Foro de Acción (AEFJN) y Comité de Solidaridad con África Negra .

El agua es la vida. Allí donde escasea el agua, se establecen el hambre, la miseria y las enfermedades, los desiertos progresan y las poblaciones tienen que emigrar. La ONU estima que el 80% de las enfermedades que afectan a los habitantes de los países del Sur empobrecido están provocadas por la contaminación del agua. Además, 2,5 billones de personas no tendrán acceso al agua potable y sanitaria en el 2025. El agua potable y unas condiciones de higiene adecuadas son esenciales para la salud y la vida de todo ser humano. Nadie pone en duda que las estrategias innovadoras dirigidas a garantizar la protección de los ecosistemas y recursos hídricos frente a la contaminación, y el reparto equitativo del agua para la alimentación y el medio natural, son las claves para un desarrollo sostenible. Pero, ¿quién debe controlar el agua? .
Como es sabido, el control de la depuración y distribución del agua potable y sanitaria en España ha pasado, en los últimos años, de los municipios a las empresas privadas (Aguas de Barcelona, Aquagest, Aqualia, F.C.C., etc.). Una privatización impulsada por el Partido Popular con la contestación de los partidos de la oposición y el movimiento vecinal. La privatización del agua está impulsada por los partidos de ideología neoliberal que defienden la eficiencia de la gestión de las empresas privadas frente a la supuesta ineficacia del sector público. El agua se ha convertido en un gran negocio mundial, y compañías como por ejemplo la Thames Water, que aparte de controlar la distribución de agua en Londres, gestiona acueductos en Puerto Rico, Australia y Tailandia..
En la mayoría de los países africanos, la distribución de agua está controlada por compañías estatales o asociaciones de municipios que garantizan la calidad de agua y su distribución. El Banco Mundial (BM) y las multinacionales compran las fuentes y las concesiones de agua. Desde su punto de vista, el agua es un objeto de inversión y especulación y animan la privatización. Recientemente, el director del departamento del agua y la energía del Banco Mundial declaró que estaría "fuera de lugar" conceder algunos préstamos para el agua y los medios sanitarios en África sin incluir la participación del sector privado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha suspendido una reducción de la deuda en los países cuyos gobiernos se resisten a privatizar el agua o hacerlo rápidamente..
En marzo de 2001, el precio del acceso al agua potable en Ghana se duplicó, pero el 35% de los ghaneses no tienen el acceso al agua potable y sanitaria, el 68% no tienen instalaciones sanitarias, el 60% ganan menos de un dólar por día y el 40% vive por debajo del umbral nacional de la pobreza. Seducida por la promesa de una reducción en los próximos 20 años del 67% de deuda contraída con el Banco Mundial, y por una reducción del 49% de deuda con el FMI durante los próximos 8 años, Ghana subscribió el programa para los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE) en febrero del 2002. Algunos meses antes Ghana había negociado con el FMI el Programa de Reducción de la Pobreza y Crecimiento (PRGF), que esboza las condiciones de concesión de nuevos préstamos. Según este acuerdo, el gobierno aceptó suprimir todos los subsidios a los sectores de agua y electricidad e imponer tarifas (automáticamente ajustadas a las fluctuaciones monetarias) destinadas a cubrir todos los gastos de explotación de los servicios públicos. Este tipo de estrategia habitualmente precede a la privatización. El aprovisionamiento del agua potable, indispensable para la salud de todos, es una responsabilidad pública. En Ghana como en muchos países africanos, el agua se ha convertido en una mercancía fuera del alcance de la población empobrecida..
En el número 28 de Umoya (octubre de 2002) ya publicamos un artículo titulado "Los negocios ocultos de la ayuda oficial para el desarrollo en Ghana" de John Pilger, en el que se pone de manifiesto que el control del agua en este país ha sido transferido a un organismo (Secretariado para la Reestructuración de Sector de Aguas) que depende del Ministerio de Obras Públicas y que es financiado y dirigido en la práctica por el Banco Mundial (BM), junto con el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) británico y el Fondo de Cooperación Económica Internacional Japonés. Detrás de esa "generosa asistencia técnica" hay un formidable negocio en el que el gran capital transnacional busca dominar los servicios públicos del país.