CTA - LA PLATA

No permitieron el ingreso de camiones en la planta de Ensenada. Amenazan con extender la medida por todo el país. Y esperan que el Gobierno nacional anuncie el cronograma de pago de la deuda estatal. Los piquetes en la terminal de Repsol perjudicaron a la empresa, ajena al problemaLos ingresos a la Destilería de Repsol-YPF fueron bloqueados nuevamente ayer por un centenar de ex trabajadores de la petrolera que reclaman el cobro de las acciones adquiridas en 1991 a través del Programa de Propiedad Participada (PPP) que no habían sido reconocidas por el Estado nacional a unos 22 mil ex empleados de YPF, de los cuales más de 5 mil son de La Plata, Berisso y Ensenada..
La interrupción de los accesos, que impide el ingreso y egreso de camiones de combustible a la planta local, se realizó en calle 128 y 60 y en 126 y 43, además del ingreso nº 3 sobre el Camino Vergara, la entrada nº 2 en la Petroquímica General Mosconi, el puente Roma en Berisso y la intersección de Ortiz de Rosas y Almafuerte (Ensenada)..
Daniel Ivelli, secretario general de la mesa de ex agentes de YPF, indicó a este medio que "la medida no sólo se extenderá por Berisso y Ensenada, sino por todo el país. Ante la falta de respuestas del Gobierno vamos a bloquear los ingresos en todas las destilerías del país". Y agregó que: "En enero hicimos un corte y lo levantamos porque entendimos que había que conversar con el Estado, pero a más de 30 días no recibimos una respuesta"..
Los ex trabajadores de la petrolera indicaron ayer que este nuevo corte se extenderá hasta que el Gobierno nacional "de a conocer" el cronograma de pagos y la cantidades que corresponden a cada ex empleado..
La decisión de bloquear los accesos a la Destilería fue aprobada por los ex agentes, luego de una impasse de dos semanas donde se esperó una respuesta definitiva por parte del Gobierno nacional en torno a cómo se saldaría la deuda y cuánto dinero correspondía a cada trabajador. Voceros gubernamentales indicaron que se pretende abonar entre 80.000 y 130.000 pesos a cada uno con bonos a cuatro años y por un monto de alrededor de 1.000 acciones por persona a un precio promedio de 19 pesos la acción..
El cálculo realizado por el Gobierno se basa en la división del dinero por la cantidad de empleados que tenía YPF hasta el 1991 -alrededor de 22 mil agentes-. Sin embargo, los ex trabajadores pretenden que la participación se haga entre 4.000, que era el número de empleados que la empresa tenía cuando en 1997 se pagó el Programa de Propiedad Participada. Esto determinó que cada uno cobrara entre 80 y 130 mil pesos que, por entonces, eran la misma cantidad de dólares..
"Nosotros ya no podemos seguir aguantando esta situación, y el único camino que queda es la lucha. Por eso decidimos cortar los accesos a la empresa", señaló el titular de la comisión, Carlos Tortosa, quien encabeza la protesta de los trabajadores que nunca le iniciaron juicio al Estado y que obtuvieron este beneficio luego de que el Senado ratificara una ley sancionada por el Congreso en octubre de 2001..
Por su parte, voceros de Repsol-YPF indicaron que la empresa "es ajena a esta situación y no adeuda monto alguno a los manifestantes, ya que se trata de una negociación entre el Estado y los ex empleados de YPF durante la administración estatal. No obstante, no se radicó denuncia como lo hiciera en enero pasado con los primeros bloqueos..
Fallos a favor.
El conflicto por las acciones de la ex empresa estatal YPF comenzó el 13 de septiembre de 1991. Por entonces, la firma despidió en forma masiva al personal y pagó indemnizaciones, pero sin reconocer el dinero que correspondía a cada trabajador que tenía acciones clase "c". Los empleados habían sido beneficiados con el 10% accionario de la compañía, luego de la privatización de la petrolera..
Esta irregularidad provocó cientos de reclamos administrativos al Ministerio de Economía, cuyo titular por entonces era Domingo Cavallo. Pero como no hubo una respuesta favorable, la mayoría de los trabajadores recurrió a la Justicia..
Tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones, el fallo fue favorable para los ex empleados. Y luego el Congreso ratificó el pago, que debe hacer efectivo el Gobierno.