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Líderes de organizaciones indígenas, de campesinos y de base de todas las naciones centroamericanas y de México se reunieron en Tegucicalpa, capital de Honduras, en el IV Foro Mesoamericano, una serie de reuniones que tienen el objetivo de defender la ecología del istmo -y de oponerse al Plan Puebla-Panamá (PPP), un proyecto de mega- desarrollo de todo el istmo impulsado agresivamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pocos días antes de la apertura del Foro, tres dirigentes ecologistas campesinos eran asesinados en Honduras-proyectando así una luz descarnada sobre los temas discutidos en la reunión.
En el departamento sureño de La Paz, dos campesinos indios lenca que habían tomado parte en una ocupación de tierras en disputa fueron asesinados en un ataque realizado al amanecer presumiblemente por pistoleros contratados por un terrateniente local. En el remoto departamento norteño de Olancho, un dirigente campesino que se había enfrentado a la explotación ilegal de madera en tierras comunitarias fue asesinado en su casa por un pistolero desconocido. Una pancarta sobre el escritorio de recepción del Foro rezaba así: "RECUERDEN A LOS MÁRTIRES DE LA PAZ Y OLANCHO.
Fue una ironía que el Foro se realizara en una ciudad dominada por los omnipresentes iconos de la cultura corporativa: Burger King, McDonalds, Pizza Hut. En contraste, el letrero sobre el escenario en la Universidad Pedagógica Nacional de Tegucicalpa, donde se realizó el Foro, mostraba un dibujo maya tradicional de un dios del maíz.
El I Foro Mesoamericano tuvo lugar en el verano de 2001 en Tapachula, Chiapas, después de que el BID y el presidente mexicano Fox anunciaran el PPP, un plan que prevé proyectos hidroeléctricos, rutas comerciales de un extremo al otro del istmo y zonas industriales. El Foro se convocó de nuevo en el otoño del 2001 en Quetzaltenango, Guatemala; y en julio del 2002 en Managua, Nicaragua. En la reunión de Tegucigalpa la agenda iba encabezada por los temas sobre la explotación suicida de los recursos nacionales, su privatización y la de sus infraestructuras - especialmente del agua. Una ley de privatización del agua que se encuentra actualmente ante el parlamento de Honduras daría derecho a las municipalidades locales para permitir que contratistas privados controlen sus sistemas de agua. La segunda ciudad de Honduras, San Pedro Sula, ya tiene un contrato semejante con una firma italiana.
Esas iniciativas de privatización son las recetas del BID y del Banco Mundial -pero, como han señalado representantes de todo el subcontinente mesoamericano, están desarrollándose en una atmósfera de impunidad, en la que el control por el público es insignificante y sus oponentes son objeto de asesinatos.
"OTRA MESOAMÉRICA ES POSIBLE"
Uno de los oradores en el Foro, el escritor mexicano Armando Batra, autor de "Los herederos de Zapata" (un estudio de los movimientos campesinos mexicanos posteriores a la revolución), calificó el PPP de ejemplo de "capitalismo salvaje" y afirmó que está dividiendo a México. "Sirve a los intereses de la parte norteña, blanca, del país, que es vecina de EE.UU. y condena a la pobreza a la parte sur, indígena, que es vecina de Guatemala". Pero, haciéndose eco de una consigna frecuente en el Foro, señaló que "otra Mesoamérica es posible". Como modelo alternativo de desarrollo, llamó a "reconstruir los lazos entre los sectores rurales y urbanos, con una producción agrícola para el consumo interno basada en cooperativas locales".
Entre los representantes indígenas de Guatemala en el Foro hubo oponentes a los gigantescos proyectos hidroeléctricos del Río Usumacinta, que forma la frontera entre Guatemala y México. Juan Ixbalan de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC ) de Guatemala, calificó el proyecto respaldado por el BID, que inundaría vastas áreas de selva tropical como de "una nueva conquista de territorio maya".
Mientras los tecnócratas presentan las proposiciones de privatización y de mega- desarrollo como parte de la inevitable marcha hacia la democracia y la modernización, los fantasmas del reciente pasado de América Central volvían a rondar por el istmo. Los dirigentes indígenas guatemaltecos están preparando actualmente una acusación contra el antiguo dictador militar -y actual candidato presidencial- Ríos Montt por cargos de genocidio por la campaña de "tierra arrasada" de los años 80 contra los indios mayas. La Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), dirigida por indígenas, está coordinando a testigos de las masacres de los años 80 de 24 comunidades en los departamentos de Quiche, Huehuetenango, Chimaltenango y Alta Verapaz. Neela Ghoshal, una maestra de Nueva York que recientemente trabajó como observadora de derechos humanos para la AJR y que asistió al Foro dijo: "Los tribunales guatemaltecos probablemente no considerarán el caso, así que tendrán que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en realidad están empeñados [los indígenas] en la búsqueda de justicia".
El 25 de julio, unos días después de terminado el Foro, estallaron violentos disturbios en Ciudad de Guatemala cuando partidarios de Ríos Montt -en su mayoría antiguos miembros de las "patrullas civiles" paramilitares- salieron a las calles para protestar contra una decisión judicial que prohibía la candidatura de Ríos al aplicar una ley que impedía que antiguos jefes golpistas accedan a la presidencia. Los alborotadores erigieron barricadas y quemaron neumáticos, atacando a transeúntes al azar, provocando la muerte por un ataque al corazón de un reportero de la televisión. Cinco días después de los disturbios, la Corte Constitucional de Guatemala anuló el veredicto, permitiendo que el ex dictador continuara la campaña presidencial. El portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher se apresuró a señalar que las relaciones de EE.UU. con Guatemala no se verían afectadas en el caso de que Ríos Montt fuera elegido.
Otro de los oradores, Raúl Moreno de El Salvador, en representación del grupo de desarrollo rural Sinti Techan ("Maíz para el pueblo" en Náhuatl) condenó el Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, (CAFTA, por sus siglas en inglés), diciendo que esos acuerdos "modificarán el orden judicial, subordinando la legislación laboral, las leyes ecológicas y los derechos humanos. El PPP no es neutral -beneficia a EE.UU. y a sus gigantescas corporaciones. El PPP no es reformable". Tampoco, señaló, es inevitable. "Podemos resistir. Los sistemas nacionales de electricidad y de salud siguen siendo públicos en Costa Rica, a pesar del deseo del gobierno y de la Organización Mundial de Comercio de privatizarlos, porque el pueblo no lo quiere".
Magda Lanuza del Centro de Estudios Internacionales de Nicaragua subrayó que los planes para la privatización del agua están aún más avanzados en su país que en Honduras. Varios departamentos nicaragüenses -incluyendo León, Chinandega, Jinotega y Matagalpa- ya tienen contratos privados para sus sistemas de agua con compañías como Suez, el gigante francés del agua (cuyos contratos con gobiernos locales en Suráfrica han provocado críticas internacionales debido a que se han disparado los precios privando así del acceso al agua a numerosas comunidades pobres). Actualmente, como en Honduras, el programa de privatización del agua va a ser impuesto en todo el país como condición previa para un préstamo del BID. Pero Magda predice una batalla política. "Las comunidades locales están preparadas para defender sus recursos de agua", dice. "Comprenden que el agua es la vida".
La energía hidroeléctrica también está siendo privatizada en Nicaragua. La compañía privada Hidrogesa ha obtenido un contrato para controlar la represa Apanás en Jinotegay se permitió que Enron participara en la licitación en 2002, a pesar de los escándalos que la afectan. Pero después de la protesta pública, el contrato ha sido suspendido hasta que exista una ley nacional sobre la privatización del agua. Los indios de Matagalpa fueron reasentados cuando el proyecto fue construido en los años 60 y se oponen ahora a su privatización.
LOS HEREDEROS DE LEMPIRA LUCHAN POR LA TIERRA
Los dos indios lenca asesinados en La Paz, Fabián González y Santos Carrillo, participaban en una ocupación de tierras dirigida por la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), una de las mayores uniones de campesinos de Honduras. En el ataque en la madrugada del 19 de julio contra su campamento, los asesinos abrieron fuego con rifles AK-47. Por una inquietante coincidencia, el día siguiente, el 20 de julio, es el Día de Lempira, un feriado nacional que conmemora la muerte en 1536 del guerrero lenca que resistió al conquistador Francisco Montejo. La tierra en cuestión había sido ocupada por primera vez en 1985, bajo una provisión de la ley de reforma agraria de Honduras que permitía que los campesinos ocupen tierras privadas no utilizadas y comiencen un proceso para su eventual expropiación y la transferencia de títulos a los campesinos. Hoy en día, la ley de reforma agraria en Honduras está prácticamente revocada.
La líder lenca Berta Cáceres subraya la ironía de que Lempira se haya convertido en un símbolo de orgullo nacional ahora que por la modernización se han perdido los derechos a la tierra y la cultura de los lenca. "El contexto indígena ha sido invisible en Honduras durante demasiado tiempo", dice. "Pero ha habido un nuevo proceso de lucha desde la campaña de 500 años de Resistencia en 1992 y la revuelta zapatista en Chiapas en 1994. Nos estamos organizando para defender el territorio lenca".
Cáceres es coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que representa a 47 comunidades en el centro lenca de los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. Fue fundado en 1993 y ha estado a la vanguardia de un renacimiento cultural y político lenca. Después del Foro, visité la modesta oficina de COPINH en la localidad de Intibucá.
Los lencas forman parte de los grupos indios chibchas ubicados más al norte, cuya esfera cultural comienza al sur de la de los mayas y se extiende hacia América del Sur. Su lenguaje sólo sobrevive en unas 45 palabras -que se refieren casi todas a animales y plantas, como la Sierra de Puca-Opalaca, que significa "montaña alta" en lenca. También han adoptado el náhuatl, la lingua franca de la esfera cultura azteca- maya, para comunicarse con los pueblos vecinos.
Desde 1993, COPINH organizó una serie de "peregrinajes indígenas", en los que han participado unas 4.000 personas, a sitios sagrados locales asociados con santos y vírgenes (y, anteriormente, con divinidades y dioses ancestrales lencas) - como la Virgen de Lourdes en Ilama, departamento de Santa Bárbara y la Virgen de Remedios en Tomala, Lempira. Cáceres dice que esos peregrinajes "asociaron las tradiciones culturales y espirituales de los Lenca con nuestras reivindicaciones políticas". COPINH también ha recurrido a tácticas más militantes, como la ocupación en 1993 de fábricas locales de madera para protestar contra la deforestación.
Las reivindicaciones del COPINH han logrado algunos resultados - como el cambio de las fronteras municipales para otorgar control legal a las comunidades lenca sobre sus territorios. En 1994 se creó la primera municipalidad nueva, San Francisco Opalaca, en el departamento de Intibucá -la única municipalidad en el país en la que toda la tierra es de propiedad colectiva y es administrada por un consejo indígena. Seis municipalidades nuevas más fueron creadas en los años siguientes.
Bajo la reforma agraria hondureña, algunas tierras nacionales fueron transferidas a colectivos campesinos, que las conservaron como privadas, pero no para ser revendidas. Bajo la ley de Modernización Agraria de 1992 -conocida como la "contra- reforma" -ahora pueden ser revendidas. La "contra-reforma también anuló las reglas para la expropiación de tierras privadas no utilizadas para su redistribución a ocupantes campesinos. Además, el Instituto Nacional Agrario (INA) comenzó a privatizar tierras nacionales e incluso "ejidos", las tradicionales tierras comunales dependientes de las municipalidades que habían sido protegidos desde la era colonial.
Salvador Zúñiga, miembro del comité ejecutivo de COPINH menciona el cambio de la política "populista" de los años 60, cuando se inició la reforma agraria, a la política "neoliberal" de la actualidad, que es apoyada por EE.UU., el Banco Mundial y el BID y lleva a un retorno a la ideología liberal del siglo XIX de privatización de las tierras y de los recursos públicos o colectivos. En el ínterin ocurrió la cruenta represión de los años 80, en la que -aunque fue menos dura que en los vecinos El Salvador y Guatemala- se produjeron los asesinatos y la "desaparición" de cientos de dirigentes campesinos y la decapitación de las cooperativas campesinas. "La política neoliberal de la actualidad es el fruto de la guerra de baja intensidad de los años 80", dice Zúñiga.
Y esa guerra continúa. Los dirigentes indígenas siguen siendo el objetivo de asesinatos. El 17 de mayo de este año fue asesinado Teodoro Martínez, un dirigente indígena xicaque del departamento Francisco Morazán que había estado dirigiendo una campaña contra las operaciones madereras ilegales. Martínez había sido dirigente de otra alianza indígena, la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) -cuyo fundador, Vicente Matute, fue asesinado en 1989, el mismo año en el que apareció la organización.
OLANCHO - PROBLEMAS EN LA FRONTERA SALVAJE
En otro viaje al campo hondureño después del Foro, me uní a una delegación rumbo a Olancho, organizada por el principal grupo de derechos humanos del país, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) fundado durante la represión de los años 80. Olancho, el departamento más grande de Honduras, está habitado en gran parte por colonos mestizos provenientes de las zonas central y sureña del país que fueron alentados por el gobierno para que colonizaran la frontera salvaje del norte en los años 60 y 70 del siglo pasado. Como pasa siempre, los intereses económicos siguieron a los colonos y actualmente las montañas cubiertas de pinos de Olancho están siendo rápidamente despojadas por los barones locales de la madera. Por la carretera, nos cruzamos con numerosos camiones cargados de inmensos troncos de pinos, que se dirigen al sur, hacia la Carretera Panamericana y los mercados extranjeros. También observamos serrerías que cortaban los grandes troncos en tablas.
En la noche del 18 de julio, Carlos Arturo Reyes, fue asesinado a tiros en su hogar en la municipalidad de El Rosario en Olancho. Reyes había fundado el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) en 2001 y había dirigido una Marcha por la Vida a través del país en junio de 2003, en la que 30.000 marcharon de Olancho a Tegucicalpa para exigir una ofensiva contra las operaciones madereras ilegales. MAO utilizó marchas, reuniones comunitarias y finalmente -en febrero de este año- bloqueos de caminos para cortar el paso a los taladores para presionar a favor de sus pedidos de participación comunitaria en la redacción de lo que el grupo llama un "plan racional de explotación". Se comenta que otros veinte miembros del MAO están ahora en la lista de los asesinos.
Otros ecologistas campesinos también han sido asesinados en Olancho durante los últimos años. El 30 de junio, Carlos Flores de La Venta, una aldea en la municipalidad de Gualaco, fue asesinado a tiros frente a su casa con un AK-47. Como dirigente del Central de Patronatos de La Venta de Gualaco (CEPAVEG) se había opuesto a que la empresa privada Energisa, contratada por el gobierno hondureño construyera una represa hidráulica en el cercano río Babilonia. Dos de los guardias de Energisa terminaron por ser arrestados, pero Gilberto Flores, primo de Carlos, dice que "los autores intelectuales siguen libres".
Gilberto, que sigue involucrado en la oposición al proyecto de la represa, se enfrenta ahora a amenazas de muerte; un miembro de la Policía Nacional ha sido asignado para su protección en La Venta. Gilberto informa que el 14 de junio le apuntaron con una AK-47 desde un coche de paso, en Juticalpa, capital del departamento de Olancho.
Gilberto subraya la necesidad de detener la deforestación de Olancho y de luchar por mantener el control público sobre los recursos hidráulicos: "En muchas municipalidades en Olancho no hay agua. Cavamos pozos pero no encontramos. El departamento se está resecando. Esto ha sucedido durante los últimos 20 años, junto con la exagerada explotación de nuestros bosques."
Cerca de 100 camiones repletos de madera salen cada día de Olancho hacia Trujillo, el puerto caribeño del norte.
Parece que Rafael Ulloa, antiguo alcalde de Gualaco, también es un objetivo de los asesinos. Ulloa protesta porque la apropiación del río Babilonia para la represa hidráulica representa un cambio total de las prioridades nacionales. "Oficialmente, el agua debe servir en primer lugar para el uso municipal, luego para la irrigación y finalmente para la generación de electricidad. Pero las comunidades que están río abajo perderán el acceso al río como resultado de este proyecto".
El pequeño río Babilonia desciende desde las montañas del mismo nombre en una serie de cascadas y termina por llegar al río Tinto Negro que desemboca en el Caribe en el norte. La ubicación de la represa se encuentra oficialmente dentro del Parque Nacional Sierra de Agalta y fuera del trabajo de construcción, la montaña cubierta de bosques es ciertamente hermosa. Desde La Venta partimos en caballos y mulas subiendo por el empinado y enlodado sendero que es utilizado también por los trabajadores de Energisa. El área es demasiado escarpada e inaccesible para los equipos pesados y los trabajadores suben los tubos de plásticos a la montaña sobre sus espaldas, o atados entre pértigas improvisadas de madera. El sendero sigue la zanja excavada en la ladera de la montaña que desviará el río por los tubos de plástico hacia la estación hidroeléctrica que estará más abajo, pendiente de construcción. Arriba, la represa en sí ya está terminada, elevándose sobre la primera catarata, pero todavía tienen que cerrar las compuertas e inundar las tierras que han sido excavadas. Un guardia de Energisa armado con una escopeta vigila.
Los campesinos de La Venta también nos llevan al cercano Las Delicias en la vecina municipalidad de San Esteban -donde la policía nacional y pistoleros privados expulsaron a unas 20 familias de 83 manzanas de tierra el 23 de julio. Al otro lado de la cerca de alambrada de púas, vemos los restos de casas recientemente arrasadas. Las familias, colonos del departamento de Choluteca en el sur, llevaban más de 20 años en la zona. Ahora viven en una atiborrada escuela de una pieza y en campamentos improvisados en terrenos municipales adyacentes. Dicen que los tribunales decidieron a favor de la familia de rancheros Calderón en la disputa por las tierras, a pesar del título a la tierra de los campesinos. El caso está pendiente ante el INA, pero las familias, que trabajaban su tierra como un colectivo campesino, tienen pocas esperanzas de que se vaya a cambiar la decisión. Dicen que también les robaron su escaso ganado al expulsarlos y que éste probablemente terminó en las amplias tierras de la familia Calderón. Heribeta Aguilar, una abuela expulsada, señala: "Vinimos aquí buscando una vida mejor - ahora todo se acabó". Y un agricultor desalojado, Silverio Molina, agrega: "Moriremos luchando por la tierra y el agua".
Los campesinos desalojados nos muestran una destartalada camioneta Toyota aparcada cerca de su campamento. El lado del conductor está acribillado a balazos - por una AK-47, antes del desalojo - según dicen, por pistoleros de Calderón. El conductor, Cándido Cruz, perdió una pierna durante el ataque y ahora cojea sobre muletas.
Otro luchador por el medio ambiente amenazado de muerte en Olancho es el padre José Andrés Tamayo, un cura nacido en El Salvador que ahora dirige la parroquia que sirve tanto a Salama como a El Rosario, donde mataron a Carlos Reyes. También él nota una dramática disminución de la productividad en la tierra de Olancho como resultado de la erosión y del aumento de la aridez resultantes de la destrucción de los bosques de la región. "Hace sólo cinco años, los campesinos de aquí sacaban 30 sacos de maíz por cada manzana", dice. "Ahora generalmente son sólo doce".
En el camino entre Salama y El Rosario, el padre Tamayo muestra una gran extensión de tierra montañosa y arbolada propiedad de un "cacique" local -un barón terrateniente y jefe político apoyado por la corrupta burocracia. Dice que de la tierra del cacique salen frecuentemente camiones llevando madera y que las laderas de las montañas están siendo rápidamente desforestadas. Al otro lado de la ruta, más laderas arboladas forman el muro opuesto del valle. Ahí, dice Tamayo, están las tierras comunales de las comunidades campesinas locales. Pero también están siendo saqueadas por los barones madereros locales, que compran a los dirigentes campesinos con dinero en efectivo o con alcohol. Tamayo afirma que un 80% de la madera cortada en Honduras es talada ilegalmente.
El 2 de marzo de 2002, el diario hondureño El Heraldo informó que el ex jefe de la agencia nacional de forestación, COHDEFOR, Marco Vinicio Arias, fue acusado de corrupción por permitir la tala ilegal de árboles en la reserva de la biosfera del Río Plátano, que se extiende al norte de Olancho hacia los bosques húmedos subtropicales y tropicales de la Mosquitia.
Tamayo dice que el negocio de la madera en Olancho está en manos de seis compañías que forman una turbia red que se superpone a la de las narco-bandas que utilizan Olancho como paso para la cocaína destinada a EE.UU. que circula entre los puertos clandestinos de la Costa Miskito y la Carretera Panamericana. Los ingresos de la madera son utilizados para lavar los beneficios del narcotráfico y ambos acaban financiando el armamento de bandas paramilitares de estilo mafioso. Tamayo se refiere a las bandas de la madera como "narco-madereros".
Tamayo afirma que la madera es revendida sobre todo a compañías de EE.UU. para su exportación y que gran parte es descargada en New Orleans y en otros puertos de EE.UU. Una vez más, el poder corporativo parece tener una relación incestuosa con las bandas criminales y paramilitares que aterrorizan el istmo. "Ésta es la segunda conquista de Mesoamérica", dice Tamayo.
Nuestra delegación a Olancho terminó con un colofón ominoso. El 29 de julio el día después de nuestro retorno a Tegucicalpa, el periódico La Prensa publicó una foto en su primera plana de hombres enmascarados portando rifles en un denso bosquecillo de pinos, afirmando que era un grupo de ecologistas radicales que se estaban armando para defender los bosques de Olancho. Su supuesto líder, el "Comandante Pepe", afirmaba que tenía 10.000 hombres a sus órdenes. En un artículo adjunto, se mostraba al presidente hondureño Ricardo Maduro mirando consternado las fotos de "Pepe" en el mismo periódico. Se le citaba diciendo "Están haciendo un gran daño al país", señalando que los presuntos eco-guerrilleros se veían como "zapatistas o miembros de Sendero Luminoso". También se le citó prometiendo que emprendería una ofensiva: "No voy a permitir que exista ningún grupo armado que genere violencia. No importa de qué lado estén, porque en este caso no hay un motivo justificado"- También se citaba al padre Tamayo, diciendo que el misterioso Pepe y sus seguidores eran en realidad una creación de las bandas de la madera "para desacreditar el movimiento".
Título original: Indigenous Opposition to Plan Puebla Panama
Link: http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=54&ItemID=4004
Traducido por Germán Leyens y revisado por Luis Klink
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