Si los trabajadores y el movimiento popular no logran fortalecerse ni avanzar en lo programático y organizativo, en Bolivia se dará una salida autoritaria, a través de un golpe militar y la eliminación selectiva de dirigentes sindicales, pronosticó el representante del antineoliberal Estado Mayor del Pueblo, Oscar Olivera.
"Bolivia vive una profunda crisis estatal. Se ha roto la base política del sistema democrático, el Estado perdió toda legitimidad y el poder está fragmentado", dijo el dirigente fabril, conductor de la denominada "guerra del agua", desatada en abril del 2000 en la ciudad de Cochabamba y que estuvo a un paso de derribar al entonces presidente Hugo Banzer.
Al evaluar el alzamiento cívico policial del 12 y 13 de febrero del 2003, junto a un centenar de delegados obreros, campesinos y sectores radicalizados de la clase media urbana, Olivera explicó que la crisis estatal que vive Bolivia no se mantendrá por mucho tiempo.
"Hay dos salidas: una autoritaria y otra pacífica y democrática. La primera, la autoritaria, está avanzando aceleradamente. La derecha está construyendo sus escenarios para salvar sus privilegios. Están trabajando para el golpe de Estado y la eliminación selectiva de los dirigentes sociales".
"La segunda salida es pacífica y democrática. El Estado Mayor del Pueblo (que aglutina, bajo la dirección del líder cocalero Evo Morales y las centrales obreras departamentales antineoliberales, a cocaleros, campesinos, obreros, estudiantes y sectores de clase media) debe luchar por una auténtica democracia. Debemos agotar todos los medios pacíficos y demostrar eso al pueblo, para que una vez que tengamos que usar la violencia, esa sea legítima".
Según Olivera, esas dos tendencias están en pugna en busca de dar una salida a la conflictiva situación generada por la convulsión social y la extrema violencia desatadas a principios de año.
LA CRISIS
En enero, la política gubernamental de erradicación de cocales, impulsada bajo la directa presión de Estados Unidos, chocó con violencia con la resistencia de campesinos e indígenas productores de la hoja. En el trópico cochabambino florecieron las balas y la muerte: 22 mil efectivos de las fuerzas combinadas de la policía y el Ejército no pudieron doblegar a los cocaleros, aunque dejaron un saldo de 13 muertos, 60 heridos y cerca de 200 detenidos ilegalmente.
Ante la imposibilidad de seguir ejerciendo la violencia estatal, el gobierno accedió al diálogo sobre el tema de la coca y otras temas fundamentales como la exportación del gas natural, la dotación de tierras, la integración al Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA), medidas económicas y presupuesto nacional. Siete mesas de diálogo tratan estos temas, aunque sin resultados positivos.
En febrero, la intención gubernamental de imponer el impuestazo (un impuesto sobre el salario de trabajadores y empleados del sector público y privado) desencadenó un alzamiento popular, que puso en jaque al gobierno. La policía, uno de los brazos armados del Estado, que casi siempre sirvió para doblegar la resistencia popular, se dio la vuelta y puso patas arriba la gobernabilidad. El presidente de la República, pese a anular el impuestazo impopular, no tuvo más opción que utilizar al Ejército para controlar, a punta de bala y metralla, a los amotinados y preservar su permanencia en el poder.
"Se ha puesto fin al monopolio que tenía la clase política para tomar decisiones. La muchedumbre, la multitud ha destruido, en las jornadas del 12 y 13 de febrero, los símbolos del poder político. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se mantiene en el cargo apoyado solo por las bayonetas del Ejército", explicó Olivera.
DEBILIDADES Y RETOS
La victoria popular sobre el impuestazo y el gobierno fue alcanzada, sin embargo, sin un claro referente político sindical. "En La Paz no hubo una organización social o popular capaz de convocar a la población. Fue una acción espontánea", dice el sindicalista al extraer las lecciones que deja el alzamiento popular de febrero.
Entre otras debilidades del movimiento antineoliberal están, según Olivera, la falta de unidad entre las organizaciones laborales y sociales. "Seguimos fragmentados, nos falta un verdadero y efectivo Estado Mayor del Pueblo y nos falta un programa que sustituya al neoliberal".
"Debemos elaborar un discurso inclusivo, que incluya a todos los sectores populares. Un discurso que sea creíble para la gente. Debemos construir un nuevo Estado, donde el pueblo y los excluidos sean los que decidan".
"La clave para avanzar es que la población recupere la confianza en sí misma y para ello debemos devolver la capacidad de debatir, analizar y decidir a las bases", agregó.