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Argentina: La lucha continúa

LOS COMPLICES DE MENEM EN EL PERU

Diario La República

Documentos secretos confirman que Fujimori protegió al ex presidente argentino al ocultar información sobre contrabando Todos los jefes de inteligencia sabían del tráfico de armas de Menem al Ecuador

Por ANGEL PÁEZ

Unidad de Investigación Dos de los tres ex jefes de inteligencia que compartieron con el ex presidente Alberto Fujimori y su ex asesor Vladimiro Montesinos Torres la información sobre la existencia del contrabando de armas de Argentina a Ecuador, una semana antes de que se produjera el primer vuelo el 17 de febrero de 1995, y que, a pesar de la gravedad del caso, prefirieron el silencio cómplice, fueron premiados asignándoles el más alto puesto de sus respectivas instituciones después del conflicto con Ecuador.
....Las designaciones correspondieron al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Naval (DIN), vicealmirante Américo Ibárcena Amico, así como al ex jefe de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (DIFAP), teniente general Elesván Bello Vásquez, el primero comandante general de la Marina y el segundo de la FAP.
Para que Ibárcena y Bello asumieran funciones de comandantes generales, Fujimori abolió la norma que impedía a los oficiales de inteligencia dirigir los institutos castrenses, y le permitió a Montesinos ubicar a dos de sus más estrechos colaboradores en la jefatura de la Marina y la FAP.
El jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), general Juan Yanqui Cervantes, quien también fue informado del contrabando de armas con anticipación fue ascendido a general de división y ocupó importantes posiciones en la cúpula del Ejército, como jefe de la Sexta Región Militar, del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército (DINTE) y finalmente se encargó de la jefatura del Estado Mayor del Ejército, y aspiraba a convertirse en comandante general del Ejército en enero del 2001.
Ibárcena, Bello y Yanqui sufren prisión en el penal San Jorge por su implicancia en diversos hechos delictivos perpetrados por la organización criminal que encabezaba Vladimiro Montesinos.
Ex jefe de la DINTE general EP (r) Juan Yanqui Cervantes.
El contralmirante Humberto Rozas Bonuccelli, después de cumplir funciones como agregado naval en Quito, fue designado subjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante la gestión del general EP Julio Salazar Monroe.
Luego, en agosto de 1998, asumió la jefatura del SIN, pero, tal como declaró ante la jueza Celinda Segura Salas, sólo cumplió un papel secundario porque Montesinos tenía su propio grupo de trabajo y sus fondos de dinero, y "sólo daba cuenta de sus acciones al presidente Fujimori".
Todos los oficiales mencionados formaban parte de la "comunidad de inteligencia", a la que tanto aludía Vladimiro Montesinos, y compartían la información más sensible referida al Frente Externo, y durante el conflicto con Ecuador estaban al tanto del desarrollo de la crisis.
Uno de los documentos fundamentales que prueba que la "comunidad de inteligencia" que controlaba Montesinos estaba perfectamente informada sobre el contrabando de armas de Argentina a Ecuador es el reporte emitido por el SIN a la Dirección de Inteligencia de la FAP (DIFAP) y a la División de Fuerzas Especiales del Ejército (DIFE) el 12 de febrero de 1995.
Papeles reveladores El documento, publicado por La República el 13 de setiembre de 1998, y que no fuera tomado en cuenta por el Congreso ni por el Ministerio Público para proceder en el acto a abrir una investigación, indica que el 11 de febrero de 1995 "por información del agregado naval del Perú en Ecuador, se tuvo conocimiento que un avión (se desconoce si es carguero o aerolínea internacional), se encontraría cargando en forma camuflada, armamento, en el aeropuerto de Exeiza-Buenos Aires, para luego ser transportado hacia el Ecuador. Dicho armamento consistiría en fusiles y otros pertrechos militares". El agregado naval era el contralmirante Humberto Rozas Bonuccelli.
El informe de inteligencia agrega también que "se coordinó con el agregado aéreo de Argentina en el Perú, quien manifestó que autoridades de su país realizaron las investigaciones del caso, informando que estos hechos no se ajustan a la realidad".
Por esos días, el diario Clarín de Argentina publicaría otro documento que confirmó la versión del reporte de inteligencia peruano, cuya copia tuvieron la DIFAP y la DIFE. Se trata del cablegrama que el embajador argentino de entonces, Arturo Ossorio Arana, remitió a la Cancillería de su país después de que la DINTE y la DIFA comunicaran al agregado militar y aéreo de la Embajada de Argentina en Lima las existencia de preparativos para la consumación de un contrabando de armas de Buenos Aires a Ecuador.
El cable del embajador Ossorio indica que el 12 de febrero ñ al día siguiente de que el contralmirante Humberto Rozas comunicó desde Quito el embarque de fusiles FAL, confirmando la autenticidad del reporte de inteligencia peruanoó, el agregado militar y el agregado aéreo recibieron la información sobre el despacho de equipos de combate.
"Hoy 12FEB95, por la mañana, el jefe de Inteligencia del Ejército Peruano (J-2) llamó a nuestro agregado militar, coronel (Rodolfo) Aguilar, para manifestarle que tenían información acerca de un avión que estaría cargando ño habría cargadoñarmamentos con destino a Ecuador", indica Ossorio en el cablegrama, y añadió: "Esta misma mañana, nuestro agregado aéreo, Comodoro Martínez Villada, recibió del oficial de enlace de la Fuerza Aérea Peruana, la misma información e igual requerimiento.
Le agregaron que se trataba de un Boeing y que la carga consistía en fusiles FAL".
Ex jefe de la DIFAP teniente general FAP (r) Elesván Bello Vásquez.
En consecuencia, queda perfectamente establecido que la "comunidad de inteligencia" de Fujimori y Montesinos supieron al menos desde el 11 de febrero ñsi no antesó, a seis días del primer vuelo del 17 de febrero de 1995, que había una aeronave en Buenos Aires lista para llevar armas a Ecuador. En un acto repudiable, todos se quedaron callados y los traficantes realizaron tres envíos de 5 mil fusiles FAL y 75 toneladas de munición. Hubo un cuarto viaje que fue de pantalla para despistar. Y los delincuentes tenían listos más embarques, pero el dos de marzo La República, y luego el seis de marzo, Clarín de Buenos Aires dejaron al descubierto la operación ilegal.
Testigos de primera El país merece un explicación porque el ex mandatario Fujimori y su "comunidad de inteligencia", ni bien tuvieron los indicios de los preparativos del contrabando, no denunciaron públicamente el caso para frustrar el suministro ilegal de fusiles. El silencio costó la vida a decenas de oficiales y soldados peruanos en el Alto Cenepa.
Incluso después de que se inició el primer vuelo de armas a Ecuador, Fujimori y la "comunidad de inteligencia" volvieron a recibir información más certera sobre la operación clandestina, pero tampoco hicieron nada. Si la prensa no revelaba el contrabando, se habrían efectuado otros 10 vuelos de armamento que habría implicado la exportación ilegal a los militares ecuatorianos de 560 toneladas de equipos de combate, según el ex piloto de "Fine Airlines", el comandante FAP (r) Emilio Carrillo Portocarrero.
Carrillo fue uno de los ex miembros de la FAP que laboraba en la compañía aérea estadounidense de transporte "Fine Airles", que se encargó de trasegar los fusiles FAL a Guayaquil en pleno conflicto del Alto Cenepa. Durante el proceso judicial contra los propietarios de la empresa, y la tripulación de la máquina DC-8 que participó en el operativo, el ex piloto de la FAP confirmó que personalmente alertó sobre el contrabando de armas a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) antes de la consumación del primer vuelo.
El ex piloto declaró a La República que entre el 10 y 11 de febrero de 1995 se percató de que en un pizarrón del Departamento de Operaciones de "Fine Airlines" observó que estaba prevista la realización de 14 vuelos de Buenos Aires a Guayaquil a partir del 16 de febrero. En efecto, ese día partió de Miami un DC-8 de matrícula N57FB y llegó a la capital argentina a las 5 y 30 de la mañana del 17 de febrero para recibir las armas que transportaría ese mismo día.
Ex jefe de la DIN vicealmirante AP Américo Ibárcena Amico.
La República tuvo acceso al expediente judicial abierto en contra de los propietarios de "Fine Airlines", Frank y Barry Fine, así como a los miembros de la tripulación que llevaron las armas a los ecuatorianos. La declaración de los testigos confirma con absoluta certeza que la FAP fue informada del envió de fusiles antes y durante la consumación del mismo.
En su informe del diez de octubre de 1997, el magistrado Marco Lizárraga Rebaza, que ventiló proceso contra los propietarios y tripulantes del avión DC-8, recoge la versión de algunos de los peruanos que informaron a la DIFAP de la operación ilegal. Uno de ellos es Luis Michaels Soderstrom, piloto de "Fine Airlines". Según el informe del juez Lizárraga Michaels, en Miami que a él le propusieron pilotar la aeronave de Buenos Aires a Guayaquil, pero se negó a hacerlo. Michaels dijo que "en primer término fue asignado por Fine Air para realizar quince vuelos de Buenos Aires a Guayaquil, de los cuales sólo se hicieron tres, operación a la que se negó, por cuanto tenía conocimiento de que la carga a trasladar a Ecuador era armamento de guerra y el Perú se encontraba en conflicto con dicho país".
Todo era una conspiración El piloto informó del hecho después a dos compañeros suyos, peruanos, el comandante FAP (r)Vicente Rodríguez y el mayor FAP (r) Juan Woll Gonzáles. Woll a su vez reportaría el caso a otro compañero, el comandante FAP (r) Emilio Carrillo Portocarrero. Woll y Portocarrero investigarían el asunto dentro de "Fine Airlines" y confirmarían que estaban programados los vuelos con armas. Es por información de éstos ex oficiales que la DIFAP se entera de la operación clandestina y difunde la información en la "comunidad de inteligencia" e inmediatamente es transmitida al agregado militar y aéreo de Argentina en Lima.
El 16 y 18 de febrero, Woll y Carrillo volvieron a recibir información que confirmaba la existencia del contrabando. Es decir, un día antes y después del primer vuelo.
Es más, Carrillo supo que un ex oficial de la FAP que también laboraba en "Fine Airlines", Eduardo Encalada Padilla, participó en el primero vuelo del 17 de febrero, pero que fue devuelto a Miami cuando los argentinos descubrieron que era un ex militar peruano. Encalada ratificó que la carga remitida a Guayaquil era armamento. Según el informe del juez Lizárraga, Carrillo declaró que Encalada le relató que "la carga estaba rotulada como ëFabricaciones Militares Argentinasí y que en la documentación preparada previamente se consignaba el término ëmaterial bélico secretoí (Ö), información que se puso en conocimiento de Inteligencia de la Fuerza Aérea".
Según el testimonio del ex gerente general de "Export Air del Perú", compañía que trabajaba con aviones de "Fine Airlines" en Lima, el comandante FAP (r) Jaime Prieto Arrieta también informó a la FAP del contrabando de armas dos días después de que se produjo el tercer envío, el 22 de febrero. Según el informe del magistrado Lizárraga, Arrieta "precisó que tomó conocimiento del tráfico de armas el 24-02-95, fecha en la que dio parte a la Fuerza Aérea del Perú y a la Dirección General de Transporte Aéreo".
Posteriormente, el 18 de febrero de 1999, con nuevos elementos y detalles, la fiscal superior penal de Lima Ada Reátegui Morales formuló denuncia contra los dueños y de "Fine Airlines" y la tripulación del DC-8, señalando que los testigos reportaron el tráfico de fusiles FAL días antes que se produjera.
"Emilio Jesús Carrillo Portocarrero y Juan Aurelio Woll Gonzáles (Ö) señalan que al desempeñarse como pilotos de la empresa Export Air y al encontrarse en la ciudad de Miami recibieron información del traslado del material bélico, constituyéndose a las oficinas de operaciones de la empresa Fine Air, donde confirmaron dicha información y comprobaron quiénes eran los tripulantes", señala el informe de la fiscal Ada Reátegui, ratificando que las autoridades peruanas supieron con anticipación del contrabando.
Ningún miembro del pasado régimen, ni de la "comunidad de inteligencia", fueron procesados por haber ocultado el tráfico de armas que perjudicó la Seguridad Nacional. Ahora es la oportunidad