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Nuestro Planeta

19 de febrero del 2003

España: El "insumergible" Ansuategui patina por enésima vez pero no cae
El Delegado del Gobierno obligado a rectificar

Rebelión / Ecologistas en Acción

La Sección 9ª de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado "nula" la resolución de la Delegación de Gobierno en Madrid que prohibía el recorrido de la manifestación del 23 de febrero para exigir responsabilidades en el caso del Prestige, convocada por la Plataforma Nunca Máis de Galicia con el apoyo de un centenar de organizaciones ecologistas, sociales, sindicales y políticas. Según el Tribunal, la resolución del Delegado del Gobierno, D. Francisco Javier Ansuátegui, "vulnera el derecho de reunión y de manifestación"..
La Plataforma presentó un recurso contra la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid que intentaba hacer fracasar la movilización ciudadana poniendo trabas en el recorrido y la duración..
Ansuátegui utilizó la misma maniobra con la histórica manifestación del pasado sábado, aunque en este caso rectificó en las negociaciones con las organizaciones convocantes. No ha sido el caso de la manifestación del 23 de febrero, que tras conversaciones mantenidas el viernes y el lunes, la Delegación del Gobierno se negó en redondo a permitir el trayecto solicitado. Pero hoy martes 18, se ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que da la razón a la Plataforma Nunca Máis..
El recorrido solicitado -y confirmado por la justicia- es el siguiente: salida a las 12:00 horas del domingo 23 de febrero de la Ronda de Atocha, Paseo del Prado, Plaza Cánovas del Castillo, Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Calle de Alcalá y finaliza en la Puerta del Sol..
Para Ecologistas en Acción, una de las organizaciones madrileñas que están apoyando la manifestación, este caso no es más que un ejemplo de la actitud del Delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, que trata de apagar las manifestaciones en Madrid que no le son gratas, vulnerando así un importante derecho de los ciudadanos que, desde 1979, es básico para la Democracia.