VOLVER A LA PAGINA  PRINCIPAL
Latinoamérica

1 de noviembre del 2003

Chile: Entrevista a Alberto Espinoza, abogado
"La propuesta de Derechos Humanos es decepcionante"

Arnaldo Pérez Guerra
El Siglo
El Ejecutivo aún no envía al Congreso su propuesta de Derechos Humanos anunciada a mediados de agosto. La iniciativa intenta mejorar algunos procedimientos judiciales y reparar "simbólicamente" a los familiares y víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, rebajando penas e indultando a victimarios que pudieran entregar antecedentes del paradero de los desaparecidos. Alberto Espinoza señala enérgicamente: "La propuesta de Derechos Humanos de Lagos la encuentro decepcionante, francamente creo que es un retroceso puesto que por primera vez una propuesta que surge del Poder Ejecutivo habla de impunidad total bajo esta denominación extraña de 'inmunidad penal'".

"Es una vergüenza que un Presidente que se dice 'socialista' y los partidos de la Concertación, apoyen una propuesta de esta naturaleza. La 'inmunidad penal' es contraria a los principios del derecho internacional y a las reivindicaciones sostenidas en forma perseverante por los organismos de Derechos Humanos, las víctimas y familiares. La propuesta del gobierno en orden a no pronunciarse respecto de la Ley de Amnistía es débil y claudicante frente a la ofensiva militar y de los responsables civiles de violaciones a los derechos humanos. Ricardo Lagos, como Jefe de Estado, no puede mantenerse al margen respecto de las opiniones legítimas de los ciudadanos frente a la Ley de Amnistía. No puede ser él la única persona que queda en una situación de ambigüedad e incertidumbre. No tenemos idea qué piensa el Presidente. No tiene opinión, bajo el pretexto de que no puede entrometerse en los poderes legislativo y judicial. Dice que no emite opinión, pero que 'se aplique la ley': eso es inaceptable", señala Alberto Espinoza.

"Como Jefe de Estado debe emitir un juicio respecto de la amnistía y los derechos humanos. ¿Cuál es la política de gobierno? ¿Considera o no que son crímenes contra la humanidad? Es lo primero que habría que preguntarle. Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, ¿constituyen crímenes contra la humanidad, delitos inamnistiables e imprescriptibles? ¿Sí o no? Si considera que ciertos hechos son crímenes contra la humanidad, que responda si estima que es aplicable la Ley de Amnistía, la prescripción, la cosa juzgada, o cualquier otra. Hablamos de la amnistía que aprobó el propio Pinochet. Eso quisiera que respondiera el Presidente. El es el primer mandatario y ha recibido el mandato popular, desempeñando un cargo público. Se debe a los gobernados, de modo que tiene una alta suprema responsabilidad y no puede mantener prescindencia, dejando en la incertidumbre al pueblo respecto de cuáles son los criterios que tiene el Presidente en los delitos de lesa humanidad y crímenes constitutivos de violaciones a los Derechos Humanos. Bajo ningún punto de vista invadiría funciones o atribuciones de otro poder. El Presidente se pronuncia respecto de la droga, medio ambiente, terrorismo, de modo que perfectamente puede emitir una opinión respecto de Derechos Humanos, diciendo con mucha claridad que en esta clase de crímenes no procede ni la amnistía, ni la prescripción, ni la cosa juzgada, ni ninguna forma de exoneración de responsabilidad".

No hay quórum pero sí inmunidad

-El gobierno dice que no tiene quórum para anular la amnistía...

"No pongo en duda la existencia de los quórum. Perfecto. Es otro problema si la amnistía es anulable o no, si opera el principio 'pro reo' o los tratados internacionales. El tema de fondo es que es una ley espuria. Espuria porque es una ley dictada en plena dictadura militar y que apunta a exonerar de responsabilidad -a autoexonerarse- a los propios victimarios. Los asesinos, los que torturaron, detuvieron, hicieron desaparecer, inhumaron, exhumaron, los que arrojaron al mar, son responsables y autores de la Ley de Amnistía. El Presidente no puede responder frente a la aplicación o no de la amnistía que 'los tribunales tienen que aplicar la legislación vigente'. Esa es una respuesta ambigua. No refleja el carácter ejecutivo de Presidente de la República en un sistema republicano. El debiera tener una opinión categórica respecto de que esta amnistía en particular, y en general las leyes de amnistía, no son aplicables para los crímenes contra la humanidad. Eso es lo que falta en la propuesta. Es una de las grandes debilidades, además de aquella que establece la 'inmunidad penal'".

-¿En qué consiste esa impunidad o inmunidad penal?

"Beneficiará a los que entreguen información que sea conducente a establecer el paradero de desaparecidos, y que no estén procesados ni condenados. Basta que estas personas, por el solo hecho de no estar imputadas, procesadas o condenadas, entreguen esa información y quedan libres de responsabilidad, aunque hayan cometido delitos. La sola mención de 'inmunidad penal', impropiamente utilizado el término en materia penal, es un signo de debilidad y alineamiento de parte del gobierno al lado de los violadores de los Derechos Humanos, alejándose de las reivindicaciones sostenidas históricamente por las víctimas, familiares y agrupaciones de derechos humanos".

Responsabilidad institucional

-¿Y la posibilidad de indulto?

"Se ofrece el 'indulto presidencial' para quienes estando condenados por violaciones a los derechos humanos, demuestren arrepentimiento. El Presidente de la República estaría dispuesto a indultarlos. El balance que uno puede hacer de esta propuesta es francamente negativo, y los eventuales aspectos rescatables quedan absolutamente anulados con esto que es su esencia. Una esencia que ha quedado también de manifiesto en los reportajes aparecidos en la prensa, que señalan claramente que Lagos elaboró su propuesta escuchando de manera muy directa al general Cheyre. El último 11 de septiembre, no obstante la manipulación mediática que se hace respecto de una 'nueva actitud' de las Fuerzas Armadas en materia de violaciones a los Derechos Humanos, Cheyre corrió a estar al lado de Pinochet. Esa situación refleja que el Ejército todavía no logra colocarse a la altura del proceso de democratización por el cual el pueblo quiere avanzar. Lejos de constituir pasos de avance, son un retroceso evidente en materia de Derechos Humanos. Para algunos, Cheyre ha tenido una actitud excepcional pero resulta inaceptable que -a pesar de la responsabilidad que Pinochet tiene en estos hechos-, vaya el 11 a expresarle su saludo a quien fuera dictador y el principal responsable de los crímenes...".

-La prensa ha publicado antecedentes que involucran a Cheyre en violaciones a los derechos humanos. Un ex militar relata que remató prisioneros de la Caravana de la Muerte en el regimiento de La Serena. Otro antecedentes señalan que una de sus patrullas fusiló a dos menores de edad. También se lo vincula a la detención de personas que fueron ejecutadas, y una ex presa política lo acusa de torturas. Además, se le nombra como uno de los responsables -junto al hermano del actual senador Arancibia- de exhumaciones a partir de 1978...

"No puedo atribuirle responsabilidades personales a Cheyre, pero sí puedo hablar de responsabilidades institucionales. El Ejército está comprometido en las violaciones a los derechos humanos como institución, por ende en la 'remoción de los cuerpos' y en una serie de otros acontecimientos estrechamente vinculados a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en 'democracia', en los gobiernos de Aylwin y Frei. Los militares han ejecutado actos estrechamente asociados a las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Mataron a Berríos en Uruguay, por ejemplo. Allí está involucrada la escolta de Pinochet. Una escolta de excelencia, de primer nivel en formación militar e inteligencia. Ese crimen no ocurrió en dictadura. La protección de agentes en el extranjero para eludir la acción de la justicia. Después, las exhumaciones, muchas de ellas ocurridas durante el gobierno de Aylwin, cuando Pinochet seguía siendo comandante en jefe. Mas allá de que existan o no responsabilidades, que no me atrevo a sostener del general Cheyre, hay responsabilidades institucionales. El Ejército no logra desprenderse de este lastre, de esta pesada carga que les significa abanderizarse con la dictadura de Pinochet y sus crímenes, y que los ha llevado a comprometerse con el propósito de ocultar crímenes y favorecer la impunidad. Ese es mi análisis".

Justicia Militar e impunidad

-En ese contexto, ¿cómo califica la propuesta de Lagos?

"Decepcionante, pésima, no vale nada...".

-¿Algunos aspectos positivos?

"Ninguno. Son tan de peso los aspectos negativos que dejan fuera de lugar todos aquellos que podrían ser considerados positivos. Incluso, las supuestas reparaciones económicas de las que se habla, 'austeras y simbólicas'… No sé si van a dar medallas a los torturados, ni de qué forma se va a poder cuantificar la brutalidad de la experiencia de quienes fueron presos políticos o torturados, detenidos desaparecidos y ejecutados. En una sola palabra: 'decepcionante'".

-¿Cuál es su opinión respecto de la propuesta de la UDI?

"La UDI se identifica ideológicamente con la dictadura de Pinochet. Las propuestas que vienen de la derecha no las puedo mirar con buenos ojos porque naturalmente esconden, de una u otra forma, el propósito que en esencia anima a todos quienes están comprometidos con la dictadura: la impunidad. Como quiera que le busquen acomodo a las propuestas, todas ellas conducen inevitablemente a 'dar vuelta la página', 'cerrar este capítulo', 'a reconciliarnos' etc. Cerrarlo, pero sin justicia y sin verdad".

-Se asemeja a la propuesta del gobierno...

"Evidente, por desconfío de todas las propuestas, más aun de las que provienen de quienes fueron ideólogos de la dictadura".

-En cuanto a la Justicia Militar ¿qué ocurre con la propuesta?

"¿Cuántos años llevamos de gobierno? Trece años, y durante todos estos años ha seguido vigente la Justicia Militar. A buen entendedor, pocas palabras. No sé hasta cuándo seguiremos con Justicia Militar en Chile. Eso no resiste ningún análisis serio del punto de vista jurídico, que permita reconocer su competencia con la amplitud que tiene para juzgar a civiles. Es inaceptable que siga existiendo, a pesar de la exigencia de estándares como el respeto a las garantías procesales, imparcialidad, un debido proceso. Todavía hay mucho que hacer para realmente hablar de democracia, derechos humanos y libertades".

-¿En la propuesta vienen algunas modificaciones a la Justicia Militar y la ratificación de tratados?

"Sí: vienen cosas interesantes, naturalmente, como las ratificaciones de los tratados internacionales sobre desaparición forzada, tortura y otros que estaban pendientes; además, el traspaso de causas por violaciones a los Derechos Humanos desde la Justicia Militar a la civil. Son pasos respecto de los cuales uno no podría tener una opinión contraria. Los tratados de derechos humanos deben ser ratificados y tener el valor de ley. Lo mismo respecto de la Justicia Militar, que creo no debiera existir en tiempo de paz y menos con competencia para juzgar a civiles. Incluso, los militares debieran ser juzgados por tribunales civiles, con plenas garantías para el debido proceso. No creo en una justicia 'ad hoc' para militares. Los militares debieran ser juzgados por tribunales imparciales, independientes y en el marco de un debido proceso, con todas las garantías para su derecho a defensa. Debiera existir una buena justicia para todos".

"Verdad y justicia"

-¿Qué elementos debiera contener la propuesta para recoger el sentir de los familiares de las víctimas?

"Los dos aspectos más esenciales son verdad y justicia. Son objetivos irrenunciables. Dentro de la justicia, se encuentra la reparación. La verdad es urgente y necesaria y la justicia conlleva dos elementos: la reparación por los daños morales y materiales y, por otro lado, el castigo para los responsables. Eso es justicia. Eso es lo que existe en todos los juicios. Y la verdad es un derecho irrenunciable: saber qué sucedió, quiénes y por qué actuaron, adónde llevaron a los detenidos, cómo y por qué los torturaron y asesinaron, dónde están sus cuerpos, todo".

-¿Es tan difícil eso? ¿Es posible?

"Creo que no es difícil. Y es posible, pero falta voluntad política. Para entenderlo hay que remontarse a cómo se negoció la llamada 'transición'. Fue una 'transición pactada' con los propios militares. Las cosas hay que decirlas como son: lamentablemente, aquí hubo acuerdos políticos que el pueblo desconoce. ¿Cómo es posible que se haya dado la situación de haber triunfado en un plebiscito y luego en una elección, y que el principal responsable de todos los crímenes se mantuviera como comandante en jefe del Ejército durante otros ocho años, y después pasara a ocupar un cargo en la institucionalidad 'democrática' como senador vitalicio? Eso no resiste el menor análisis político que permita sostener que en este país estamos bajo un régimen democrático pleno. Por eso, ésta es una 'democracia' ridícula, absurda e hipócrita".

24-10-03