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Latinoamérica

9 de julio del 2003

Colombia y la política de fumigaciones
¡S.O.S!

Lucho Garzon
Polo Democrático
Poco le han importado al Presidente de la República las plegarias de la Conferencia Episcopal que, a través del obispo de Putumayo, ha denunciado los riesgos que conlleva la estrategia de la fumigación.

La ley 30 de l986 borra los límites entre pequeño, mediano y gran productor, e ilegaliza a los campesinos al darles trato de criminales, excluirlos del Estado y lanzarlos a engrosar los contingentes del paramilitarismo o de la guerrilla. Y a los pocos que no criminaliza, los pone a cuidar bosques que, por efecto de los químicos utilizados en la aspersión aérea, van a desaparecer.

Es posible que se hayan reducido los cultivos de Putumayo, pero también es evidente que se ha generado un "efecto globo" consecuente con la historia de esa estrategia. En los setenta, México y Jamaica eran los objetivos de las fumigaciones con Paracuat (el glifosato de esa época). Luego se trasladó ese fenómeno a la Sierra Nevada de Santa Marta, después a Perú y Bolivia y, finalmente, a Putumayo.

Hoy, en el Guaviare, los cultivos se han incrementado en 10 mil hectáreas; en Arauca se triplicaron; en Nariño aumentaron en 15.000 y su extensión llega a los departamentos de Huila, Norte de Santander y la Zona Cafetera. Además de trasladar cultivos, reduce ofertas, aumenta precios y estimula siembras en otros lugares a bajos costos por ocupar terrenos silvestres cuyos derechos de propiedad se desconocen o están en discusión. No necesariamente aquí se puede aplicar la proporción de que reducir áreas de cultivo significa menor producción por razones de innovación tecnológica.

¿Por qué en los Estados Unidos el Departamento de Estado no ordena fumigar el sur de California, invadido de cultivos de marihuana, y sí pretende responsabilizar a los colombianos de un nivel de consumidores que llega casi a 200 millones de ciudadanos en el mundo? ¿Por qué no se atacan los centros financieros que se lucran con la comercialización de la droga?

¿Hasta dónde hay un compromiso sincero para evitar la proliferación de drogas sintéticas producidas en Holanda? Esas son las preguntas que hay que plantear, en lugar de responsabilizar al Sur-Sur de todos los males.

En un campo diferente, otro oxígeno que se ha perdido por estos días es el Verde de Íngrid Betancourt. Mientras los congresistas de otros países la promueven para el premio Nobel de Paz y han logrado que sea considerada ciudadana de honor en 776 municipalidades, entre las que se cuentan París, Dublín, Bruselas, Cancún y Montreal, sus ex colegas parlamentarios no valoran las circunstancias en que se encuentra para, por lo menos, buscar una circunscripción especial que permita mantener vigente la personería jurídica de su movimiento.

Por eso es comprensible la reacción de Juan Carlos Lecompte, de lanzar estiércol al Congreso, pues además de padecer el calvario del secuestro de su esposa, tiene que pagar el impuesto de la llamada seguridad democrática; mantenerse en vilo con los "exitosos" rescates y asistir al transfugismo de sus ex compañeros de militancia, encabezados por la ministra del Medio Ambiente, quien además de olvidar su paso por los postulados de los verdes del mundo, hace muy poco por preservar el oxígeno de los colombianos.

Lo que tal vez no sabe Juan Carlos es que es más útil enterrar el estiércol que lanzárselo a los congresistas, en su mayoría acostumbrados a hacer lo mismo con el país. En sus distintas acepciones, la caca, boñiga o estiércol, según el estrato, se transforma en energía a través del gas metano, cuya combustión, ligada al oxígeno, haría posible que este país aún no se apague.

Lamentablemente, nos estamos quedando sin oxígeno. El del Partido Verde ha sido cambiado por el asfixiante oliva castrense, el de las aguas de los ríos ha sido contaminado con glifosato y, para colmo, con el estatuto antiterrorista es posible que la tentación de reaparecer el temible submarino, inmersión como mecanismo de tortura y tan de moda en el gobierno de Turbay, acabe con el poco aire de democracia que queda en Colombia.