La fracción más conservadora de la derecha chilena, que apoyó la dictadura del general Augusto Pinochet, entregó ayer viernes al Gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos su controvertida propuesta para terminar con los juicios a militares por violaciones a los derechos humanos.
La iniciativa, preparada por la Unión Demócrata Independiente (UDI), reconoce que para lograr la paz en Chile debe haber "verdad, justicia y reparación" para los familiares de las más de 3.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejó la dictadura (1973-1990). La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos adelantó en la víspera que no aceptará ninguna propuesta ni acuerdo nacional que pueda significar la impunidad de los militares.
"No estamos disponibles para firmar un acuerdo que formalice la impunidad", dijo la presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro.
El Partido Socialista y las otras corrientes de la oficialista Concertación Democrática también se manifestaron en desacuerdo con una eventual "moneda de cambio" para liberar a los militares y compensar a las víctimas.
El texto de la UDI, entregado al ministro del Interior José Miguel Insulza, se sumó a otras propuestas planteadas en las últimas semanas para cerrar el tema de los derechos humanos, cuando se acerca el trigésimo aniversario del golpe militar que culminó con la muerte del presidente socialista Salvador Allende, el 11 de setiembre de 1973. *