asambleas barriales, y nuevas tácticas de lucha, las manifestaciones de caceroladas que eran capaces de bloquear las decisiones estatales que afectaban adversamente a la gente (tales como el intento del régimen de Duhalde de convertir los ahorros confiscados en bonos fijos recuperables a cinco años).
Luego de la selección de Duhalde como presidente a través de una conspiración de jefes del partido peronista, gobernadores y unas pocas promesas demagógicas, las dos centrales sindicales oficialistas, la CGT y la CGT-Moyano respaldaron su régimen. La vasta mayoría de la población se opuso desde el inicio, y lo fue haciendo cada vez más a medida que pasaba el tiempo. A seis meses de vida del régimen, su apoyo se ha diluido hasta menos del 10% y ha enfrentado una nueva ola de cortes de rutas y huelgas generales.
Las asambleas populares comenzaron a descansar cada vez más en las comisiones de trabajo para implementar cambios de políticas a medida que las sectas marxistas comenzaban a penetrar, debatir, discutir acerca de las tácticas, los programas y toda la cháchara partidaria, alienando a muchos y logrando reclutar a unos pocos.(59) Hubo un retroceso temporal con respecto al clímax alcanzado en diciembre de 2001.
El movimiento cacerolero ha demostrado su capacidad para vetar las nominaciones y decretos presidenciales. Sin embargo, su falta de un enfoque claramente político y su estructura organizativa difusa debilitaron su capacidad de consolidar un poderoso movimiento nacional. La guerra interna entre las sectas de izquierda minó el atractivo de las asambleas para muchos participantes. A pesar de las debilidades que se iban poniendo de manifiesto, la experiencia política y la sensación de poder han mantenido a una corriente de opinión cada vez más radical y creciente entre la clase media empobrecida. Los sondeos de opinión acerca de los candidatos presidenciales afines de mayo de 2002 favorecían a un marxista, Zamora, por encima de todos y cada uno de los de los grandes partidos.
La Revuelta en las Provincias
El 17 de abril, los trabajadores portuarios de La Ensenada (Provincia de Buenos Aires) tomaron por asalto la mansión del gobernador demandando el pago de los salarios del mes anterior. A ellos se les sumaron empleados públicos con su sindicato (ATE) y maestros con su sindicato (SUTEBA). (60) Ese mismo día, miles de maestros en huelga en Córdoba marchaban hacia el gobierno provincial, al tiempo que miles de sindicalistas y piqueteros manifestaban en apoyo a los desocupados que las oficinas del Ministerio del Trabajo demandando trabajos públicos.(61) Por toda la provincia de Chubut, miles de desempleados y sindicalistas marchaban en las principales ciudades por trabajo y contra los recortes presupuestarios, mientras que en Catamarca, los trabajadores se encontraban en el segundo día de una huelga provincial en demanda del pago de sus salarios atrasados desde marzo.(62) En San Juan, los empleados públicos tomaron el parlamento provincial, enfrentándose con la policía, demandando sus salarios atrasados. El 18 de abril, los empleados públicos y los desocupados de las provincias de Chubut y Jujuy se enfrentaban a la policía al tiempo que se abrían paso hacia el parlamento provincial.(63) Entre los manifestantes había trabajadores bancarios, maestros, empleados públicos que demandaban pagos atrasados mientras que los desempleados pedían trabajo. En Jujuy, además de atacar y parcialmente destruir la asamblea legislativa, saquearon un supermercado, atacaron los cuarteles generales de los grandes partidos y las casas de dos políticos del régimen.(64)
Las "provincias están en llamas" y el gobierno se está armando. El Secretario de Seguridad del régimen le pidió a la policía estatal (la Gendarmería) que diseñara un programa de entrenamiento policial provincial para reprimir los conflictos sociales y solicitó ayuda "técnica" internacional (incluyendo armas y asesores). (65)
La rebelión en las provincias está profundamente enraizada en las políticas liberales del último cuarto de siglo, que han desindustrializado las economías provinciales. Hoy sólo quedan unas pocas empacadoras de carne en la tercera ciudad de Argentina, Rosario. Donde los padres estaban empleados como cortadores de carne, sus hijos están desocupados. Su única experiencia de cortar carne es la de algún viaje en un camión descubierto que lleva ganado al mercado, la única carne en su dieta durante muchos meses, si no en años.(66) La desindustrialización es un resultado de la privatización, de la bajada de las barreras comerciales, y de la entrada en masa de importaciones baratas, así como de las barreras comerciales hacia la carne y los productos agrícolas en Europa y los EEUU. El incremento en los costos de transporte y energía y la falta de inversiones del gobierno para el mejoramiento de las industrias y la promoción de nuevas empresas también han contribuido a la desaparición de la industria.
Los despidos masivos y las altas tasas de desempleo que afectan al Buenos Aires de fines de los 90s hasta el presente, comenzaron una década antes en Rosario, Tucumán y otras ciudades del interior. El libre mercado ha minado a los productores locales en las provincias, mientras que los beneficiarios a corto plazo en Buenos Aires disfrutaban de bienes de consumo importados baratos. Las industrias alimentaria, textil y de bienes de consumo declinaron y el sector de agroexportación sufrió de los subsidios y el proteccionismo de los productores europeos de estadounidenses. Más aún, los enclaves exportadores en las provincias (el petróleo, la minería, la agricultura) hacían un uso intensivo de capital. Absorbían pocos trabajadores. La privatización barrió con decenas de miles de puestos de trabajo, particularmente en la industria petrolera, a medida que los nuevos dueños extranjeros cerraban sus operaciones en las provincias, convirtiendo los pocos enclaves en provincias como Neuquén en centros de desempleo y estallidos sociales. La promesa del régimen de crear empleos alternativos para los trabajadores desplazados por las empresas privatizadas nunca se materializó.
El ingreso individual declinó a medida que se multiplicaban las bancarrotas de los comercios. El comercio interprovincial declinó debido a las reducciones en el transporte de las aerolíneas y vías férreas privatizadas, mientras que los costos del transporte por carreteras se elevaron debido al alza de los peajes por parte de los dueños privados.
Los ingresos en el presupuesto de los gobiernos provinciales cayeron estrepitosamente, mientras que sus costos fijos se elevaban debido a la crisis social. Para cubrir el déficit cada vez mayor y evitar estallidos sociales, los gobiernos provinciales recurrieron crecientemente al financiamiento federal y a imprimir monedas locales. El sector público provincial expandía sus servicios no-productivos al tiempo que el sector productivo declinaba. El sector público se convirtió en el empleador de primera y última instancia. Los partidos políticos dominantes y los jefes partidarios provinciales se robaban decenas de millones de pesos del gobierno local y regional, desviaban ganancias de empresas provinciales y financiaban grandes maquinarias electorales, perpetuándose en el poder por medio de trabajos para algunos, al tiempo que arruinaban la economía y empobrecían a las mayorías excluidas de los despojos del estado.
Las principales IFIs (Banco Mundial, FMI, BID) no se quejaban mientras los jefes políticos corruptos respaldaban al Presidente Menem y su agenda liberal al tiempo que imponían e implementaban el proceso de privatizaciones en sus propias provincias. Vivir de las dádivas del gobierno federal, que reforzaban las desigualdades sociales y regionales, era una forma de contra-insurgencia. Cuando las rebeliones populares se intensificaron, los gobernadores provinciales y legisladores corruptos se aseguraban un préstamo o un paquete de ayuda del gobierno federal para pagar salarios atrasados o crear puestos de trabajo ficticios.
Cuando la recesión y luego la depresión golpearon al país, particularmente a Buenos Aires y al gobierno central, los fondos de las provincias disminuyeron. Los gobernadores locales convertibles y reconocidas sólo dentro de su jurisdicción, limitando las transacciones interprovinciales, el transporte, la movilidad y los viajes. Con el fin de los recursos públicos privatizables en orden de asegurarse nuevos financiamientos de las IFIs, el gobierno federal se vio obligado a aceptar drásticos recortes de la ayuda a los gobiernos provinciales. Con el default, las IFIs demandaron que el gobierno federal impusiera fuertes trabas fiscales sobre los gobiernos provinciales ya casi en la bancarrota y la eliminación de las monedas provinciales, provocando así despidos masivos, quiebras y un enorme crecimiento de la pobreza.
Las provincias se rebelaron. Como lo notaba el Financial Times, "Con niveles de pobreza que aumentan día a día y gobiernos provinciales cortos de dinero, incapaces de pagar a los trabajadores y ofreciendo limosnas a los pobres, hay temores de una nueva ola de violencia."(67) Una semana después entraba en efecto una masiva huelga general de 24 horas. El conflicto político de clases se intensificó durante todo 2002. El resultado final de la lógica de privatizaciones y liberalización de los mercados fue una rebelión política generalizada que se extendía de provincia en provincia, moviéndose hacia el centro de Buenos Aires y hasta la sede del poder político y financiero.
Las rebeliones provinciales son muy similares a los levantamientos populares en el sentido de que incorporan una amplia variedad de estratos sociales en las mismas movilizaciones de masas: empleados públicos, maestros de escuela, trabajadores desempleados, obreros industriales a los que no se les ha pagado el sueldo. La línea clara y definida entre los sindicatos conducidos burocráticamente, las asambleas populares y el MTD (trabajadores desempleados) que opera en la capital, se desdibuja en las provincias. Allí, por lo general, los sindicatos de la ATE y de los maestros se involucran en acciones conjuntas con los trabajadores desempleados apoyando las demandas de pagos atrasados. La distancia social entre los dirigentes y los miembros de base de las centrales sindicales de las provincias se ha acortado. Muchas familias tienen miembros que son empleados del estado y otros que son desempleados. La lucha de clases es principalmente contra el estado, el estado neoliberal, a pesar de las demandas de alternativas son difusas. Muchas rebeliones han terminado con el retorno del patronazgo estatal, pagando unos salarios atrasados por aquí y creando unos pocos empleos por allá. Sin embargo, ya en 2002 la capacidad del "patronazgo estatal" de terminar temporalmente con las rebeliones es extremadamente limitada, justo al tiempo que el ingreso cae y el desempleo llega al 30-40% en las ciudades y al 60-70% en las villas.
El resultado de esto fueron las "puebladas" – levantamientos de ciudades enteras que se rebelan, tomando edificios públicos, bloqueando carreteras y tomando legisladores como rehenes. El ciclo de acción radical seguido por la elección de políticos conservadores está cambiando. El período de movilizaciones populares se está extendiendo y los niveles de acción se están intensificando al tiempo que los políticos electorales, despropósitos de patronos, están totalmente desacreditados. La acción colectiva en las calles es más representativa de los intereses y actitudes de la gente que los gobernadores y legisladores en funciones. Las puebladas crean una especie de "poder dual" en funciones que, sin embargo, no ha encontrado la forma de institucionalizarse.
La crisis cada vez más profunda ha homogeneizado a vastos sectores de la población: los profesionales han visto caer su ingreso en dos tercios, los empleados públicos no han recibido sus salarios desde hace meses (salarios reducidos en un 70%), y sus ahorros han sido confiscados. Las puebladas son una clara expresión de la creciente homogeneización de las clases sociales, de su situación social común. La acción conjunta y la solidaridad entre empleados, profesionales y desempleados personifican este declive de las distinciones socioeconómicas.
Aunque las rebeliones sociales se hacen cada vez más frecuentes, intensas e incluyentes, y aún cuando tienen lugar en al mismo tiempo, no están coordinadas y no tienen una dirigencia interprovincial generalmente aceptada, ni un programa económico alternativo. La táctica es "ofensiva", las demandas son "defensivas". Sólo en unas pocas instancias la clase obrera ha tomado la iniciativa o creado patrones alternativos de propiedad y de relaciones sociales.
Las Tomas de los Trabajadores: Brukmann y Zanón
El poderoso movimiento piquetero de los desempleados, las tan extendidas asambleas barriales, el levantamiento del 19 y el 20 de diciembre de 2001 y la huelga general del 29 de mayo de 2002 apuntan hacia una oposición masiva a los regímenes neoliberales, sus políticas y sus dirigentes. Lo que es igualmente importante, esas acciones colectivas de masas demandan cambios profundos en la política económica nacional e internacional y en las relaciones con los bancos extranjeros, las IFIs, Washington y el G-7. No ha habido una definición clara de una alternativa político-económica radical a nivel nacional. Sin embargo, a nivel local dos ejemplos indican la alternativa revolucionaria – una transformación de la propiedad y las relaciones sociales: las ocupaciones y puesta en operación de varias fábricas por los trabajadores. Las más conocidas de estas ocupaciones tuvieron lugar en Neuquén, en la planta de cerámica Zanón, y en Buenos Aires, en la fábrica de textiles Brukmann. Esas dos fábricas bajo control de los trabajadores apuntan hacia una alternativa a los cierres de fábricas, los planes cosméticos de trabajo del estado y las ollas populares.
Durante la primera mitad del año 2002, los cierres de plantas se multiplicaron y los despidos de trabajadores se aceleraron: en enero, 1000 trabajadores al día; en febrero, 2000 al día; en marzo, más de 65.000 estaban en la calle.(68) Varias fábricas amenazadas por cierres, fueron ocupadas por los trabajadores para evitar más despidos y la venta de la maquinaria. Los propietarios, con la ayuda de burócratas sindicales colaboracionistas, procedieron a obtener órdenes legales de evacuación de los locales y enviaron a la policía para desalojar a los trabajadores. Las ocupaciones de los trabajadores siguieron una secuencia específica.(69) Primero, los trabajadores en las fábricas votaron para reemplazar a los delegados de fábrica en deuda con la burocracia sindical, con representantes combativos electos que respondían ante las asambleas de fábrica. Luego, procedieron a destituir por medio de votaciones a los cargos ocupados por los colaboradores en el sindicato local. Con una nueva dirigencia y las decisiones en manos de las asambleas de fábrica, los trabajadores votaron a favor de hacer resistencia contra los cierres de las plantas, ocupando y operando ellos mismos las fábricas. Las fábricas operadas por los trabajadores y los nuevos sindicatos se aseguraron el poyo de las asambleas populares en la ciudad, de activistas sindicales a nivel local, de estudiantes universitarios, sobre todo, del MTD. Enfrentados con amenazas de desalojo, las asambleas sindicales llamaron a sus aliados en las asambleas barriales y en el MTD para hacerle frente a la policía. Enfrentados con una resistencia masiva de un amplio y decidió espectro de organizaciones, la policía se tuvo que retirar.
Las fábricas operadas por los trabajadores se han asegurado el apoyo técnico de las universidades y el personal administrativo de las propias fábricas. Pero la principal innovación organizativa ha sido el establecimiento de comisiones encargadas de los insumos y de las ventas, la salud y la solidaridad, así como otras áreas a medida que van surgiendo nuevos retos. En la fábrica de cerámicas Zanón, los antiguos dueños presionaron a los proveedores para que recortasen la venta de insumos, reduciendo así la producción de un 80 a un 25% entre febrero y marzo de 2002.(70) Desde entonces, la comisión de los trabajadores se ha movido para restablecer las redes de abastecimiento.
Los trabajadores de Zanón y Brukmann no ven la ocupación de fábricas aisladas como la solución, dada la crisis general, así como el alto nivel de desempleo. Ellos apoyan una ofensiva generalizada de los trabajadores para ocupar las fábricas y demandar la propiedad pública bajo el control de los trabajadores, o sea el socialismo. Las experiencias de Brukmann y Zanón han recibido la atención nacional y se han convertido en puntos de referencia para otros trabajadores que enfrentan cierres de fábricas. Pero el primer paso hacia cualquier transformación social reside en el establecimiento de representantes de fábrica y dirigentes sindicales democráticamente electos a base de asambleas que respondan a las asambleas de fábrica. En todas las luchas para impedir los cierres de fábricas, las confederaciones sindicales nacionales y sus representantes locales han sido los grandes obstáculos para las ocupaciones. Los ejemplos de Zanón y Brukmann indican que la destitución de las actuales elites burocráticas es el primer paso en la confrontación exitosa con los dueños de las fábricas y el estado. Las ocupaciones de fábricas son vistas por la nueva dirigencia democrática como el primer paso hacia una transformación nacional, de ahí su apoyo a la demanda del MTD "por un empleo de verdad" por unos salarios de los que se pueda vivir en actividades productivas socialmente necesarias (construyendo escuelas, hospitales, viviendas de bajo costo, artículos de consumo popular). Las fábricas bajo control de los trabajadores están basadas en la organización clasista en el lugar de trabajo de y por los mismos trabajadores; el éxito de su perspectiva de lucha de clases se encuentra en agudo contraste con el enfoque colaboracionista de los burócratas a nivel nacional que han fracasado en contener los despidos masivos y que han entrado en acuerdos implícitos y explícitos con el régimen con la esperanza de asegurarse puestos de trabajo cosméticos para los desempleados, o simplemente para mantener sus salarios e incentivos.
Aunque el alcance del movimiento de tomas de fábricas por los trabajadores sea limitado y pequeño en número de participantes en comparación con otras formas de movilización de masas, ciertamente es el más significativo en lo que respecta a una poderosa alternativa de sistema social, y una alternativa democrática al sistema electoral elitista y corrupto que ha llevado a la Argentina por el camino de la desintegración.
Alternativas: Plan Fénix o Plan Prometeo
A la luz del colapso total y completo del modelo neoliberal argentino han emergido varios modelos de desarrollo alternativo. Uno de ellos, el Plan Fénix (PF), propuesto por 100 economistas y cientistas políticos, es el que ha circulado más ampliamente y de mayor influencia en círculos intelectuales.(71) El otro, que podemos llamar Plan Prometeo, está articulado al interior de las organizaciones democráticas revolucionarias emergentes.
El PF es tanto un diagnóstico crítico de las políticas neoliberales y una prescripción de cambio y desarrollo. El diagnóstico crítico cubre un amplio espectro de áreas de política económica, desde políticas fiscales, de gasto público, ALCA y MERCOSUR, hasta las privatizaciones y las políticas tecnológicas.(72) Mientras que la mayoría de los analistas son críticos hacia las políticas neoliberales, algunos lo son más que otros. Azpiazu y Basualdo, por ejemplo, son más críticos hacia las estructuras de poder que Katz y Stumpo, que son liberales bastante ortodoxos.(73) Las virtudes principales del PF se encuentran en su crítica de la total desregulación de la economía, la apertura indiscriminada al mercado mundial, la reducción unilateral y radical de las barreras tarifarias (sin reciprocidad), la pérdida de control sobre la política monetaria a través de la dolarización de facto, el desmantelamiento del estado como instrumento de la política económica, la gran concentración del poder económico y la falta de transparencia en la privatización de las empresas públicas. El rechazo por parte del PF de los argumentos de los ideólogos de la globalización de que el estado- nación ya no es un instrumento viable para la definición de políticas es parte de un nuevo proyecto para revitalizar el rol del estado en la búsqueda de una política industrial que priorice el desarrollo del mercado interno y de la competitividad a nivel internacional.(74)
En el área de reformas, el PF se concentra en asegurar reducciones en los pagos de la deuda a través de una moratoria o una reducción de los mismos – el documento es contradictorio. En todo caso, sus moderadas propuestas han sido sobrepasadas por los eventos ulteriores, dado que tres meses después de la publicación del PF el gobierno entró en default. El PF favorece un incremento de los impuestos a los ricos, los grupos financieros y otros sectores "no-productivos", y la eliminación de los subsidios para las clases privilegiadas. Los ingresos así obtenidos serían canalizados hacia las inversiones generadoras de empleo en áreas socialmente útiles (escuelas, viviendas de bajo costo, centros de cuidado infantil), así como en programas de capacitación para los trabajadores. La premisa básica del documento del PF es que una coalición de partidos políticos, sectores privados productivos, y la sociedad civil serían las bases políticas para un nuevo régimen regulador.(75) El estado dirigiría al capital financiero para financiar el capitalismo productivo, al capital financiero para reinvertir sus ganancias en la economía nacional, y al capital productivo para invertir capital en actividades socialmente útiles. La prioridad del PF sería la de desarrollar un plan nacional de desarrollo para reactivar la economía, fijar prioridades sociales, proteger selectivamente a los productores locales, buscar fuentes de financiamiento doméstico y luego negociar con las IFIs, incluyendo al FMI.(76) El énfasis estaría concentrado en la transformación interna y en el rol del estado nacional, no en acuerdos externos con las IFIs.
El PF propone "reprogramar los pagos de la deuda" para asegurar un "período de gracia" a través de la negociación con las IFIs y asegurar créditos del G-7 para desarrollar un estado de bienestar, basado en una economía privada regulada por el estado. Citando ejemplos de Europa Occidental en los 60s e inicios de los 70s, el PF creía que el estado de bienestar y el capitalismo eran compatibles. La coalición para llevar adelante sus políticas se asemeja a los componentes de la alianza "nacional- popular" de los 40s y los 50s.(77)
El PF contiene una crítica informada de diversos sectores de la economía con una concepción totalmente desfasada de las realidades sociopolíticas y económicas, particularmente el comportamiento, intereses y orientación de las clases sociales, los partidos políticos, la banca extranjera y las IFIs.
Como uno de los contribuyentes al PF, Alfredo García señalaba, "En el marco político, cualquier propuesta económica sólo tiene validez si hay una fuerza social capaz de instrumentalizarla."(78)
El PF es básicamente un plan neo-estructuralista que acepta el proceso de privatizaciones, la distribución de la propiedad y las relaciones sociales de producción existentes.(79) Los dueños realmente existentes de los bancos, las fábricas, las telecomunicaciones, las propiedades, la tierra y los minerales para nada son cuestionados. La reforma básica es la de insertar al estado para que regule su comportamiento, reduzca los excesos del mercado, aumente los impuestos y les convenza de que aumentes sus inversiones en el sector industrial, en el consumo doméstico y en el bienestar social.
Hay varios problemas con las políticas reguladoras. Las clases dominantes políticas y financieras han esquivado y resistido todos los intentos por "reorientarlas" porque están atadas a los circuitos internacionales. Los intentos anteriores de regulación han llevado a fugas de capitales en masa – tal y como se vio cuando se publicó el PF – aunque ambos eventos no estuviesen directamente conectados. La regulación parte de que existe una economía viable, que no es el caso de la Argentina, en este momento. El PF es publicado en un momento de depresión. Cuando la economía está retrocediendo un –15% al año y el ingreso cae en un 60%, el proponer "regular" en un contexto de unas tasas de quiebras en alza no tiene sentido. La cuestión de la intervención estatal implica grandes inversiones públicas directas en un sector público, lo que sólo puede tener lugar por medio de la re-socialización y nacionalización de los sectores económicos estratégicos.
Las medidas de bienestar social e inversiones públicas no pueden ser financiadas por medio de impuestos adicionales cuando los inversores han mandado sus ahorros al extranjero o caen las ganancias. Cuando el régimen de Duhalde intentó "retener" las ganancias del sector agroexportador, éste organizó un boicot productivo que hizo retroceder al régimen.
Las propuestas adelantadas por el PF subestiman totalmente la amplitud y profundidad de la crisis argentina – la desintegración de la economía y de la sociedad. El proponer políticas paliativas en un momento todo el sistema productivo-financiero-distributivo se está rompiendo es totalmente inadecuado para relanzar la economía.
Los supuestos del PF de que las IFIs y los bancos privados van a cooperar reduciendo sus ganancias (a través de impuestos) y bajar sus trasferencias hacia sus sedes centrales, se estrella contra las realidades prácticas. Los bancos privados retiraron enormes sumas de sus ganancias y de los depósitos de los ahorristas y se han resistido a refinanciar a sus subsidiarias durante todo el período 2000-2002, un comportamiento difícilmente compatible con el pagar mayores impuestos, reinvertir sus ganancias en la Argentina y expandir el bienestar social. Sobre este último punto, la reestructuración propuesta por la banca extranjera incluye echarle al estado el fardo de sus pasivos de depósitos, despidiendo hasta 2/3 de la fuerza de trabajo, reduciendo el número de subsidiarias y, en algunos casos, cerrando y yéndose del país, como fue el caso del Banco de Escocia y varios otros.
El rechazo de las IFIs para conceder o extender el crédito a la Argentina por no hacer ésta más concesiones liberales o recortes difícilmente se puede entender como un signo de que éstas "negociarían nuevos créditos y refinanciamientos" a un régimen que implemente impuestos a las transacciones de la banca extranjera, que limite el movimiento de las ganancias y "oriente" a los bancos a prestar dinero a los sectores productivos de la Argentina que produzcan para el mercado doméstico, tal y como lo propone el PF.
El PF subestima los lazos entre las IFIs y el capital extranjero en el contexto de los 1990s. Su extrapolación del estado de bienestar de los años 60s, cuando los sindicatos eran fuertes, el comunismo era una alternativa, el capitalismo se encontraba en expansión y el capital financiero estaba subordinado al capital industrial, es una clara falta de comprensión del contexto global y nacional actual. El capital está vinculado a los mercados internacionales y es profundamente hostil al estado de bienestar en su conjunto – en todas partes. Las burocracias sindicales tienen poca influencia y los partidos políticos nacionalistas/populares ya no existen.
La extrapolación del PF no logra darse cuenta de que hoy en día el capitalismo euroestadounidense no puede ser "regulado" – desinvierte, se retira de los países, hace resistencia; desestabiliza para evitar la regulación, el bienestar social y los impuestos progresivos. La cuestión es nacionalizar el capital en función de regularlo – cambiar el carácter de las relaciones de propiedad en función de realojar las inversiones, invertir en la economía doméstica, y financiar el bienestar social y la infraestructura.
Sin embargo, el fallo más grande del documento del PF reside en su total dependencia del estado para estimular, colaborar con y alentar a los "agentes privados": subsidiar al sector privado (para crear puestos de trabajo), trabajar con el capital extranjero para reinvertir las ganancias, regular el comportamiento de las empresas privatizadas para corregir las tarifas excesivas y el mal servicio, etc. La crítica al ALCA sigue la misma línea: El ALCA es criticado por las barreras tarifarias y subsidios de los EEUU, más que por las desigualdades estructurales entre las CMNs [Corporaciones Multinacionales, N. Del T.] gigantes del Norte y los sectores industriales de la Argentina. La crítica del PF, aún si fuese aceptada por los EEUU (algo extremadamente poco probable, dado que la administración Bush aumentó sus subsidios a la agricultura), podría aumentar ciertas exportaciones agrícolas, pero continuaría perjudicando a la industria local y a algunos productores de IT. Igualmente problemático es el tipo de estado que propone el PF. El problema no son sólo la incompetencia, el nepotismo y la corrupción – que ciertamente son serios problemas, como Oszlak correctamente lo señala,(80) sino la composición política del estado y aún más, de toda la clase política.
Luego del colapso de la economía argentina, toda la clase política ha sido desacreditada, inclusive todos los partidos que el PF propone como componentes de su "nueva coalición social". La "coalición de fuerzas productivas" propuesta por el PF carece de realismo – los empleadores están despidiendo trabajadores, reduciendo jornadas laborales, bajando los salarios, empleando trabajadores temporales, cerrando fábricas y mudándose a otros lugares (dentro y fuera del país), transfiriendo su capital a otros sectores o al extranjero. Los trabajadores están ocupando fábricas, los desempleados están cortando rutas y tomándose edificios municipales, y hasta se levantan para derrocar presidentes. Esta realidad hace no-viable a la "coalición social" propuesta – los niveles e intensidad del conflicto social, la fiera competencia sobre los escasos recursos, han rotos todos los lazos entre el capital y el trabajo. Los "productores nacionales" no han mostrado propensión alguna para financiar programas de bienestar – excepto para su propia sobrevivencia y fuga.
Las bases policlasistas para una economía mixta de bienestar social no se han materializado durante los últimos 20 años de políticas electorales. Por el contrario, cada coalición electoral victoriosa (Alfonsín, Ménem, La Alianza) durante las últimas dos décadas se ha basado en una coalición nacional-popular que al llegar al poder implementó duras medidas neoliberales, siguiendo el rumbo marcado por los grupos empresariales y financieros dirigentes.
Los pequeños y medianos productores del interior y de Buenos Aires pueden jugar un papel, pero ciertamente que no en términos de exportaciones, financiamiento y creación de empleo en gran escala y a largo plazo en el contexto actual.(81) Las tasas más altas de quiebras se encuentran precisamente en este sector, y éste paga los salarios más bajos y provee la cobertura social más baja para los trabajadores. Las PYMES difícilmente son empleadores modelo desde el punto de vista de los trabajadores.
El peligro del PF es que no logra comprender o siquiera menciona los problemas de la confrontación con el imperialismo de los EEUU. (82) El default es hoy una realidad, y el Tesoro de los EEUU y el G-7 han lanzado un ultimátum: pagar, recortar, despedir trabajadores y acabar con los déficits de las provincias, o de lo contrario habrá un bloqueo financiero/crediticio. No hay una estrategia ni un acuerdo en el documento del PF acerca de cómo hacer frente a una confrontación política global. Sin prestar atención a una agresión económica (y militar) de los EEUU/Europa, los autores actúan como si fuese una cuestión de hacer reformas a nivel nacional y negociar a nivel internacional. Pero son precisamente las reformas a nivel nacional – aún los cambios graduales -- las que no son aceptables para los EEUU y Europa, por miedo ante el efecto de contagio que unas reformas exitosas podrían tener en los países vecinos.
El documento del PF está disociado de los poderosos movimientos sociales y de los levantamientos políticos que han tenido lugar. Éstos ni siquiera son mencionados de pasada. Los desempleados organizados, las asambleas populares, los movimientos de tomas de fábricas, las rebeliones en las provincias, todos aquellos que tienen un interés directo por las metas de bienestar, desarrollo y empleo del PF son ignorados. En lugar de esto, el PF mira hacia los desacreditados burócratas sindicales de las confederaciones, los partidos políticos y los dirigentes que han sido la principal causa del desastre para que vuelvan a poner en escena una nueva coalición popular-nacional con capital extranjero y créditos de las IFIs.
El seguir la lógica política y social del PF significa que cualquier régimen que emerja será presionado por sus propios agentes económicos privados para descartar las disposiciones de bienestar social y las regulaciones nacionales para asegurarse un mínimo de cooperación para la producción. La hegemonía interna se revertiría hacia los "agentes privados" y los programas de bienestar social serían subordinados a la maximización de las ganancias a corto plazo.
Si, por otro lado, las "fuerzas sociales" de la coalición ganan ascendencia, los "agentes económicos privados" probablemente se aliarían con el capital extranjero y el G-7 para desestabilizar al régimen y provocar una intensificación del conflicto social tendiente a crear una inestabilidad política favorable a la derecha.
Dada la inviabilidad del programa de reforma regulatoria del PF en el contexto argentino y global actual, la alternativa es un retroceso hacia la política neoliberal en bancarrota o un cambio revolucionario que incorpore las reformas sociales del PF en una estructura económica realista, socializada con el apoyo de sus principales beneficiarios.
El Plan Prometeo: La Alternativa Revolucionaria
Antes que nada está la necesidad de una nueva coalición social del 80% de los argentinos que sufren un severo deterioro de sus niveles de vida, incluyendo al 55% que se encuentra por debajo del nivel de pobreza. Sólo los trabajadores desempleados y subempleados llegan a cerca del 50% y la clase media empobrecida incluye otro 20- 30%. Esta es una coalición de bases amplias, que no está vinculada a los bancos extranjeros. Éstos son sus enemigos jurados por haber confiscado sus ahorros. Esto le da al estado socialista la base social para renacionalizar la banca y el sistema financiero y provee una base política para resistir las presiones de los banqueros del G-7. La nacionalización del comercio exterior le daría al estado un mecanismo para reorientar el intercambio con el exterior para financiar la inversión pública y la industrialización del país. La renacionalización del petróleo le daría al estado ingresos y beneficios para estimular la capacitación, la infraestructura y los proyectos sociales generadores de empleo. Los impuestos progresivos y la recolección de impuestos pueden ser ejecutados bajo amenazas de expropiar las propiedades de los evasores y delincuentes fiscales.
Las reformas estatales propuestas por el documento del PF deberían de articularse con nuevas formas asamblearias de representación popular y la incorporación de los nuevos movimientos sociales (los piqueteros) en los gobiernos locales y municipales. Las asambleas populares deberían ejercer un control directo sobre las asignaciones de los presupuestos y los gastos, una forma avanzada de presupuesto participativo. La propiedad de los sectores estratégicos de la economía es esencial para mantener las políticas redistributivas, tal y como lo atestiguan las décadas recientes. Con las privatizaciones aumentaron las desigualdades, el poder de decisión de las políticas macroeconómicas fue monopolizado por poderosos grupos económicos.
La crisis económica ha bajado el ingreso per cápita en dos tercios. Dados los escasos recursos y la desintegración de la base productiva, sólo la propiedad pública bajo el control de los trabajadores puede expandir la base material y generar una mayor igualdad. Una mayor igualdad depende de que el control social del ingreso sea distribuido. La propiedad social está en el centro del Plan Prometeo. Combina los impuestos y los gastos del PF pero dentro de sector de propiedad social vastamente más amplio, democráticamente controlado por los productores directos y administrado por una administración pública meritocrática. Es prometeico porque involucra la reconstrucción total de una economía en vías de desintegración con un tejido social despedazado frente a los poderosos adversarios imperiales de EEUU y Europa. Sin embargo, el tener control sobre los sectores básicos de la economía significa el retorno y la reinversión de las ganancias en la Argentina. El default significa el ahorro de más del 50% de los ingresos de las exportaciones. La diversificación de la producción y la reactivación de la economía significan que se puede hacer un uso óptimo de la capacidad no utilizada existente. El MERCOSUR, la China, los países árabes y sectores de la UE y Rusia ofrecen mercados alternativos ante cualquier boicot organizado por las IFIs. Las inversiones públicas en la innovación, la tecnología, la investigación y el desarrollo pueden incorporar a la fuerza de trabajo argentina, altamente capacitada pero actualmente subutilizada. La reactivación de los mercados internos y la protección selectiva de los productores de las provincias pueden expandir los mercados. Las inversiones públicas en infraestructura pueden emplear a los desempleados y facilitar el comercio entre las provincias y a lo interno del MERCOSUR.
El Plan Prometeo incorpora las críticas del Plan Fénix y las amplía, de modificar el comportamiento de actores privados a transformar su posición estructural. Prometeo incorpora algunas de las reformas sociales específicas del PF, pero las ubica en un marco de propiedad político-económica más realista que evita las trabas y amenazas de la no-cooperación privada y/o extranjera. Prometeo reemplaza la coalición nacional-popular propuesta por el PF con una coalición popular más realista enraizada en los movimientos sociales realmente existentes y sus intereses.