Sin duda, los acontecimientos de Febrero pasado han definido un panorama muy distinto al que ha vivido Bolivia los últimos años, por primera vez desde 1985 (año de implementación del modelo Neo-liberal) parece existir una conciencia generalizada, incluidos los personeros del gobierno, que son necesarios cambios ajustes y flexibilización, en un modelo económico que fuera aplicado con la mayor ortodoxia y radicalidad, justamente en el país mas pobre del continente.
Este sentimiento y la insurgencia popular de protestas generalizadas son resultado de unas condiciones económico-sociales francamente intolerables, mas del 70% de la población boliviana vive bajo el umbral de la pobreza y un 56% en condiciones de miseria, cunde el desempleo (mas del 27%, datos CEDLA) y los pocos empleados están sometidos a condiciones de inseguridad y salarios paupérrimos; la economía se sustenta de la actividad informal, el subempleo y el contrabando. El incipiente aparato productivo se encuentra paralizado, por la falta de incentivos y por un mercado de consumo cada vez mas estrecho; solo las trasnacionales que se apoderaran de las empresas estratégicas, tras el proceso de privatización (denominado capitalización) son las que generan lucro y riqueza, que no tiene impacto social alguno en el país.
Las condiciones de salud son alarmantes, con mucho los indicadores de mortalidad materno-infantil son los mas altos de las Americas (solo superados por Haití), el acceso a la salubridad, mas allá de la propagando gubernamental, es inadecuado e insuficiente, y es que mas de la mitad de la población boliviana no tiene atención de salud alguna. La educación se ha elitizado, la consabida Reforma Educativa solo ha servido para ser aprovechada por funcionarios corruptos, la posibilidad de acceder a Educación Superior es cada vez mas difícil por los altos costos de las Universidades publicas y privadas. A esto se suma que no existe un mercado de trabajo para nuevos profesionales los que se ven obligados ha dedicarse al comercio u otras actividades.
Las reformas estructurales (Capitalización, Municipalización de servicios [Participación Popular] y Reforma Educativa) solo han generado una sombra de corrupción e ineficiencia, todo el aparato estatal se encuentra cuestionado por actividades fraudulentas, que han determinado una situación de inseguridad publica y jurídica por la absoluta falta de confianza en el sistema de justicia que responde y se instituye por intereses políticos mas que de equidad y eficiencia. Los índices de delincuencia y desestructuracion social han subido en una sociedad tradicionalmente considerada conservadora y pacifica, resultado siempre de condiciones sociales extremas.
El gobierno intenta legitimarse amparándose en el sistema de Justicia, que esta a su servicio, la eclosión social es reprimida por el Ejercito y la Policía y luego sancionada por el Poder Judicial, solo en este gobierno (siete meses de gestión) los muertos en enfrentamientos suman el medio centenar (mas de doscientos heridos) todos con balas, que intentan callar las protestas y el descontento popular.
Bolivia se debate en una situación de profunda crisis y depresión, sin embargo la toma de conciencia colectiva de la necesidad de cambios, brilla como una luz de esperanza en las tinieblas, aun cuando el costo social sea tan alto y es que como la sabiduría popular expresa: "no hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo aguante."
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