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La vieja Europa

17 de diciembre del 2003

Denuncian al Estado español por favorecer a la iglesia católica

Malena Zignori
Attac madrid

La Comisión Europea ignora las violaciones del estado español al derecho comunitario para favorecer a la iglesia católica

Maurizio Turco, Presidente de los diputados radicales en el Parlamento europeo electos por la "Lista Emma Bonino", ha presentado dos interrogaciones parlamentarias a la Comisión europea pidiéndole de actuar frente a la violación del Estado español del estado de derecho, de la democracia y de la libertad religiosa por favorecer a la Iglesia católica.

Los hechos que Maurizio Turco ha señalado son:

- el "Acuerdo de Asuntos económicos", según el cual la Iglesia católica goza de beneficios y exenciones fiscales que ninguna otra confesión religiosa goza en España, produciéndose así una discriminación por razón de religión con las otras confesiones religiosas inscritas en España;

- el "Acuerdo de Asuntos sobre Enseñanza y Asuntos Culturales", según el cual a través de leyes como la Ley Orgánica de Calidad en la Educación, vulnera el artículo 16.2 de la Constitución Español y el artículo 3.2 del RD 2438/1994 según ha constatado la sentencia Nš 153/2003 del TSJC, además de generar la violación del derecho fundamental protegido en el artículo 14.3 de la Carta de los derechos fundamentales de la UE y el artículo 27.3 de la Constitución Español.

Además Maurizio Turco evidencia algunos aspectos del caso Gescartera ligados a los privilegios de los que goza la Iglesia Católica.

Turco indica que de los quince primeros clientes de Gescartera por volumen de ganancias, seis son entidades religiosas. Lo Arzobispado de Valladolid, uno de los clientes que más dinero ha confiado a Gescartera y por ello, uno de los principales beneficiarios de plusvalías artificiales, es una de las entidades que accede a las exenciones previstas por la Ley 49/2002 "de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo" que deja exento el Rendimiento del capital inmobiliario de estas entidades.

De hecho las cuentas del arzobispado resultan oscuras y contradictorias, así, el arzobispado se negó a colaborar cuando la juez instructora le solicitó la contabilidad entre 1996 y 1999, cuando llegó a acumular una inversión en Gescartera de 6.641.184 euros, (que recuperó tras saber que la CNMV -Comisión Nacional del Mercado de Valores- estaba investigando a Gescartera), así como la del ejercicio 2001, cuando invirtió 150.253 euros; la Conferencia Episcopal Española apoyó esta no-colaboración alegando que los documentos eclesiásticos son inviolables en base al "Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos" que reconoce y tutela el derecho de la Iglesia española a la custodia en exclusiva de sus archivos y reconoce que "son inviolables".

Por todo ello, Maurizio Turco ha pedido a la Comisión europea si considera que un acuerdo internacional bilateral entre un estado miembro y un país tercero, que viola las normas comunitarias y el derecho internacional, pueda ser sometido a la consideración, a la evaluación y si es el caso, a la denuncia de parte de las instituciones comunitarias.

Declaración de Maurizio Turco: "Estas leyes son la enésima genuflexión de parte del Estado con respecto a la Iglesia. Y la peste Vaticana avanza. Como termitas capaces de vaciar arboles seculares dejando intacta la corteza, así los mercenarios vaticanos vacían las instituciones dejando intacta la apariencia laica y democrática. Es necesario reaccionar contra esta situación y no resignarse a padecer la contrareforma, política y religiosa, en curso."