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Latinoamérica

28 de noviembre del 2003

México
La marcha del 27: objetivos y tareas


Cuauhtémoc Cárdenas. La Jornada

Estamos viviendo un momento histórico. Tomemos conciencia, que nos quede muy claro y que cale hondo, que formamos parte de una muy amplia e impresionante movilización, que se da simultáneamente en más de 100 ciudades, nunca vista antes en nuestro país. En este Zócalo confluyen las marchas que partieron de ocho puntos distintos de la República, más los que residimos en esta ciudad y aquí nos encontramos, atendiendo la convocatoria de organizaciones sociales que tienen en su mira la defensa patriótica de la nación. Que nos cuente bien el gobierno. Que lo haga por todo el país. Que sepa cuántos somos los que nos oponemos a la entrega de áreas clave del sector energético a intereses extranjeros, contrarios a los del país y a los del pueblo mexicano, y nos oponemos asimismo a la agresión fiscal del gobierno contra los sectores populares y los productores.

Estamos hoy mostrando nuestra fuerza. Al vernos juntos, contarnos y medirnos políticamente, este gobierno y este Presidente entreguistas saben ya a quién enfrentan. En unos días más, tengo confianza, veremos sus iniciativas sobre electricidad, el impuesto al valor agregado (IVA) y recortes presupuestales derrotadas en el Congreso, pero aun habiendo logrado en esta causa un primer y muy importante triunfo político, no basta para alcanzar los cambios por los que luchamos, pues sólo estaríamos como estamos hoy: sin una propuesta oficial de reforma hacendaria equitativa, sin políticas públicas para crecer económicamente y generar empleos, con un creciente deterioro económico y social, aunque, cierto, con el avance que represente haber ahuyentado el riesgo inmediato de que esta administración entregue partes básicas de la industria eléctrica a intereses extranjeros.

Ahora bien, si las maniobras, presiones y chantajes oficiales lograran una mayoría legislativa en apoyo a sus propuestas, ¿aceptaremos pasivamente que partes estratégicas del sector eléctrico se entreguen a extranjeros, o que se imponga el IVA a alimentos y medicinas, o que desaparezcan instituciones que realizan investigación científica o fomentan la cultura? Que sepa el gobierno que estamos preparados para enfrentar los distintos escenarios que se nos puedan presentar. Que sepa que la lucha de uno, es la lucha de todos. Frente a una mala decisión del Senado o de la Cámara de Diputados, nuestra respuesta será una movilización más intensa y de mayor fuerza que la lograda hasta hoy, un nuevo llamado a la conciencia de los legisladores para que revisen la situación y, de ser necesario, la organización de la resistencia civil a esas medidas que irían contra el interés de las mayorías y de la soberanía de la nación.

¿Qué sigue después de esta exitosa concentración patriótica, para quienes hemos tomado parte directamente en ella y para quienes de muy distintas maneras y desde las más diferentes partes de la República la han alentado y apoyado?

¿Celebraremos simplemente que esta es una concentración que hace historia y regresaremos a nuestras casas, a nuestras actividades habituales para desentendernos de los riesgos que todavía amenazan a sectores estratégicos de la energía, de los daños que ya ha ocasionado en ellos el entreguismo de nuestros gobernantes y de la pretensión oficial de nuevos impuestos que agravarían la economía popular?

Libramos una nueva batalla por la soberanía y por la gente. Esta concentración da cuenta del muy amplio rechazo a medidas antipatrióticas y antipopulares, lo que estará viendo ya el gobierno.

Pero esta concentración da para mucho más. Es ya un claro ejemplo de que es posible la unidad en la diversidad política y social. Está mostrando que organizaciones e individuos con posiciones políticas diferentes tenemos capacidad para ponernos de acuerdo en la defensa y promoción de las causas superiores del pueblo y de la nación. El pasado ahí está, impreso como testimonio imborrable de historias y trayectorias colectivas e individuales. Esta jornada hace ver que desde posiciones diversas, aun encontradas, el presente y el futuro del país pueden construirse con consensos, definición de objetivos, entrega y decisión.

Deja ver, por otra parte, que cuando no se respeta la voluntad popular, expresada legal y democráticamente, las consecuencias para el pueblo son de extrema gravedad. En 2000 Vicente Fox ofreció en un debate televisado a todo el país que no propondría que se impusiera el IVA a alimentos y medicinas, que en su gobierno habría empleo y crecimiento económico, y para alcanzar, entre otros, esos objetivos, recibió la confianza ciudadana y el voto mayoritario del 2 de julio. Fallar a la voluntad popular, dejar de cumplir con los compromisos que públicamente se adquirieron, ha traído como resultado la situación de postración social, estancamiento económico y falta de conducción política que hoy sufre el país. El gobierno debe obedecer el mandato popular que surge de esta manifestación. Su sordera e inmovilidad no deben llevar al país y a la gente a situaciones de mayor dificultad.

La diversidad aquí presente tiene más tareas que cumplir en provecho de la nación. La pluralidad y la suma de voluntades presentes en esta jornada tienen que crecer, tienen que proyectarse hacia otros sectores de nuestra sociedad, pues es mucho todavía lo que queda por hacer en el rescate de la soberanía y en la recuperación productiva del país.

Los objetivos de nuestra lucha son variados e importantes. Entre ellos están:

1. Consolidar rescate, defensa y ejercicio pleno de la soberanía energética.

2. La construcción de la soberanía financiera, mediante la recuperación de la banca de fomento y el desarrollo de una nueva banca comercial mexicana, que tenga capacidad para dar respuesta a las demandas de la economía, y que transfiera a la banca actual el costo de su rescate -esto es, la deuda del Fobaproa-IPAB, que se ha dejado caer sobre las espaldas de todos los mexicanos, debe pasarse en exclusiva a la banca, para que la pague con un gravamen extraordinario que pueda imponerse a sus utilidades, hasta que salde su adeudo con el Estado- y, por otro lado, mediante una reforma hacendaria que no sólo aumente los ingresos del fisco y con ello la capacidad de inversión en el desarrollo nacional, sino que además quite cargas impositivas a los sectores de población golpeados y empobrecidos por el neoliberalismo, amplíe la base de contribuyentes, estimule el crecimiento de la economía y cree condiciones de competitividad para los productores mexicanos que concurren a los mercados internos y del exterior.

3. La recuperación de la soberanía alimentaria, que empiece por reconstruir las capacidades productivas del campo y por elevar las condiciones de vida del trabajador rural.

4. Cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, presentación de los desaparecidos políticos y esclarecimiento de los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez, como condiciones de una paz definitiva y digna, de una convivencia justa y fraterna, y de un Estado respetuoso de la vida y del derecho.

5. La realización de una reforma laboral que mantenga las conquistas sociales y políticas de los trabajadores, garantice a éstos una distribución justa de los beneficios que se obtienen con los aumentos de la productividad, así como una participación equitativa en el reparto de las utilidades de las empresas y en las decisiones sobre la organización del trabajo.

6. La defensa de las instituciones culturales, de investigación científica y formación profesional que el foxismo pretende desaparecer.

7. La revisión y auditoría a todas las privatizaciones de entidades públicas efectuadas de 1982 a la fecha.

8. La recuperación de una política exterior de dignidad y soberanía, apegada al mandato constitucional, que permita revisar los acuerdos internacionales para tornarlos equitativos y que ponga fin a claudicaciones y a la subordinación a intereses extranjeros, defienda y promueva los derechos de los mexicanos del exterior y se oriente a la integración política y económica de la comunidad latinoamericana de naciones.

La Constitución es precisa y clara: la explotación de hidrocarburos y la prestación del servicio público de electricidad son actividades reservadas en exclusiva al Estado. No cabe, por lo tanto, sustraer del Estado para entregar a intereses extranjeros la administración y los beneficios que genera el mercado de grandes consumidores de energía eléctrica, ni que la explotación de hidrocarburos se lleve a cabo mediante la ejecución de contratos de servicios múltiples, que no son más que una verdadera cesión de soberanía a consorcios privados en los que domina el interés del exterior.

Saliendo ahora del Zócalo, habrá que empezar ya a actuar para consolidar el voto mayoritario en favor de que no se reforme la Constitución ni pasen las propuestas hacendaria y de recortes presupuestales que el gobierno pretende aprueben los legisladores. Y de inmediato, de ganarse, como esperamos, el voto en el Senado, habrá que disponerse para impulsar las reformas a los regímenes fiscales a los que se tiene sometidos a la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y Petróleos Mexicanos (Pemex), para devolverles capacidad de inversión, así como promover aquellas reformas que concedan a estos organismos autonomía administrativa y financiera en su gestión, y por el otro lado, con la misma prioridad y urgencia, organizarnos para presentar las denuncias que conduzcan a que la autoridad judicial declare la nulidad de los contratos de servicios múltiples que Pemex ya otorgó para explotar gas en la cuenca de Burgos.

La unidad patriótica y popular que hoy se ha movilizado sabrá cumplir con sus responsabilidades para con la nación y el pueblo de México.