VOLVER A LA PAGINA  PRINCIPAL
Latinoamérica

21 de enero del 2003

CEJIL y ERIC demandan ante la Comisión Interamericana de DD HH al Estado de Honduras, por la impunidad respecto de los asesinatos de tres defensores del medio ambiente

Juan Carlos Gutiérrez
CEJIL

El 14 de enero de 2002, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres peticiones individuales en las que se responsabiliza internacionalmente al Estado Hondureño por los asesinatos de Blanca Jeanette Kawas, Carlos Escaleras y Carlos Luna. Los tres, eran defensores ambientalistas y se dedicaron a luchar por la protección de los recursos naturales y los derechos de los pobladores de las distintas comunidades en las que adelantaban su trabajo..
Estos casos, a pesar de haber ocurrido en diferentes fechas y circunstancias, tienen un común denominador: la ausencia de una eficaz investigación, la escasa actividad del aparato judicial y la subsecuente impunidad para algunos de los responsables, especialmente los autores intelectuales. Además se observa en las investigaciones actos de corrupción y excesivo retardo en las mismas..
La presentación de los tres casos ante el órgano interamericano, tiene como objetivo reiterarle al Estado Hondureño sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En las tres peticiones se alegan violaciones a la Convención Americana, específicamente el derecho a la vida, la integridad personal, las garantías procesales y la falta de protección judicial y se solicita a la Comisión interamericana que ordene al Estado de Honduras, la reactivación de los procesos que conduzca a la sanción de los responsables y la reparación a sus familiares..
El primero de estos asesinatos se refiere al asesinato de Blanca Jeanette Kawas, activista y líder nacional en la defensa de los recursos naturales, el 6 de febrero de 1995,en el Departamento de la Atlántida, municipio de Tela. A pesar de existir numerosos testimonios respecto de la autoría material e intelectual, la investigación se encuentra inactiva desde el año 1996..
Por su parte, el segundo caso se refiere al asesinato de Carlos Escaleras el 18 de octubre 1997, siendo Presidente de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y candidato a la alcaldía del municipio de Tocoa, por el Partido Unificación Democrática. Su trayectoria en la lucha del movimiento popular y la defensa de los derechos ambientales originó graves discrepancias con ciertos grupos de poder político y económico en Honduras. Los hechos se encuentran en la impunidad..
El tercer caso, denuncia el asesinato de Carlos Luna López el 18 de mayo de 1998. Este, como regidor del municipio de Catacamas, Departamento de Olancho, implantó políticas de control sobre cooperativas fantasmas y realizó denuncias sobre la tala ilegal del bosque. Asimismo detectó actos de corrupción en los que se encontraban implicados algunos miembros de la Corporación Municipal. A partir de su vinculación con estas actividades empieza a recibir amenazas que concluyeron con su asesinato el 6 de febrero de 1995, hechos que se encuentran en la impunidad..
Los defensores ambientalistas en muchos países de nuestra región, son frecuentemente objeto de actos de hostigamientos, amenazas, persecuciones e inclusive asesinatos, como en los casos presentes. En este marco, la comunidad internacional de derechos humanos y ambientalistas han denunciado la grave situación que atraviesan las personas del hemisferio que defienden y promueven el derecho humano a un medio ambiente sano; así como la consecuente impunidad que caracteriza a las violaciones acontecidas en perjuicio de los defensores en las Américas..
San Pedro Sula, 14 de enero del 2003
CEJIL es una organización no gubernamental de carácter regional, sin fines de lucro, con status consultivo ante la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos. Su objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL tiene oficinas en Washington, EE.UU., San José, Costa Rica, y Río de Janeiro, Brasil, y representaciones en Argentina, Paraguay y Chile.