La Jornada

En una democracia las corporaciones no pueden estar por encima de la ley. Y quienes elaboran las leyes y determinan lo que es lícito y lo que no, son sólo las instituciones que, con ese fin, tienen un papel definido por la Constitución. Sólo la ley -que obliga a todos-, y los tratados internacionales firmados por nuestro país, que adquirieron carácter de ley, pueden determinar por consiguiente cuáles son los derechos humanos fundamentales. Las opiniones religiosas, muy respetables, y cuya expresión, por supuesto, no puede ser coartada, tienen como único límite el respeto a la ley, que es general y para todos ya que, gracias a la lucha de nuestros antepasados, la Colonia quedó en el pasado y el Estado no depende de confesión alguna ni está sometido a ningún poder religioso nacional ni extranacional.

Por lo tanto, cuando el presidente de la Comisión de Pastoral Juvenil de la Curia Metropolitana, Agustín Rivera Díaz, atribuye a la Iglesia católica la fijación de cuáles son los derechos humanos fundamentales y el derecho a actuar como fuerza de presión corporativa promoviendo el boicot electoral a candidatos o partidos que no coinciden con los planteamientos del Vaticano, o cuando el cardenal Juan Sandoval Iñiguez pretende fijar qué es o no inmoral y prescinde de la legislación electoral, no ejercen el derecho legítimo a hacer propaganda por sus ideas sino que especulan con la ignorancia de un sector de los fieles católicos y lanzan a una Iglesia a actuar como Estado dentro del Estado, ejerciendo un verdadero chantaje político y moral. Cristo, en cambio, decía: "mi reino no es de este mundo", y separaba las creencias religiosas de la ley al recomendar "dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios" (acatamiento, oración, lo que se quiera, pero no poder terrenal).

El Vaticano acaba de reaccionar airadamente porque en el proyecto de Constitución de la Unión Europea ni se menciona el cristianismo. Una historia cultural de Europa, en efecto, no podría negar el papel del mismo, pero una Constitución debe por el contrario poner a las diversas variantes cristianas en pie de igualdad entre sí y con las demás religiones que, como el Islam, también caracterizan la Europa actual, así como con los ciudadanos no creyentes, miembros de un Estado laico. Si el divorcio, o el aborto (o sea, el derecho de la mujer a privilegiar su vida o a decidir sobre su propio cuerpo) son legales y son reconocidos como derechos humanos en muchos Estados civilizados, la Iglesia católica puede oponerse a esos derechos, pero no pretender que los mismos niegan "derechos humanos fundamentales" ni pasar, en el caso de México, más allá de lo que establece la Ley de Cultos o la legislación electoral mexicana, cuya vigilancia corresponde al IFE.

Por supuesto, una persona, e incluso una corporación, que es un cuerpo separado dentro del aparato estatal, tiene derecho a defender sus opiniones mientras no viole derechos ajenos y respete la ley. Pasar más allá es intentar enfrentar a diferentes sectores ciudadanos sólo por cuestiones religiosas, las cuales pertenecen al ámbito personal. Es un intento de ejercer poder por encima de la ley, contra ella y contra el Estado que la ejerce y respalda. Es una muestra de intolerancia inquisitorial por parte de una corporación que, por ahora, no puede prohibir nada, pero aspira a hacerlo algún día, como en épocas felizmente pasadas.