8 de julio del 2003

Attacmadrid / Interviú

Se están dando los últimos pasos para cerrar el proceso contra los 'aguatenientes' de Murcia. La investigación ha encontrado seis grupos económicos favorecidos por la paralización de cientos de expedientes que, como adelantó interviú, la Confederación Hidrográfica del Segura mantiene sin sancionar. El robo del agua ascendería a 600 hectómetros cúbicos en cuatro años, la misma demanda que ha previsto el trasvase del nuevo Plan Hidrológico.

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCOMA) han identificado seis grupos económicos a los que acusa de ser los principales responsables del robo del agua en Murcia, según ha sabido interviú de fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. Estos grupos, con importantes ramificaciones urbanísticas en el litoral, protagonizan cientos de expedientes por presuntos delitos en el uso del agua abiertos por funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que han quedado sin sanción alguna. Un escrito que llegó la semana pasada al Ministerio de Medio Ambiente marca el punto decisivo de este proceso, en el que se ha cuantificado las detracciones en 600 hectómetros cúbicos en los últimos cuatro años. Estos 200 hectómetros cúbicos equivalen a "la práctica totalidad de la demanda prevista en los proyectos de trasvase (del Plan Hidrológico Nacional)", según se informa en el oficio de la fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones policiales, uno de los mas favorecidos por esta presunta inacción de la CHS –organismo del Ministerio de Medio Ambiente- es Mariano Espinosa de Rueda, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, también implicado en la obtención posiblemente fraudulenta de primas de fondos europeos. Referidos a Espinosa de Rueda o sus hermanos hay 56 expedientes abiertos en la CHS, sin que conste sanción alguna.

Los grupos económicos mas favorecidos, de acuerdo al escrito de la fiscalía, son los encabezados por Mariano Roca Meroño, el del magistrado murciano y sus hermanos, el grupo empresarial Hernández Zamora, el heredamiento de Aguas de Mula -cuyas instalaciones inauguró el presidente del Gobierno, José Maria Aznar y publicitado como modélico por el gobierno de Murcia- y tres sociedades agrícolas de transformación, La Forja, Carche-Raspay y Abemar. La fiscalía ya ha elevado al Tribunal Supremo su exposición razonada encaminada a la imputación de Espinosa de Rueda por estos hechos.

Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia por el cobro frau- dulento de fondos europeos. Según se supo, varios terratenientes murcianos estaban cobrando primas por repoblar un monte quemado en el mayor incendio forestal de la historia de España, cuando realmente estaban plantando superficies de regadío. A la vez estos terratenientes -con fuertes intereses inmobiliarios-, entre los que se encontraba el magistrado Espinosa de Rueda como uno de los principales perceptores, cobraban mas dinero de la UE por modernizar regadíos. La Guardia Civil presentó mas de 60 denuncias. En las últimas semanas la UCOMA, unidad antifraude de élite de la Guardia Civil, ha elaborado un informe donde corrobora las irregularidades en propiedades del magistrado y su familia. Muchos de estos intereses y empresas ambivalentes entre la agricultura y la construcción radican en una inmensa propiedad del noroeste de la Comunidad de Murcia, llamada El Chopillo. La importancia de esta finca se ha desvelado gracias a un informe hidrogeológico de la CHS. Según los científicos y técnicos, desde los pozos situados en esta finca se obtiene agua del embalse de El Cenajo. Esta construcción, la principal infraestructura hidráulica del Segura, es la receptora de todos los caudales del río. Según fuentes de la investigación, controlar este embalse -como en la práctica se hace con tuberías, pozos y plantas extractoras ilegales con líneas eléctricas de alta tensión no sancionadas por la CHS- es tener en la mano los recursos hídricos del Segura.

Usos turísticos del agua Uno de los grupos económicos denunciados por la fiscalía de Madrid es el que controla este enclave estratégico, desde el que se dispone además de las reservas de acuíferos subterráneos del noroeste murciano. Las cabezas visibles son la familia Espinosa de Rueda y Mariano Roca Meroño. Éste último, empresario radicado en el Campo de Cartagena, encabeza un considerable grupo de sociedades que compatibiliza inversiones en agricultura industrial e intereses inmobiliarios. En los últimos meses ha entrado en un nuevo campo, el energético, con una alianza con lberdrola, en la que tuvo decisiva influencia el hermano del ministro de Defensa, Jesús TriIlo-Figueroa. Roca Meroño, empresario de orígenes modestos en la localidad de Pozo Estrecho, tiene como socio en Frocap Lo Romero -titular de casi todo El Chopillo- a Luis del Rivero, vinculado a la constructora Sacyr, entre otras, y tesorero del Real Madrid con Florentino Pérez. Fuentes conocedoras del caso indican que sólo los usos turísticos del agua extraída a hurtadillas del Segura pueden ser el factor desencadenante de esta trama, en la que la fiscalía ve indicios de colaboración por parte de los mas altos funcionarios de la CHS.

La fiscalía ha detectado enormes incongruencias en los expedientes que tramita la CHS, hasta apuntar que "da la impresión de que existen dos confederaciones: una A y una B" Los documentos aportados por una testigo clave, la jefa de los servicios jurídicos de la CHS, Vicenta Oliveros, desvelan hechos sorprendentes: hay expedientes en los que el riego de 7 hectáreas de olivos motiva una multa de 1.800 euros y la prohibición de seguir con el riego, mientras que otros casos, como el riego con aguas del trasvase de 22 hectáreas de agrios (con un consumo de agua exponencialmente superior), con reincidencia, se sancionan con solo 600 euros y sin prohibición de interrumpir los riegos. "Significativamente en los expedientes que parecen mas graves no se realiza valoración del agua captada" ; con esto, según conclusiones del escrito de la fiscalía, "la CHS bendice o legaliza situaciones de riego ilegal".

Los expedientes mas dudosos no van acompañados de sus preceptivos informes jurídicos.

Vicenta Oliveros aportó numerosa documentación que acreditaría estas irregularidades. Oliveros falleció junto a su esposo -Antonio Bernabé, jefe de prensa de la CHS- y su hijo pequeño en un accidente de tráfico cuando acudía a la fiscalía de Madrid para ampliar su declaración. La Guardia Civil investiga mas profundamente el accidente y ha enviado el vehículo siniestrado a la casa Mercedes, a fin de aclarar las causas de holguras en la dirección y la ausencia de huellas de frenado en el lugar de los hechos.

Del estudio de la documentación de Oliveros, la investigación descubre un modus operandi peculiar en un organismo público como la CHS: "La mayoría de los funcionarios se dedicaría a los asuntos de tono menor y luego existiría un personal específico dedicado a tramitar los expedientes de mayor enjundia, personal de absoluta confianza de los órganos directivos de la CHS" .

A respuesta de los requerimientos de la fiscalía, la CHS envía una sentencia de 1997 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia cuanto menos curiosa. En ella se exime de sanción un expediente por uso irregular del agua aduciendo la caducidad del proceso.

El ponente era el magistrado Espinosa de Rueda. Sus compañeros de sala fueron Abel Sáez y Joaquín Moreno Grau. Los dos se ocuparon luego de la parte de la investigación que se sigue en Murcia tras ser recusado Espinosa por ser parte en el proceso.

Olvido en Agricultura El Ministerio de Agricultura -ú1timo responsable del reparto de fondos europeos- envió al juzgado una relación de beneficiarios de los fondos europeos en la que no aparecía Espinosa de Rueda. Varios altos funcionarios de Agricultura aseguraban que Espinosa de Rueda no era perceptor. Todo quedó en un extraño e inexplicado olvido de Agricultura. El secretario general de Agricultura, Jaime Haddad, finalmente encontró los expedientes:

147 órdenes de pago correspondientes a 100 expedientes entre los años 1994 y 2001. Mariano Espinosa de Rueda y su familia cobraron en tomo a 300 millones de pesetas según los escasos expedientes remitidos. Tras su despiste de cerca de un año, Agricultura advierte que puede haber también fondos por Desarrollo Rural. La esposa de Espinosa de Rueda es la jefa del gabinete jurídico de la Presidencia de Murcia. El magistrado explicó a interviú que en todo esto el solo era "un administrado mas".

Juan Cánovas es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, donde la fiscalía ha encontrado cientos de expedientes sin resolver que afectan sobre todo a seis grupos económicos. Uno de ellos lo encabeza Mariano Roca Meroño. El fiscal afirma que hay doble rasero a la hora de enjuiciar las irregularidades con el agua.

Interviú fotografió a los magistrados Moreno Grau y Sáez entrando en el domicilio de Espinosa de Rueda después de que tuvieran que hacerse cargo de la causa murciana sobre el agua.

Luego denegaron casi todas las pruebas que pedía la acusación. A la derecha, imagen de regadíos irregulares en 'El Chopillo'.