Rebelión
El próximo 27 de noviembre en la Ciudad de México culminará la Jornada Obrero, Campesina y Popular en Defensa de la Soberanía Nacional y Contra el Neoliberalismo. En esa misma tarde se realizará la movilización más grande que se haya visto en décadas. En el evento coincidirán fuerzas como los electricistas y maestros democráticos, telefonistas, trabajadores del Seguro Social, organizaciones campesinas, estudiantiles, grupos de izquierda, e inclusive organizaciones, antaño excluyentes, de corte priísta, como los metalúrgicos, la Central Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), entre otras. Esta jornada inicio el pasado día 15 de noviembre con el arranque de ocho caravanas que, desde diferentes puntos de la República, llegarán a la capital el día 25 y al día siguiente realizarán una Convención Obrera, Campesina y Popular en Defensa de la Soberanía Nacional, de la cual surgirán seguramente nuevas iniciativas para radicalizar esta resistencia. El objetivo concreto de estas acciones es frenar los intentos del gobierno derechista del presidente Vicente Fox, aliado con la cúpula del Partido Revolucionario Institucional y del minúsculo Partido Verde Ecologista, de proseguir la privatización de la industria eléctrica y petrolera; imponer el IVA a alimentos, medicinas, libros y periódicos; desmantelar las conquistas plasmadas en la Ley Federal del Trabajo y de privatizar organismos públicos de apoyo a la cultura, las artes cinematográficas, la información y al sector agropecuario. En un país tan conservador, en donde la clase trabajadora arrastra décadas de control burocrático y de ilusiones en el nacionalismo priísta --con las ya conocidas resistencias, muy combativas, pero muy localizadas-- este panorama se antoja increíble, pero en realidad existen muchos factores que lo explican.
El fracaso de las privatizaciones y de otras recetas neoliberales.
Después de más de una década de privatizar, sin la menor resistencia, empresas estratégicas (teléfonos, ferrocarriles, minas, siderúrgicas, etc.), en 1999 el gobierno priísta de Ernesto Zedillo realizó el primer intento por reformar la Constitución para permitir la privatización de la industria eléctrica mexicana, pero se encontró con escollos que a la postre resultaron insalvables. Primero fue la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) , que con su bien ganado prestigio como un gremio combativo y democrático, tuvo la capacidad de encabezar un amplio movimiento que, en vísperas de las elecciones presidenciales, paralizó el intento de los legisladores de aprobar dicha propuesta.
Otro problema fue que esta iniciativa se realizó en el momento menos oportuno. Recientemente había estallado un grave escándalo por los costosísimos rescates que el gobierno realizó en favor de los banqueros, de empresas administradoras de carreteras y de otros sectores recién privatizados, de manera totalmente arbitraria e ilegal. De esta forma se abrieron duros cuestionamientos a la efectividad de los objetivos privatizadores. Si la promesa era que, con los ingresos por la venta de esos activos, se reduciría el peso de la deuda y se obtendrían recursos para programas sociales ¿cómo era que ahora había que destinar recursos aún mayores para su rescate y, para colmo, careciendo de los ingresos provenientes de estas empresas?
Los interrogantes sobre la efectividad de la privatización, en el caso de la industria eléctrica, son ahora todavía mayores después de quedar al descubierto manejos turbios de empresas como ENRON en contra de sus usuarios, de sus trabajadores e inclusive de sus accionistas; de los graves apagones --producto de anteponer el lucro inmediato a las necesidades de mantenimiento e inversión en las redes de transmisión, distribución y en la parte de generación--, ocurridos en diversas partes del mundo; así como del indudable aumento en el precio en las tarifas que la privatización ocasiona. Para tratar de contrarrestar esta abrumadora realidad el gobierno foxista ha desatado una millonaria campaña publicitaria que, según el SME, alcanza los 2 mil 800 millones de pesos, para convencer a la población de las bondades de su propuesta privatizadora. Sin embargo, se ve cada vez más difícil que un presidente que no ha podido cumplir ninguna de sus promesas de campaña (acabar con la impunidad de políticos corruptos, crecer a una tasa del siete por ciento anual, reducir el desempleo y otras lindezas) pueda convencer a un público cada vez más escéptico y desilusionado. Prueba de ello es la pérdida de casi un 30 por ciento en la votación del PAN (el oficial Partido Acción Nacional), en las recientes elecciones federales para renovar la cámara de diputados. Los tres años de recesión económica, los masivos cierres de empresas y la crítica situación del campo, el peso de la deuda pública y de un desempleo que alcanza cifras históricas, constituyen el telón de fondo sobre el que se levanta la actual jornada de lucha en contra del neoliberalismo y por la defensa de la soberanía nacional. Una combinación realmente explosiva.
¿Cómo se organizó la protesta?
Es pertinente precisar que, aparte de la ya mencionada lucha del SME, de la resistencia zapatista y de algunas otras experiencias, la mayoría de las organizaciones sociales mexicanas se han visto paralizadas por el férreo control que ejercen los charros sindicales, por los efectos desmoralizadores de la brutal crisis económica y, en menor medida, por la política desmovilizadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y por el sectarismo y dispersión de la izquierda mexicana. Un panorama verdaderamente desalentador para iniciar cualquier lucha de resistencia.
Ha sido necesaria una extraordinaria y compleja combinación de factores, antaño impensables, para que ésta iniciativa haya tomado forma y esté prosperando. El principal de ellos es la evidente división existente en las esferas más altas del poder político y económico y su traslado al seno del PRI e inclusive del propio PAN. Ya sea por razones de estrategia electoral, porque un sector de la clase dominante empieza a ver la necesidad de realizar ajustes radicales al modelo neoliberal o por cualquier otra razón, lo cierto es que estamos observando una profunda crisis dentro del aparato de dominación. Esto explica que un personaje tan siniestro como el senador Manuel Bartlett del PRI desafíe a la dirección de su propio partido en temas como la reforma eléctrica y fiscal, o porque este personaje y Cuauhtémoc Cárdenas hagan a un lado sus diferencias y apoyen esta movilización y, esto es lo más importante, porque dentro del tullido Congreso del Trabajo (CT) se dan claros indic ios de ruptura.
El hecho de que este movimiento se vea favorecido por desavenencias palaciegas en nada le resta importancia ni legitimidad. No es la primera vez que una gran lucha de trabajadores se inicia de esta manera. Además es importante resaltar que esta iniciativa surgió al interior de una organización denominada Promotora de la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo, que aunque es un conglomerado de pequeñas fuerzas de izquierda radical, ha tenido la virtud de superar anteriores actitudes sectarias y también ha aceptado realizar una política de alianzas más amplia, de la cual, hasta ahora, sólo se encuentran fuera los compañeros zapatistas.
En este drama existen otros actores que también juegan su propio papel. Está la UNT , el SME y las organizaciones campesinas "El campo no aguanta más" y "El Barzón", cuyos intereses se verían profundamente afectados por las mencionadas reformas. Por eso es que de éstas organizaciones es de donde proviene la propuesta de preparar un Paro Cívico o de una Huelga General para intentar conjurar el peligro.
Este breve panorama ilustra tanto la complejidad de la situación como de la importancia, para la izquierda revolucionaria o anticapitalista, de actuar con inteligencia y sin vacilaciones. Posiblemente se este abriendo una oportunidad histórica. Cualquiera que sea el resultado de esta movilización lo único cierto es que después del 27 de noviembre, las cosas ya no serán iguales en este país.
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